A finales de junio la Policía de Investigaciones, PDI, desclasificó los archivos de su “Departamento 50”, unidad encargada de investigar las actividades del espionaje nazi en Chile, durante la II Guerra Mundial. Estos materiales fueron entregados para su conservación al Archivo Nacional de la República.

Sitios de memoria, entre ellos Villa Grimaldi, han demandado públicamente la desclasificación de todos los archivos de la dictadura cívico-militar. Omar Sagredo, encargado del Archivo Oral de Villa Grimaldi cree que esto es importante para enfrentar los brotes de negacionismo que han surgido en el último tiempo. 

Normas específicas sobre archivos de derechos humanos

Para el cientista político Omar Sagredo, la desclasificación de los documentos sobre el espionaje nazi es una medida valorable y muy necesaria de extenderse a otros archivos en manos de organismos del Estado. Sin embargo le preocupa que no exista una normativa específica sobre archivos de derechos humanos, en tanto son distintos a los que normalmente acopia el Archivo Nacional.

“El Museo de la Memoria, nosotros y otros organismos de derechos humanos tenemos experiencia con este tipo de archivos, así como el deber de garantizar la apertura y el acceso a todos los archivos de memoria que disponemos. Pero en esta labor debemos tomar precauciones porque son archivos complejos que dan cuenta de emociones derivadas de vivir situaciones límite, como la tortura, la muerte, la violación, etc. Es importante que sean de acceso público, pero en el uso de sus contenidos deben operar criterios propios de sitios de memoria, como la protección de la identidad de las personas que aparecen referenciadas, por ejemplo. En el caso de nuestro Archivo Oral siempre se debe consultar a los testimoniantes respecto al uso de sus relatos, para saber en qué contexto lo autorizan, en situaciones que exceden lo estipulado en los consentimientos que firmaron al momento de ser entrevistados” recalca Omar.

Mas verdad contra el negacionismo

Respecto a los archivos de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, Omar Sagredo cree muy poco probable que éstos contengan información relevante en materia penal, referencias a nombres, situaciones o represores que no se conozcan. “Lo que sí podrían permitir estos archivos es saber de las dinámicas de la represión, la operación de sus redes, los procedimientos de los grupos de la muerte, conocer esto a través de los relatos de las víctimas. Como Villa Grimaldi, en este sentido, compartimos la desclasificación en función de la lucha por la verdad y de sistematizar conocimiento sobre el terrorismo de Estado. La desclasificación es una demanda ética al Estado de transparentar lo que tiene y permitir que la sociedad pueda acceder a toda la verdad y mirar su pasado reciente con total conocimiento.

“En este último tiempo resulta necesario desclasificar estos archivos -advierte Sagredo-, dado que los medios han dado espacio a personajes negacionistas, que hacen circular tesis sobre la posibilidad de la guerra civil y el rol de los militares como “salvadores” de la nación. Me refiero a los familiares de militares presos en Punta Peuco”.

Los archivos “perdidos” de la DINA

«Mi oficina estaba ubicada en la casona de Villa Grimaldi. Era una oficina grande como potrero, donde se instalaba toda la plana mayor de las agrupaciones y sus jefes, cada escritorio estaba separado por cortinas de género. Mis funciones como Plana Mayor eran de escribiente, pasar a máquina documentación que estaba escrita a mano, atender las llamadas telefónicas que eran dirigidas a Lawrence…”

Lo anterior es parte de la declaración judicial de Silvio Concha, suboficial de Carabineros, quien formaba parte de la «Agrupación Águila» de la DINA, grupo operativo especializado en perseguir a militantes del Partido Comunista. Sus palabras dan cuenta del empeño de los represores en transcribir las anotaciones manuscritas obtenidas de los interrogatorios, no siendo difícil imaginar que fueran clasificadas y archivadas.

Omar Sagredo cree poco probable que estos materiales fueran destruidos o enviados por Manuel Contreras a Alemania como se informó en 1978. “Entendiendo la estructura y la dinámica de las Fuerzas Armadas considero que es poco probable que los archivos de la DINA y los que se elaboraban en Villa Grimaldi se perdieran. La CNI, continuadora de la DINA, heredó gran parte de estos archivos. Este manto de dudas se mantendrá hasta que no exista una real iniciativa del Estado, incluyendo a las FFAA, por entregar toda la verdad; y eso puede ser nuestro aporte como sitios de memoria, es decir, aportar verdad, poniendo a disposición de la justicia todas las fuentes con que contamos”, concluyó el cientista político.