Como presidenta y también como una de las víctimas de la cárcel y la tortura durante la dictadura (1964-1985), Rousseff impuso en su cargo a los siete miembros de la Comisión, que tendrá un plazo de dos años para investigar los asesinatos, desapariciones forzosas de personas, detenciones ilegales y torturas, entre otros abusos.

Si bien el grupo tiene mandato para investigar delitos perpetrados por agentes del Estado desde 1946 a 1988, cuando entró en vigor la nueva Constitución, el foco estará puesto en las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura, en particular el destino de los detenidos desaparecidos, que son 150 según datos oficiales.

“Brasil merece la verdad; las nuevas generaciones merecen la verdad, y sobre todo merecen la verdad de los hechos los que perdieron parientes y que hoy con ellos continúan muriendo cada día”, dijo Rousseff, quebrada por el llanto: “Es como si dijéramos que existen hijos sin padres, padres sin tumbas, tumbas sin cuerpos. La historia no existe si no tiene voz”, agregó.

Rousseff invitó a la ceremonia de constituión de la Comisión a sus predecesores en el cargo en lo que llamó “28 benditos años de régimen democrático”: Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Fernando Collor (1990-1992) y José Sarney (1985-1990).

El otro exmandatario de ese periodo falleció en 2011. Se trata de Itamar Franco (1992-1995), quien completó el mandato de Collor tras su renuncia cuando el parlamento se aprestaba a iniciarle juicio político por corrupción.

Con esa participación plural, la presidenta brasileña quiso expresar que la Comisión no es un acto de un gobierno sino del mismo Estado. “Verdad en la tradición griega quiere decir exactamente lo contrario de la palabra olvido… no abriga resentimiento ni perdón; es memoria e historia”, puntualizó.

La comisión molesta

La Comisión de la Verdad, cuya creación fue votada hace seis meses por el Congreso legislativo, es una añeja demanda de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas del régimen dictatorial.

Pero la presión de sectores de las Fuerzas Armadas consiguió no solo postergar su conformación sino quitarle poderes. Tampoco se ha podido juzgar a ningún responsable de estos crímenes contra la humanidad debido a la Ley de Amnistía aprobada por la dictadura en 1979 y confirmada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal.

Aunque con limitación en sus potestades, solo el análisis de su creación causó sucesivas crisis entre los gobiernos elegidos democráticamente y las Fuerzas Armadas, especialmente desde la llegada al gobierno del izquierdista PT, de la mano de Lula.

En una alusión a esas voces contrarias, Rousseff argumentó que la “ignorancia sobre la historia no pacifica sino que, por el contrario, mantiene latentes las heridas” y que “la desinformación no ayuda a pacificar sino que incentiva la intolerancia”.

“No nos mueve el revanchismo, el odio o el deseo de reescribir la historia, sino una necesidad imperiosa de conocer la verdad sin camuflaje, sin vetos”, dijo la mandataria. Destacó que los miembros de la Comisión se escogieron, “no por criterios personales ni evaluaciones subjetivas”, sino por su sabiduría y el compromiso con la democracia y la justicia”.

La Comisión, que según Rousseff trabajará “con libertad total y sin interferencias del gobierno pero con todo el apoyo que necesite”, está conformada por José Carlos Dias, exministro de Justicia, Gilson Diap, ministro del Superior Tribunal de Justicia, Cláudio Fonteles, exprocurador general, el diplomático Paulo Sérgio Pinheiro, la psicoanalista Maria Rita Kehl, la abogada Rosa Maria Cardoso y el jurista José Cavalcante Filho.

A pesar de tener un mandato específico de investigación, el jurista Dalmo Dallari, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, interpreta que el trabajo del flamante cuerpo puede tener un alcance jurídico.

“Como la mayoría de sus miembros tienen formación jurídica, buscarán hacer un encuadramiento jurídico de responsabilidades”, dijo a IPS el también profesor emérito de la Universidad de São Paulo.

Esto permitiría hacer intervenir al Ministerio Público y al Poder Judicial. Por ejemplo en casos de tortura o desaparición de personas, por tratarse de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto sin prescripción. “Creo que existe la posibilidad de penalización”, indicó.

Pero otros son escépticos respecto de ese y otros puntos. La vicepresidenta del Grupo Tortura Nunca Más, Cecilia Coimbra, señaló a IPS que la Comisión es una “puesta en escena” y, aunque espera que pueda avanzar más allá de lo previsto por la ley, teme que sus integrantes queden “enyesados” por ella.

Coimbra consideró que el hecho de que sus miembros sean escogidos por el gobierno implica una “falta de independencia peligrosa”.

También cuestionó el secreto a la que está obligada la Comisión y reclamó la apertura de los archivos de la época que siguen en manos de represores y sus herederos de modo ilegal.

Los conocidos crímenes ocultos

Entre los asuntos más sensibles que tendrá a su cargo la Comisión está el destino de los cuerpos de los desaparecidos.

El excomisario de la dictadura Cláudio Guerra narra en su libro “Memorias de una guerra sucia”, publicado en mayo, que un ingenio de caña de azúcar del estado de Río de Janeiro fue usado para incinerar cuerpos de detenidos asesinados.

“El derecho a la verdad es tan importante como el derecho de las familias a sepultar a sus seres queridos”, señaló Rousseff al respecto.

Otro debate es sobre si la investigación debe limitarse a los crímenes cometidos por agentes del Estado, como defiende la mayoría de los integrantes de la Comisión y el expresidente Cardoso. Algunos militares consideran que también deben incluirse los abusos de los militantes de izquierda y hubo quien dijo que hasta la propia Rousseff debería ser contemplada en esa pesquisa.

“Es fundamental que se afirme que los abusos cometidos por los ciudadanos que lucharon contra la dictadura militar no justifican los actos de violencia perpetrados por los agentes del Estado”, sostuvo Dias.

Para Coimbra, quien sufrió cárcel y abusos entre agosto y noviembre de 1970, “no hay ni que discutir” sobre quiénes deben ser investigados.

“Nosotros ya fuimos juzgados, secuestrados, detenidos ilegalmente, torturados. Todos de alguna forma ya fuimos investigados”, enfatizó al recordar que su prisión preventiva fue decretada después de ser detenida ilegalmente y de ser torturada durante un mes.

A su vez, Dallari propone que sean también investigados los grandes empresarios que, por ejemplo, apoyaron la represión y aportaron “fondos inclusive para comprar materiales de tortura”. “Aunque no ocuparon cargos públicos, deben ser identificados y responsabilizados”, sostuvo.

Brasil solo se atrevió a hablar de su pasado tres décadas después del fin de la dictadura, a diferencia de sus vecinos latinoamericanos que inclusive enjuiciaron y condenaron a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, como Argentina y Uruguay.

Pero para Dias, la instalación de la Comisión representa, aun así,”un paso relevante para la consolidación de la democracia”.

Un paso para finalmente “dar vuelta la página dolorosa de nuestra historia”, apuntó.

Luego de una exhaustiva revisión de los antecedentes recepcionados, se preseleccionó una terna de concursantes para la fase final de entrevistas.

Una vez realizadas las entrevistas, la Comisión Evaluadora eligió para el cargo a la Srta María Elena Iduarte Cofré, Historiadora; Máster en Archivística © en la Universidad Complutense de Madrid; Diplomada en Museología en la Universidad de Chile.

La Comisión Evaluadora

Los papeles firmados por el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros detallan secuestros con nombre y apellido y la coordinación entre los tres países. El comisario pedía una recompensa para 44 hombres de su tropa por el trabajo realizado.

Por Alejandra Dandan
Página12

Si no se hubiese destruido la mayor parte de los archivos de la dictadura, probablemente aparecerían más documentos como estos. Es un informe “secreto” firmado por el entonces jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, en el que sin ahorrar elogios pide una “recompensa” para 44 hombres de su tropa por haber “neutralizado” satisfactoriamente las acciones de “organizaciones delictivas del tipo subversivo nacionales e internacionales” que estaban en el país. Página/12 accedió al documento presentado por un grupo de sobrevivientes uruguayos en el juzgado de Norberto Oyarbide. En él se observan por primera vez comunicaciones en tiempo real entre las fuerzas represivas argentinas, chilenas y uruguayas como si estuviesen del otro lado de una línea. Quedaron plasmadas las caídas de dirigentes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y de 76 uruguayos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. El documento arroja, a la vez –para la querella–, una nueva prueba sobre la fecha en la que empieza a funcionar el Plan Cóndor. Uno de los párrafos indica que Argentina y Chile trabajaban juntos desde noviembre de 1974, es decir en el momento en que Isabel Martínez de Perón decreta el estado de sitio.

El 15 de septiembre de 1976, el comisario Obregón, de Asuntos Extranjeros, describió el trabajo de varios meses en un informe dirigido a la Dirección General de Operaciones e Informaciones: “El trabajo de inteligencia y operacional del personal de este departamento –escribió– ha permitido neutralizar en forma altamente satisfactoria la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”, dice. “Ello es fruto del trabajo constante en el que la dedicación plena de los hombres requirió de un esfuerzo que va más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que ha debido enfrentarse el personal policial.” Los procedimientos, de los que desiste detallar, “hecho por hecho y caso por caso” porque “no sólo sería extenso” sino que “obviamente” iría en contra “de lo que en un primer momento se trató de evitar: dar trascendencia a la actuación individual” de la tropa, permitieron “ir anulando la actividad de dichas organizaciones, secuestrándose en muchos casos armas, municiones, en otro caso quedaron al descubierto fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo”.

El documento

Bajo el subtítulo “Partido Radical Revolucionario chileno”, el comisario Obregón señala entre los logros que consiguió con la “detención” de Javier Huenchllan Sagrista, un chileno secuestrado en Argentina, a quien presentan como “responsable del partido”, también “de la Coordinadora Chilena (ex Resistencia)” y del “Movimiento de Solidaridad con las organizaciones subversivas trasandinas con asiento en diversos países europeos y americanos con sede actual en Cuba”. Su “detención”, dicen, “logra desbaratar a la cúpula de la nueva estructura formada a posteriori”. Informan que “detuvieron a 10 (diez)” personas y explican que así se dejó “desmembrado el Movimiento, (la) ayuda económica, prensa y propaganda y comunicaciones entre integrantes subversivos en el exilio”.

El dato es que siguieron avanzando a partir de lo que declaran fueron los “interrogatorios”: después de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos los “detenidos” entendieron que la Coordinadora iba a abrir un “centro de documentación” en Argentina para “invadir la plaza bibliográfica del país con literatura marxista”. Un tema que, dicen, anularon “eficazmente” porque detuvieron a los cinco encargados.

El documento es rico en el nivel de prueba porque abundan descripciones como éstas con esa y otras organizaciones, uno de los valores más importantes para las querellas es aquello que revela sobre el Cóndor. El correr de las páginas permite ver al menos en dos casos la velocidad con la que circulaba la comunicación de uno a otro país y cómo se coordinaron las acciones.

Un ejemplo es la intervención en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). En un párrafo, el comisario Obregón explica que se procedió a la “detención” del “periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa (a) Mateo Fernández”, a quien ubica como “actualmente responsable del MIR en Venezuela”. Detrás de la “caída”, “se logra detectar la primera célula del MIR en Argentina”. A raíz de lo cual “y continuando con investigaciones, se logra detectar la forma de comunicación entre responsables del MIR exterior e interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno. De común acuerdo con las autoridades chilenas e intercambiando opiniones –dice– se establece no entorpecer sucesivas relaciones, a fin de reunir mayor información y llegar a detectar a los integrantes de la cúpula de dicha organización subversiva”. Allí es cuando agregan los datos que hablan del tiempo de trabajo con los chilenos: “Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países, dando como resultado en Argentina la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.

Eso quiere decir que si en abril de 1976 llevaban “un año y medio de investigación”, el comienzo se remonta a noviembre de 1974.

Páginas más adelante, el informe habla de los uruguayos y ahí cuentan cómo coordinaron acciones de secuestro, al mismo tiempo, entre los dos países. Para entonces estaban cayendo en el país otros uruguayos del Frente para la Victoria del Pueblo, muchos de los cuales fueron secuestrados en Orletti. En este documento se habla de otro grupo.

Debajo del subtítulo de “Los 33 Orientales”, Obregón hizo lo mismo que con el resto de las organizaciones espiadas: puso todo lo que sabía sobre los supuestos orígenes políticos del partido, desmembramientos, los ubicó como “brazo armado” en cuyos orígenes ubicó a la Federación Anarquista uruguaya y al Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil. Escribió que cobraron “notoriedad” porque “sustrajeron la bandera de los 33 Orientales, reliquia histórica del pueblo oriental, depositado en el Museo Nacional y que representa lo que la bandera de los Andes para nuestro país”.

Lo importante es el fragmento que señala cómo, a partir de junio de 1976, coordinaron el trabajo con los uruguayos para detenerlos: “En junio del corriente año, luego de pacientes investigaciones se logra la detención de dos integrantes de la conducción central y el desbaratamiento total de los sectores Obrero y Popular y Agitación y Propaganda a la vez que parte del Frente Interno y Político”, dice el informe. “A raíz de este golpe cae en Uruguay toda la organización que se mantenía en ese país, lográndose la detención de 76 integrantes del mencionado movimiento de los cuales 34 fueron detenidos por personal de la DAE”, es decir el Departamento de Asuntos Extranjeros de Buenos Aires.

La burocracia

El informe apareció a raíz de dos condenas del juicio de Automotores Orletti. Dos de los condenados eran parte de los 44 policías que integran la lista de Asuntos Extranjeros: los inspectores Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. En sus legajos había una felicitación que remitía a su vez a un expediente secreto. El juez Daniel Rafecas pidió el expediente secreto y encontró este nuevo documento que ahora está en manos de Oyarbide y del fiscal Luis Osorio. Para los querellantes uruguayos del Cóndor tiene un enorme valor. Juan Castillo, en este momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Sergio López Burgos y Lille Haydée Carusso Larrainci venían denunciando a militares, policías y diplomáticos uruguayos que actuaron en Argentina, pero ahora pidieron indagatorias para los argentinos. Según sus datos, excepto dos de Orletti y una persona fallecida, el resto de los 44 “están vivitos y coleando” y acaban de ser denunciados por primera vez.

“La burocracia dejó en algunos legajos huellas de la participación de los miembros de las fuerzas en distintos operativos, pero son datos indirectos: en general se entiende que intervinieron porque en los legajos aparece un pedido de licencia por tal acción, un traslado o piden un reconocimiento por el deber cumplido”, explica Elizabeth Gómez Alcorta con Mariana Neves, representante legal de la querella. “Lo que sin embargo no hay son documentos como el que acabamos de presentar, porque la burocracia hizo desaparecer toda esa información.”

Sus restos serán velados en su domicilio, ubicado en El Libano 3160 (con Madreselva) comuna de Macul, a partir de las 14:00 de hoy. después del medio día.

Sus funerales se realizarán mañana sábado, el cortejo partirá desde el domicilio a las 13.30 horas, y se espera llegar a las 16.00 horas al Cementerio General

Como un maestro del cine documental filma lento, tomándose todo el tiempo del mundo para captar con minuciosidad los detalles de la maqueta y más tarde de la torre y sus interiores. Así, como un orfebre va reconstruyendo la presencia de Marta en el otrora “Cuartel Terranova”, en esos días del mes de agosto de 1976 en que fue objeto de atroces tormentos.

Luego, Patricio Guzmán conoció la Sala de la Memoria en procura de atesorar imágenes para este nuevo proyecto dedicado a esta dirigenta comunista en la clandestinidad, ejecutada en Peldehue y en terrenos del Ejército por el oficial de la DINA, Germán Barriga.

Más tarde, el cadáver de Marta Ugarte aparecería un 9 de septiembre de 1976 en la playa La Ballena, próxima a Los Molles, revelando que había sido arrojada a las profundidades del océano amarrado a un trozo de riel, del que circunstancialmente logro desprenderse. De esa forma, se transformó en una incontrovertible prueba y testimonio, que esa fue una de las formas empleadas por los perpetradores para desaparecer restos de militantes de izquierda secuestrados durante la dictadura militar.

Este documentalista muchas veces premiado y cuyas obras recorren diversas salas del mundo, autor de la “La Batalla de Chile” apreciada como “una de los diez mejores film políticos del mundo”, “El primer año”, “Allende” y “Nostalgia de la Luz” entre muchas obras, hoy sigue una nueva pista en su trabajo creativo de registrar la memoria de Chile y América Latina. “El agua que guarda la memoria del planeta”, dice Patricio Guzmán, …tan abundante en el sur chileno…que acogió los cuerpos de tantos detenidos desaparecidos y en particular el cuerpo de Marta Ugarte, para luego depositarlo suavemente en la playa como un testimonio indesmentible de las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura”.

El documentalista en el encuentro con un equipo de Villa Grimaldi integrado por Margarita Romera, presidenta de la Corporación, Paulina Gómez, administradora y Luis Alegría, coordinador del área de Educación se explaya sobre uno de sus nuevos trabajos. “Voy a partir del elemento agua, porque creo que contiene la memoria del planeta tierra y fue receptáculo de la vida desde el comienzo del mundo. La mayor parte del agua de nuestro planeta llegó de cometas, inclusive es posible que la vida provenga de afuera. Me interesa el agua porque en Chile abunda y tiene muy diversos usos… industriales y también poéticos. Con voz pausada, como un maestro continua su fundamentación: “Más de 60% del cuerpo humano es agua, que es materia, es onda y elemento de memoria. Hay varios científicos que afirman que el agua almacena memoria. En el sur están todas esas etnias que fueron nómades del agua…y los detenidos desaparecidos que “desaparecieron” en ella”.

Guzmán en su visita de trabajo a Villa Grimaldi se refiere a que “la batalla por la memoria es larga, de 100 años tal vez. En Europa pese al transcurrir del tiempo se siguen haciendo films, en España se descubren las fosas comunes…”.

Por último, el realizador expresa un inesperado reconocimiento al trabajo de este sitio de memoria: “todo el mundo me ha hablado de la Villa Grimaldi, que está más grande, que hay actividades permanentes, que ya no es como antes que habían puros jardincitos y nada más…se sigue extendiendo la idea que hay que venir aquí porque es un sitio vivo y dinámico, que mira hacia atrás, pero que al mismo tiempo va hacia adelante…”.

COMUNICACIONES VILLA GRIMALDI 11/5.12.

1. Reforma de los estatutos, presentación de propuestas y su aprobación o denegación por parte de la asamblea

2. Propuesta de actividades emanadas en Asamblea Ordinaria del 21 de abril de 2012.

Esperamos contar con su asistencia indispensable para la modificación de los estatutos.

De antemano, agradecidos por su atención, se despide atentamente de usted.

El Directorio.

Las autoras Camila García y Cristina Ortega

Estas primeras ediciones son parte de una colección de libros destinada a niños y niñas de entre 9 y 13 años, originados en el trabajo colaborativo del Área de Educación de Villa Grimaldi el curso de Proyectos de la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales, a cargo de la profesora Jennifer King, el aporte financiero de la Fundación Heinrich Böll Stiftung- Cono Sur y Ocho Libro Editores quien preparo las logradas ediciones.

En la oportunidad Camila García, autora de El Tío Octavio manifestó que “…el desafío fue hacer un libro de mirada inocente sobre el tema, recurriendo a las historias familiares como el de un tío de mi madre, que vivió la experiencia de estar escondido, confeccionando un texto sugerente y no tan explícito, de manera respetuosa pero sin mostrar sangre o atrocidades”. En tanto Cristina Ortega, autora de ClanDestinos señaló que “el mayor desafío fue tomar este tema tan agrio y acercarlo de manera amigable al público preadolescente. Creo que este tipo de libros hacen falta para que los niños construyan una visión propia de los acontecimientos y estén libres de prejuicios…para así contribuir a generar una sociedad que sea más tolerante y justa…”

Jennifer King, profesora de Diseño de la U. Diego Portales quién propuso y orientó este desafío a uno de sus cursos manifestó en el lanzamiento:“…les plantee a mis alumnos, que pudieran abordar estos temas complejos de conversar en Chile, a través de las vinculaciones que tuvieran o generaran con personas cercanas que hubiesen vivido la experiencia. Y todo a través de una mirada de niño, lo que es una fórmula que tiene muy buenos resultados…”

Regine Walsh y Flor Hernández

Por último y en representación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, expuso la docente Flor Hernández, integrante del directorio quien compartió un diagnostico con los presentes que explica iniciativas como la edición de estos libros para niños y niñas. “Durante los últimos cuatro años hemos intensificado la relación con el mundo escolar, lo que ha significado el aumento de visitas de establecimientos educativos al Parque por la Paz y es precisamente esa demanda lo que nos ha impulsado a diseñar acciones que potencien el uso pedagógico del sitio. Porque, pese a todos los avances… hemos detectado la ausencia de materiales, estrategias y conocimientos que permitan a los profesores incorporar los problemas y contenidos relativos a los derechos humanos, la memoria y la democracia…”

Así a partir de ahora, estos dos primeros libros estarán a disposición del público en general en todas las buenas librerías motivadas por las temáticas de derechos humanos y memoria.

COMUNICACIONES VILLA GRIMALDI/8/5.12.

La reciente condena en La Haya del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, por parte del Tribunal Especial sobre Crímenes en Sierra Leona, aunque noticia de primera plana en la prensa mundial, se notó poco en Chile. Sin embargo, ella tiene un significado especial para nuestro país. Es la primera vez que un ex jefe de Estado es condenado por un tribunal internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La pena misma, a ser cumplida en una cárcel británica, se hará pública el 30 de mayo. El origen de este hecho jurídico no está desvinculado de Chile.

En 1998, la detención de Augusto Pinochet en Londres sentó el precedente. Pinochet fue el primer ex jefe de Estado en ser arrestado en el extranjero por violaciones a los derechos humanos en su propio país. En 1999, el presidente Slobodan Milosevic de Yugoslavia pasó a ser el primer jefe de Estado en ejercicio en ser acusado de tales crímenes. Al dejar el cargo, Milosevic sería entregado a la justicia internacional, y moriría en prisión en La Haya. Con ello se impulsaría lo que Kathryn Sikkink ha llamado “la cascada de la justicia”, esto es, el enjuiciamiento a jefes de Estado por este tipo de crímenes. En 2003, el segundo jefe de Estado en ejercicio en ser acusado de crimenes de guerra, Charles Taylor, renunció a la presidencia de Liberia bajo promesa de que se le respetaría su asilo político en Nigeria. En el 2006, el mundo cambió de parecer, y Nigeria lo entregó en bandeja.

Dos décadas después, la evidencia acumulada indica que los enjuiciamientos a altas autoridades por violaciones de derechos humanos, lejos de desestabilizar y poner en peligro las transiciones democráticas, como muchos temían, tienen el efecto contrario. Al poner fin a la impunidad e indicar que nadie está por encima de la ley, estos enjuiciamientos fortalecen la democracia.

Hay varios otros jefes de Estado en la mira del Tribunal Penal Internacional (TPI). El presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, y el ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbago, están entre ellos. Y estos juicios no están confinados al África. La mayoría de ellos tiene lugar en Europa, por crímenes cometidos en el continente europeo. Las autoridades estadounidenses no están a salvo tampoco. Hace unos meses, el ex presidente George W. Bush se vio obligado a cancelar un viaje a Suiza, porque se le advirtió que, de pisar territorio suizo, corría el riesgo de ser detenido por las prácticas de tortura ocurridas bajo su administración. Muchos de sus colaboradores no viajan al extranjero por eso mismo, tal como ocurre con muchos de los colaboradores de Pinochet, cuyos abogados les han recomendado no salir de Chile por ningún motivo.

Bienvenidos al nuevo mundo de la jurisdicccion universal.

Los numerosos amputados, víctimas de los seguidores de Taylor, tanto en Sierra Leona como en Liberia, presentes en el Tribunal en La Haya, celebraron con razón. Se calcula que más de 100 mil personas perdieron la vida en en el conflicto en Sierra Leona, impulsado por Charles Taylor para apropiarse de los “diamantes de sangre” de ese país. Sus seguidores patentaron la práctica de amputar brazos a destajo, dándole la opción a las victimas entre hacer el corte en la muñeca (“manga larga”) o más arriba del codo (“manga corta”). Pocos han lamentado su condena.

Y el papel del caso Pinochet en esto no es menor. Aún recuerdo encontrarme en Harare, la capital de Zimbabwe, en diciembre de 1998, a pocas semanas de la detención de Pinochet en Londres, y escuchar un programa de radio de la BBC. Su título era: “La detención de Augusto Pinochet en Londres: consecuencias para África”. Durante una hora, diferentes especialistas, desde Accra hasta Addis Abeba, pasando por Londres y Dakar, opinaron acerca de lo que les esperaba a los dictadores africanos, después de lo ocurrido en la ya legendaria clínica en pleno centro de Londres.

De partida, las visitas a comprar a Harrods por parte de los tiranos africanos llegaban a su fin. Más allá del Reino Unido, el resto de Europa también era terra incógnita, dada la legislación sobre jurisdicción universal vigente en varios países y la estrecha colaboración de las policías y los sistemas judiciales europeos.

En su momento, los planteamientos de los juristas y analistas africanos me parecieron exagerados. Las ruedas de la justicia avanzan en forma lenta. Sin embargo, al poco tiempo, el establecimiento del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, hoy ya ratificado por más de un centenar de países, institucionalizó la justicia criminal internacional.

Como subraya Sikkink, lo que ha ocurrido en la última década y media es “un cambio en la legitimidad de la norma de responsabilidad criminal individual por violaciones de derechos humanos y un aumento en los enjuiciamientos penales basados en esa norma”. Ello constituye una modificación radical en las expectativas de lo que deben enfrentar las autoridades de gobierno responsables de estas violaciones.

El enfoque seguido por Chile, condicionado por la presencia de Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército desde 1990 a 1998, estuvo marcado por una necesaria prudencia. “Toda la verdad y justicia en la medida de lo posible”, en las palabras del Presidente Aylwin. La preferencia por una solución intermedia entre la amnistia y los enjuiciamientos por estas violaciones, esto es, una Comision de Verdad y Reconciliación para enfrentar los crímenes del pasado, fue producto de ello. Un camino similar se siguió en Sudáfrica y en otros países, en parte inspirados por la experiencia chilena.

Sin embargo, dos décadas después, la evidencia acumulada indica que los enjuiciamientos a altas autoridades por violaciones de derechos humanos, lejos de desestabilizar y poner en peligro las transiciones democráticas, como muchos temían, tienen el efecto contrario. Al poner fin a la impunidad e indicar que nadie está por encima de la ley, estos enjuiciamientos fortalecen la democracia.

La condena de Charles Taylor es solo la primera de varias por venir.

Publicado en http://www.elmostrador.cl

* Ex embajador en Sudáfrica. Catedrático de gobernanza global en la Escuela Balsillie de Asuntos Internacionales en Waterloo, Ontario.

Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén, Santiago. Teléfono: 2925229 (anexo 101)

1.- Convocatoria

Si tienes interés en la Historia Reciente de nuestro país y en la pedagogía de los Derechos Humanos, el Área de Educación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi -ex centro de detención, tortura y exterminio de la Dictadura Militar chilena- te invita a formar parte del equipo de voluntarios que colaboren en tareas propias del área, tales como visitas guiadas, investigación, actividades conmemorativas y culturales, entre otras.

Como parte del proceso de incorporación al Área de Educación, todos aquellos interesados en formar parte de nuestro equipo de voluntarios, serán capacitados en materia de Derechos Humanos, Memoria e Historia Reciente y los usos del testimonio.

2.- Requisitos

· Deseable haber cursado o estar cursando 4° Semestre de Educación Superior

· Aptitudes para trabajar en equipo.

· Disponibilidad mínima de 4 horas semanales.

· Disposición al perfeccionamiento periódico en las instancias ofrecidas por la Corporación en lo relativo a Educación en Memoria y Derechos Humanos.

3.- Proceso de Postulación

· Los interesados deberán llenar el formulario de postulación y enviarlo al correo voluntariadovg@gmail.com hasta el día viernes 11 de mayo del 2012.

4.- Proceso de selección de voluntarios 2012

La incorporación al equipo de voluntarios del Parque por la Paz Villa Grimaldi, está sujeta a distintas evaluaciones que los postulantes deben realizar ante el equipo de educación de la Corporación.

Para tener una dimensión clara y detallada de este proceso, a continuación se explicitan dichas etapas:

a) Etapa Uno: postulación

· Todos los postulantes que hayan enviado correctamente la ficha de inscripción al programa de voluntariado, serán convocados a una reunión informativa cuyo objetivo es dar a conocer fechas de capacitaciones, aclarar dudas por parte de los postulantes y presentarles al equipo de educación de la Corporación.

b) Etapa Dos: capacitación

· Todos los postulantes deberán asistir a las jornadas de capacitación cuyos contenidos se detallan en el programa. El objetivo es brindar al postulante los contenidos y herramientas conceptuales básicas en las temáticas que se desarrollan en nuestra área de educación. Estas capacitaciones se realizarán durante el mes de mayo del 2012, y cada sesión está destinada a tratar un tema en específico, tal y como se señala en el programa.

c) Etapa Tres: evaluación

· Como parte del proceso de selección, los postulantes deberán efectuar un breve ensayo de máximo tres planas de extensión, en el cual deben desarrollar un tema relacionado a cualquiera de los contenidos vistos en las capacitaciones, a saber: Derechos Humanos y Ciudadanía; Memoria e Historia reciente; Testigo y Testimonio.

· Junto con lo anterior, cada postulante deberá realizar un breve recorrido por el Parque por la Paz Villa Grimaldi, el que será observado tanto por el resto de los postulantes como por dos miembros del equipo de educación.

Ambas evaluaciones, el ensayo y el recorrido, tienen como objetivo medir conocimientos y habilidades adquiridos en las capacitaciones.

d) Etapa Cuatro y final: selección

· El Equipo de Educación de la Corporación Parque Por La Paz Villa Grimaldi, llevará a cabo una revisión de los ensayos de cada postulante, así como del recorrido realizado por éstos, con el fin de discernir respecto de los/as postulantes que reúnan las aptitudes necesarias para conformar el equipo de voluntarios de la Corporación.

· El resultado de dicha selección será enviado a cada postulante seleccionado mediante correo electrónico señalando la noticia así como de los próximos pasos a seguir.

- Consultar Convocatoria completa con Programa de Capacitación 2012 (Pdf)

- Ficha de Inscripción (Word)

NICCOLÓ ALDOBRANDINI.*

Al ir a ver se encontraron con un espectáculo macabro: el cadáver de una mujer con evidentes signos de tortura. Inmediatamente los asilados advirtieron al joven diplomático Enrico Calamai, que pernoctaba en la citada residencia, quien a su vez se comunicó de inmediato con las autoridades chilenas. Pocos días después Calamai abandonaría el país aquejado de una grave úlcera. (Tras su recuperación en Italia, en 1976 fue designado Cónsul en e Buenos Aires donde ayudó a expatriar a centenares de perseguidos de la dictadura del triunvirato compuesto por los tres jefes de las Fuerzas Armadas, Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti).

A raíz del alejamiento de Calamai, el único diplomático italiano que permanecía en Santiago era el embajador Tomasso de Vergottini, que ni siquiera tenía realmete ese status porque el gobierno italiano nunca reconoció a la dictadura chilena, era una función nebulosa, ya que no tenía rango diplomático, pero tampoco era turista.

En 1974 la prensa chilena adicta al régimen (por otra parte la única que existía) había descrito el homicidio de Lumi Videla como una reyerta, ocurrida en el interior de la residencia diplomática, durante una “orgías entre asilados”, versión que quedó totalmente descartada en la investigación judicial realizada por el magistrado Juan Araya, que estableció fehacientemente que la joven asesinada nunca estuvo en ese lugar en calidad de refugiada.

Restos de Lumi Videla portados por su hijo, Dago Pérez Videla y su tía Laura Moya, en homenaje rendido en 2004 en el frontis de la ex casa de tortura de José Domingo Cañas.

En esas circunstancias, sin pasaporte diplomático y con el enorme problema del cadáver lanzado al jardín de la Embajada otro joven diplomático, Emilio Barbarani, hasta ese momento designado en Buenos Aires, llega a Santiago los primeros días de diciembre de 1974, un mes después del descubrimiento del cadáver de la dirigente del MIR. La misión del diplomático termina en 1975, el año de los recuerdos que describe en su libro-memoria Chi ha ucciso Lumi Videla (Ed. Mursia, Milábn, 2012), ¿Quién mató a Lumi Videla? en castellano. Años después, en 1998, Barbarani volvería a Chile como embajador de Italia.

En sus memorias, Barbarani recuerda no solamente las tensísimas relaciones entre los refugiados (unas 250 personas, la mayor parte niños que, a raíz del episodio del cadáver estaban literalmente prisioneros en la residencia diplomática), sino sobre todo el terreno minado donde los diplomáticos italianos tenían que actuar, sobre todo en su relación con los servicios de Inteligencia chilenos (la DINA) en ese momento en lucha sin cuartel con otro de los servicios represores, el SIFA, el Servicio Secreto de la Fach.

Asimismo, el libro describe las relaciones personales (y amorosas) entre Barbarani y dos figuras femeninas fundamentales: una agente del SIFA, “Wanda”, (de la que no revela nunca el nombre verdadero, quien años más tarde moriría en Londres de un tumor al cerebro y quien le daría una inquietante clave de lectura acerca del crimen de Lumi Videla) y su polola “oficial”, la joven Paula Carvajal, hija del Almirante Carvajal, en ese momento canciller del gobierno militar. A Barbarani esta relación le abriría las puertas de la casa de uno de los máximos exponentes del gobierno.

En realidad el libro no pone en tela de juicio “quién mató a Lumi Videla”, sino que se interroga sobre “por qué la mataron” y, en particular las razones por las qué tiraron su cadáver al interior de la Embajada italiana, una provocación sin sentido ya que, a pesar de la mordaza imperante era imposible que la verdad, tarde o temprano no saliera a flote. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió muchos años después.

Por el asesinato de Lumi Videla, el año 2006 fueron declarados culpables los generales retirados Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe operativo de la DINA y Maximiano Ferrer Lima; los brigadieres (R) Miguel Krassnoff y Christophe Willike; el coronel (R) Marcelo Morén Brito y el cabo (R) Basclay Zapata. En la última parte de las memorias (la más reveladora e inquietante) Emilio Barbarani recuerda la petición, de asilo político, a mediados de 1975, del agente del SIFA, “Daniel Ramírez Montero”, según el libro. En realidad se trata de Rafael González Verdugo, procesado como cómplice del homicidio del estadounidense Charles Horman, descrito en todo su dramatismo en la película “Missing”, de Costa Gavras. El agente fundamentó la petición de asilo a los italianos diciendo que estaba perseguido por la DINA, por haber denunciado la corrupción del “Coronel K”, en ese momento el segundo hombre de la DINA, de quién Barbarani nunca despeja la verdadera identidad, aunque es probable que se trate del en ese momento subdirector de la DINA, Mario Janh. Como en 1975 la residencia italiana ya estaba vacía, los diplomáticas, previas consultas con Roma deciden asilar a “Ramírez Montero” en las oficinas de la Cancillería italiana, y a partir de ese momento empieza una serie de amenazas telefónicas a Barbarani que podrían haber pasado a mayores. Incluso el libro revela que se logró desarticular (gracias a los buenos oficios de las “altas esferas” con quienes se vinculaba) un ataque de la DINA a la cancillería para secuestrar al desertor, que se había asilado con su mujer y su pequeño hijo.

Las amenazas de la DINA a Barbarani por haber acogido al agente del SIFA, enemigo del coronel “K”, se intensifican y este hecho persuade al gobierno italiano de la necesidad de trasladarlo. Su misión termina a fines de 1975 y a mediados de 1976 llega a Londres. En la capital británica encuentra a una antigua conocida, Wanda , que habría desertado del SIFA y que le cuenta lo siguiente: en realidad la denuncia de González Verdugo contra “K” no es por corrupción, sino por “alta traición” y “espionaje”.

Antes del golpe el “coronel K”, según Wanda, habría conocido a Lumi Videla y el militar le habría hecho algunas confidencias que ella habría pasado al MIR y éstos a su vez a los servicios secretos cubanos. Después del arresto, la joven habría confesado parte de las confidencias de “K” y por represalia la habrían asesinado. El hecho de tirar el cuerpo en la embajada italiana cumplía dos funciones, revela el libro: por una parte amenazar a los diplomáticos italianos para obligarlos a cerrar la embajada, la única abierta hasta ese momento, noviembre de 1974; por la otra enviar un mensaje a los miristas que estaban en en ella.

Cuando lanzaron el cadáver de Lumi se encontraba asilado en la Embajada Italiana uno de los dirigentes máximos del MIR, el médico Humberto Sotomayor, que había sido, sin embargo, expulsado de la organización, acusado de haber abandonado al herido Miguel Enríquez abatido el 5 de octubre de 1974 después de un tiroteo en su propia casa. Pero también en ese momento estaba en la Embajada la cuñada de Andrés Pascal, el nuevo jefe del MIR, que se había asilado con la menor de las hijas de éste, una niñita de alrededor de tres años: por lo tanto era probable que hubiese relaciones directas entre los miristas de la Embajada y la cúpula de esa organización.

Al final de sus memorias, Barbarani recuerda que poco tiempo después de haber llegado a Londres, y mientras González Verdugo todavía estaba en las oficinas de la cancillería, ya que las autoridades se negaban a darle el salvoconducto, leyó en la prensa inglesa una breve información sobre un accidente que habría tenido el coronel “K” (accidente totalmente comprobado): se le habría disparado “accidentalmente” la metralleta que tenía en el asiendo trasero del auto que desbandó, mientras su ocupante se había salvado por milagro. Poco tiempo después a González Verdugo le dan el salvoconducto y puede abandonar el país.

Curiosamente, la publicación del libro en Italia, que ha obtenido numerosas reseñas en este país, ha pasado inadvertido en Chile: ¿será quizás porque las trazas que Barbarani deja en su libro conducen más o menos directamente, como ya se ha señalado, al coronel retirado Mario Jahn?. Sobre esta situación la agencia italiana ANSA, reseñando el libro, escribe: “por el asesinato de la joven un tribunal condenó a seis personas, todas de la DINA, pero no al coronel “K” que hoy vive sin problemas en Santiago”.

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* Corresponsal en Italia