Más de cuarenta años de ocurrido el secuestro y desaparición del profesor de pedagogía en Matemáticas y estudiante de Sociología, Washington Cid Urrutia, la Corte Suprema condenó a nueve integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) implicados en este crimen. El 8 de diciembre de 1974 agentes del aparato represivo allanaron una vivienda ubicada en un barrio obrero de la comuna de Renca, secuestrando a todos sus moradores, incluyendo a la esposa de Cid, María Isabel Ortega, y al estudiante de periodismo José Carrasco Vázquez. Los tres fueron conducidos amarrados y vendados al recinto de Villa Grimaldi.
Durante dieciséis días Cid fue sometido a brutales torturas, las que incluyeron sesiones de apremios físicos y sicológicos junto a su esposa embarazada. El 24 de diciembre, en vísperas de la Navidad, de manera sorpresiva seis prisioneros fueron subidos a una camioneta para ser trasladados a otro recinto. Entre ellos Washington Cid y María Isabel Ortega, pero antes de partir ésta fue bajada del vehículo y devuelta a la celda de mujeres. En su reemplazo subieron a la camioneta a la prisionera María Isabel Bustillos.
Todos los que fueron trasladados en aquel vehículo son actualmente detenidos desaparecidos y una mayoría de ellos fueron integrados a la lista de 119 prisioneros y prisioneras que la DINA intentó presentar como víctimas de vendettas entre militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) o muertos en enfrentamientos con la gendarmería argentina. En el caso de Washington Cid su nombre apareció en una publicación apócrifa brasileña, controlada por la DINA, la revista Novo O’Día de Curitiba, Brasil, donde se afirmaba que él y otras cincuenta y ocho personas habían muerto en disputas internas del MIR.
Tras cuarenta y cuatro años de aquellas fatídicas vísperas de Navidad, la Segunda Sala de la Corte Suprema, en fallo unánime, condenó a penas de siete años de presidio a los jerarcas de la DINA, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga, y a cinco años y un día de presidio a Manuel Carevic, Francisco Ferrer, Fernando Lauriani y Rolf Wenderoth, y a los ex oficiales de Carabineros Gerardo Godoy y Ricardo Lawrence. La agente y torturadora Palmira Almuna Guzmán fue absuelta junto con sesenta y dos agentes que habían sido condenados en primera instancia por el ministro Hernán Crisosto.
