Como tiempos poco alentadores para el “cumplimiento de los compromisos que Chile tiene, como Estado y como sociedad, en relación a las deudas de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición por los crímenes de la dictadura”, califica el capítulo Negacionismo en la era de la postverdad: Verdad, justicia y memoria en Chile, a dos décadas del ‘Caso Pinochet’, del informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, fue elaborado por la académica Cath Collins, y el equipo del Observatorio de Justicia Transicional de la casa de estudios superiores.

Se señala en la introducción del capítulo que “es preocupante observar las numerosas promesas incumplidas del gobierno saliente, así como las pocas o nulas señales de avance, incluso augurios de retrocesos importantes, en lo que va del periodo de su reemplazo, en relación a los deberes que el Estado de Chile tiene en materia de verdad, justicia, reparación, y memoria”.

Añade el informe que “a nivel social, se percibe un flamante y aparentemente envalentonado brote de violencia ultraderechista, xenófobo y abiertamente fascista, que reivindica al difunto ex dictador y recicla los discursos de odio y violencia de antaño”. Se agrega que “se perciben preocupantes tendencias al retroceso: el afloramiento de un ‘pinochetismo cultural’ y social de claros tintes fascistas; una deficiente interpretación de la ‘reconciliación’ que la asimila al abandono de la búsqueda de justicia; y el abuso de resquicios legales, con apropiación del vocabulario del humanitarismo, por parte de perpetradores”.

Se expone también que “en el hemiciclo del Parlamento, se ha insultado la honra y la veracidad de las y los sobrevivientes de exilio y tortura, y que en el ámbito de la justicia, el largo proceso de rehabilitación moral del Poder Judicial empieza a perder fuerza, cuando cambios de personal son capaces de producir inmediatos y notorios giros en la práctica respecto de la sanción de los más graves crímenes internacionales, y cuando los tribunales de más alto nivel entran en aparente contradicción y afectación de competencias”.

El trabajo de resumen de 2018 en materia de derechos humanos, indica que “las Fuerzas Armadas, y de Orden nuevamente han mostrado en el periodo, señales de todavía contar entre sus filas con quienes celebran abiertamente la más perversa traición de lo que deben ser sus valores verdaderos”.

El documento establece que “las y los sobrevivientes parecen ser el grupo más postergado” de la sociedad chilena, y que resulta llamativo “que a 45 años del golpe de Estado, Chile, el único país miembro de la OECD de la subregión, no haya sido capaz de crear una instancia que investigue definitivamente el destino de más de mil ciudadanas y ciudadanos aún desaparecidas y desaparecidos”.

Indican que “para personas, como Anita González Recabarren, a quien hemos perdido en este 2018 ya es y será tarde para siempre, que Chile cumpla sus promesas y deberes, y salde sus deudas con el pasado reciente”.

El informe propone como recomendaciones:

  • Proceder sin demora a la constitución de un Plan Nacional de Búsqueda de personas detenidas desaparecidas, que cumpla con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU de 2013; es decir interinstitucional y permanente; que colabore con, y fomente la actividad de la justicia; e incorpore la participación de familiares y la sociedad civil capacitada, en todas sus etapas de diseño y actuación.
  • Ampliar el mandato, funciones, presupuesto, y dotación de recursos de la ahora Unidad Programa de DD.HH., para que provea asistencia jurídica a sobrevivientes, pero además se haga cargo de la judicialización de la tortura, así como de otros crímenes de lesa humanidad actualmente despriorizados. Reinstalar la publicación proactiva, desde dicha Unidad, de información exhaustiva y fidedigna sobre el estado de las causas de DDHH y de encarcelamiento de quienes hayan sido condenados.
  • Crear una instancia permanente de calificación (reconocimiento) de víctimas y sobrevivientes de desaparición forzada, ejecución política, tortura, y otras graves violaciones, cometidas en tiempos de dictadura. Reconocer y respetar los derechos de acceso a verdad, justicia y reparación, que proceden de dicha calificación.
  • Amonestar y/o remover de sus puestos a quienes, desde filas oficialistas, en su calidad de funcionarios públicos, y/o desde las FFAA y de seguridad, desconozcan, relativicen, o nieguen la existencia o gravedad de los crímenes de la dictadura.
  • Prohibir toda reivindicación u homenaje, verbal o visual, en el espacio público a criminales de lesa humanidad, miembros de la junta militar, y otros personeros estrechamente asociados con el autoritarismo dictatorial. Eliminar los vestigios de dichos reconocimientos que aún quedan en dichos espacios. Introducir una ley de protección de sitios de memoria que contemple la participación de las organizaciones expertas de la sociedad civil en la materia.
  • Resolver la manera de no subvencionar, en lo relativo a jubilaciones, a criminales de lesa humanidad hoy cumpliendo condena; introducir además medidas para retirarles sus honores militares.
  • Resolver el estatus de acceso judicial y/o público del acervo de la Comisión Valech; proveer información actual y confiable sobre el estado de la actuación de la justicia en causas relacionadas con criminales de lesa humanidad.
  • Reformar por completo el sistema obsoleto de supervisión de cumplimiento de sentencias, de manera que se introduzca o se preserve el reconocimiento con la particular gravedad de delitos de lesa humanidad, asegurándose en particular de no crear un incentivo perverso que fomente la desaparición forzada de personas.
  • Introducir y hacer efectivo plazos de resolución para la tramitación en el Tribunal Constitucional de causas penales; y/o revisar la práctica actual de conceder la suspensión del procedimiento entero en casos elevados al TC.