La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado causando grave daño de las sobrevivientes Eva Eugenia Palominos Rojas y Patricia del Carmen Zúñiga Barrios, delitos perpetrados en 1974 y 1975, respectivamente.

En el fallo la segunda sala del máximo tribunal del país -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado integrante Jorge Lagos- confirmó la sentencia que condenó a Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a la pena de diez años y un día de presidio, en calidad de autores del secuestro de Eva Palominos. En tanto, Gerardo Godoy García deberá cumplir diez años de presidio como autor del secuestro de Patricia Zúñiga.

Según establece la sentencia “que no consta en parte alguna del proceso que el encierro de las víctimas haya obedecido a un delito cometido por ellas, ni menos aún que quedara constancia de dicha detención luego de lo cual se le pusiera a disposición de algún tribunal de la República para su procesamiento, sino que, por el contrario, se acreditó que fueron secuestradas sin orden administrativa o judicial, luego conducidas a un recinto de detención clandestino, conocido como ‘Villa Grimaldi’”.

Agrega el fallo judicial que la investigación estableció que en el recinto administrado por la DINA, “era un cuartel secreto en que se mantuvo a Eva Eugenia Palominos Rojas y Patricia del Carmen Zúñiga Barros encerradas e interrogadas bajo torturas atroces causándoles grave daño”.

La resolución indica también que los acusados pertenecían a la DINA, que “fue un organismo secreto que actuó por encima de la ley, y los agentes o efectivos que la integraban escapaban no solo del conocimiento público, sino también del control efectivo de legalidad, tanto en la aprehensión como en el posterior encierro de las víctimas, a quienes retenían en recintos clandestinos, en este caso Villa Grimaldi”.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que ordenó al fisco pagar una indemnización de sesenta millones de pesos a cada una de las víctimas.