La nueva ley, promulgada este viernes por la Presidenta Bachelet, aborda específicamente la violación y el abuso sexual agravado y explicita sanciones a funcionarios policiales que usen la violencia para obtener declaraciones de los detenidos. A su vez saca de la competencia de la justicia militar casos de tortura que afecten a civiles y menores de edad.
La Mandataria repudió que en la actualidad se promueva el uso del “waterboarding” (ahogo de la víctima usando un paño mojado en la cara), cuestionando sin nombrarlo al recién electo presidente de EEUU Donald Trump quien validó públicamente esta práctica.
Ante un salón repleto de autoridades civiles y policiales e integrantes de organizaciones de derechos humanos, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que tipifica los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, poniendo al Estado chileno a tono con estándares internacionales en esta materia. La legislación aborda las tres dimensiones de la tortura, física, sexual y psiquica, castigando el delito con una pena de entre cinco años y un día a 10 años de presidio y también penas de 15 años a presidio perpetuo calificado en el caso de homicidio asociado al maltrato.
En el caso de una violación asociada a la tortura la nueva legislación establece penas de entre 15 años a presidio perpetuo simple. Bachelet hizo incapié en este aspecto, señalando que la violencia sexual es “un tipo de violencia que es invisibilizada cuando las víctimas son mujeres y se le considera un delito menor”, lo cual -concluyó- conlleva a la impunidad y a una sociedad que naturaliza la violencia de género.
La Mandataria abordó también el caso de Lorenza Cayuhán, comunera mapuche que fue obligada por Gendarmería a dar a luz engrillada, manifestando «esta denuncia debe ser investigada en profundidad para conocer la verdad de lo sucedido, justamente porque debemos asegurarnos que nadie sufra situaciones humillantes o vejatorias». Instruyendo a continuación a la Subsecretaría de Derechos Humanos para elaborar un “nuevo reglamento penitenciario con enfoque de derechos humanos para que se trate con dignidad no solo a las mujeres, sino a todas las personas que están privadas de libertad».
Trosko Fuentes y Villa Grimadi
Ricardo Frodden, Luzmila Ortíz, Higinio Esperque y Alberto Rodríguez
Entre los y las asistentes al acto de promulgación se encontraba Luzmila Ortíz, pareja de Jorge Fuentes Alarcón, el “Trosko”, militante del MIR secuestrado por la policía paraguaya cerca de Asunción en mayo de 1975 y entregado luego a la DINA chilena en el marco de la Operación Cóndor. En Villa Grimaldi Fuentes fue objeto de torturas sistemáticas, fue mantenido por meses en condiciones sanitarias deplorables y recibió un trato humillante cotidiano, encadenado a un cajón que hacía las veces de celda.
También asistieron a la promulgación el presidente del directorio de la Corporación Villa Grimaldi, Higinio Espergue, el vicepresidente Alberto Rodríguez y el director Ricardo Frodden. La institución de memoria se mostró muy interesada en estudiar el texto de la nueva legislación, considerando que Villa Grimaldi fue epicentro de la tortura entre los años 1974 a 1978. Cerca de 4500 personas, entre hombres y mujeres, pasaron por sus estrechas celdas de madera y salas de tortura, la gran mayoría de los cuales fueron liberados con vida para aterrorizar a sus familias, vecinos y a la sociedad chilena en su conjunto.
