La Corte Suprema condenó a siete ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Luis Eduardo Durán Rivas, detenido desaparecido desde el 14 de septiembre de 1974, en el marco de la denominada ‘Operación Colombo’.

Luis Durán era, al momento de su secuestro, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, y participó en la creación de una agencia de prensa clandestina durante el primer año de la dictadura cívico-militar. Fue dirigente del Centro de Estudiantes de Periodismo, desde donde impulsó la creación de una escuela de periodismo vespertina para obreros.

En los inicios del gobierno de la Unidad Popular, trabajó en la Operación Saltamontes, un proyecto de educación popular de la oficina de Desarrollo Social del gobierno de Salvador Allende. Integró más tarde al equipo de Chilenuevo, una revista de la Subsecretaría de Economía dirigida a los trabajadores del área de propiedad social.

El fallo actual condenó a los agentes Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo a trece años de presidio en calidad de autores del delito. En tanto, Ciro Torre Sáez, Francisco Ferrer Lima, Orlando Manzo Durán y César Manríquez Bravo deberán cumplir diez años de presidio, como autores; y Nelson Paz Bustamante cuatro años de presidio, como cómplice.

En la etapa de investigación, el ministro Hernán Crisosto Greisse logró establecer que “en horas de la mañana del día 14 de septiembre de 1974, Luis Durán Rivas, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) fue detenido en las cercanías de su domicilio en la comuna de Santiago, por agentes pertenecientes a la DINA, quienes lo trasladaron hasta el recinto de detención José Domingo Cañas, y posteriormente trasladado al recinto de detención clandestino de Cuatro Álamos.

La investigación estableció también que agentes de la DINA, lo trasladaron posteriormente hasta el cuartel de Villa Grimaldi, último lugar en que fue visto por un testigo. Se señala en la sentencia que en los tres cuarteles Durán Rivas permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dichos cuarteles con el propósito de obtener información relativa a los integrantes de su grupo político, para proceder a la detención de miembros de la organización.

Se indica finalmente que la última vez que la víctima Duran Rivas fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de septiembre del año 1974, sin que exista antecedente sobre su paradero hasta la fecha. El fallo establece también que se condena al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $370.000.000 a los familiares de la víctima.

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La fotografía que encabeza esta nota corresponde a un homenaje a detenidos desaparecidos del MAPU, efectuado en el memorial de esa organización en el interior de Villa Grimaldi.