La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) entregó al presidente de la Corte Suprema, una carta, suscrita por organizaciones sociales y de derechos humanos, entre las que se incluye a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, donde exigen que el máximo tribunal del país «que los juzgadores que concurrieron a tales decisiones -otorgar libertades condicionales a criminales de lesa humanidad- reflexionen, desde el derecho y desde lo ético, acerca de las decisiones adoptadas, ya que ellas afectan el deber de sancionar crímenes de esta naturaleza que tiene nuestro Estado y el deber de reparar integralmente a las víctimas».
Añade el texto entregado que «lo que la Corte Suprema nos está diciendo con la impunidad y la libertad de estos criminales, que legitima los crímenes de lesa humanidad como mecanismo de resolución de conflictos políticos, lo que es extremadamente grave, ante la falta de justicia histórica que hemos vivido los familiares de las víctimas».
La carta indica también que «la justicia y la verdad ante actos tan deleznables como los crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura, deben ser un imperativo en nuestra sociedad». Se señala además que con estas decisiones de la Corte Suprema, las víctimas y sus familiares, vuelven «a recordar los terribles diecisiete años de la dictadura cívico-militar, época en la cual el Poder Judicial fue cómplice del plan criminal desplegado por quienes dirigieron esa dictadura, una de las más nefastas y tristes de nuestra historia».
Se indica en otra parte del texto entregado al presidente del tribunal, que «lo ocurrido durante la semana pasada con la dictación de los fallos cuestionados, no puede volver a ocurrir en un Estado como el nuestro, respecto del cual se predica ser democrático y constitucional de derecho». «Con los fallos cuestionados, -expresa el texto- la Corte Suprema está desconociendo fuentes de derecho internacional: desconoce acuerdos y tratados en materias de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Chile, actualmente vigentes, y normas consuetudinarias de derecho internacional».
Indica en la carta que «creemos que ustedes, quienes integran la Corte Suprema, con este tipo de decisiones, están profundizando la falta de verdad y justicia, lo que constituye un grave menoscabo para la convivencia y la paz social nacional». Por último se reitera la exigencia de verdad, justicia y reparación, y no impunidad ante los crímenes del Terrorismo de Estado, ocurridos durante la dictadura cívico-militar.
