La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cincuenta y tres agentes represores de la dictadura cívico militar, en una de las mayores sentencias en Chile relacionadas con las violaciones a los derechos humanos. Los condenados son responsables del crimen de ocho militantes del Partido Comunista ejecutados en 1976, quienes fueron secuestrados y torturados en Villa Grimaldi.

Según un comunicado del poder judicial, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia en contra de los ex agentes de Estado por el delito de secuestro calificado.

Las víctimas de este delito fueron Mario Zamorano Donoso, Onofre Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortéz, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva, Eliana Espinoza Fernández y Víctor Díaz López. Todos fueron secuestrados en el marco del denominado caso ‘Calle Conferencia’, que consistió en la captura y exterminio de toda la directiva de ese partido que operaba en la clandestinidad,  a mediados de 1976, .

Las condenas de los agentes, todos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fluctuaron entre los veinte y tres años de presidio. Entre ellos destaca el brigadier del Ejército, Miguel Krassnoff Martchenko, que con esta sentencia ya suma 700 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

Según estableció la investigación, todas las víctimas del proceso, fueron detenidas para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política, con el fin de obtener información sobre sus actividades de partido y, en especial, la identificación posterior de otros miembros del Partido Comunista en la clandestinidad.

“Dichos apremios no cesaban hasta la obtención de la información requerida o, hasta la inconsciencia de las víctimas”, precisó el fallo. Para darles muerte, se utilizó la acción conjunta de varios agentes del cuartel. Una vez constatada su muerte, muchos de los opositores fueron colocados en gruesas bolsas de polietileno, que amarraron con alambres en torno a su cintura, atándolo a un trozo de riel para ser lanzados al mar.

En esta misma línea, el juez Vázquez Plaza estableció que el lanzamiento de cuerpos al mar fue una práctica sistemática utilizada por los agentes de seguridad desde principios de 1974 hasta 1978. Estos hechos se acreditan por los distintos relatos del personal del Comando de Aviación del Ejército, entre otros, mecánicos de aviación y encargados del mantenimiento, que dan cuenta de esas operaciones denominadas ‘secretos militares’, en las que describen el modo en que se cargaron los bultos, preferentemente en helicópteros modelos Puma.