El 23 y 24 de agosto de 1984, la Central Nacional de Informaciones (CNI) asesinó a siete dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Concepción, Valdivia y Los Ángeles, en el marco de un operativo de exterminio que denominó en clave ‘Operación Alfa Carbón’. Treinta y cuatro años después el ministro Carlos Aldana, emitió un fallo condenando por estos crímenes a diecisiete agentes del organismo, pero dejando sin responsables el asesinato de Mario Lagos Rodríguez; emitiendo condenas reducidas a algunos de los agentes; a otros no aplicándoles condenas por asociación ilícita y desconociendo su calidad de víctimas y sin derecho a demanda civil a dos hijos y parejas de los asesinados.

Familiares de los ejecutados, encabezados por Tamara Lagos Castro, hija de Mario Lagos y Javiera Herrera Zalaquett, hija de Nelson Herrera, se reunieron con la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para representarles la preocupación por el tiempo transcurrido desde los asesinatos hasta el fallo del juez Aldana y las inconsistencias que contiene su veredicto. Conminando a los parlamentarios a generar las condiciones idóneas para que el poder judicial pueda hacer justicia y lograr condenas acordes a los crímenes cometidos para todos los responsables. El fallo de Aldana condena solo a unos pocos implicados, pero deja impunes al menos a la mitad.

Javiera Herrera hizo un detallado relato -a los parlamentarios- de la operación criminal que la CNI comenzó a planificar con un año de antelación. Los agentes regionales de la CNI siguieron a los miristas y sus familias durante meses. Días antes del 23 de agosto, más de sesenta represores fueron trasladados desde Santiago, y la noche del 22 recibieron fotografías de las víctimas, marcadas con una cruz la de aquellos a los que había que dar muerte.

La Operación Alfa Carbón terminó el 24 de agosto con el asesinato de Juan José Boncompte Andreu. Su pareja, Inés Díaz, embarazada de veintiocho semanas, fue pateada en el vientre y luego trasladada a la cárcel de hombres de Valdivia, donde estuvo recluida hasta fines de noviembre. Su hija, Javiera Boncompte, nació el 28 de noviembre, afectada de tetraparecia espástica generalizada, que le impide moverse y hablar, aunque su capacidad intelectual está intacta. Todas las evaluaciones médicas señalaron que su enfermedad es producto de las torturas a las que fue sometida su madre el 23 de agosto de 1984 y los días siguientes.

 Javiera Boncompte, nació el 28 de noviembre, afectada de tetraparecia espástica generalizada, que le impide moverse y hablar, aunque su capacidad intelectual está intacta. Todas las evaluaciones médicas señalaron que su enfermedad es producto de las torturas a las que fue sometida su madre el 23 de agosto de 1984 y los días siguientes.

Dieciséis personas fueron detenidas en el marco de la operación, entre ellas, dos mujeres embarazadas y una niña de cuatro años, que fue secuestrada y trasladada a un hogar de menores, donde permaneció durante cuatro días. Varios de los detenidos pasaron por centros de tortura y cumplieron condenas en las cárceles de El Manzano y Coronel. Recién en 2007, fueron absueltos de todos los cargos y recuperaron sus derechos ciudadanos.

El impacto que generó la masacre hizo que el entonces arzobispo de Concepción, monseñor José Manuel Santos, solicitara un ministro en visita a la Corte de Apelaciones y luego se dirigiera a la Corte Suprema, además de aparecer en la revista Cauce en un reportaje titulado ‘Yo acuso’. Pese a esto, la justicia para este caso solo llegó y de manera parcial treinta y cuatro años después.

Los familiares comunicaron a las diputadas y los diputados que apelarán la sentencia del juez Aldana ante la Corte de Apelaciones de Concepción y posteriormente a la Corte Suprema y les solicitaron trabajar por la ratificación de los convenios internacionales además de identificar y censurar cualquier camino que permita la impunidad, abierta o encubierta. “Vemos con preocupación el uso que se está haciendo del Tribunal Constitucional como un resquicio para la impunidad, una cuarta instancia donde bloquear o impedir que las condenas se cumplan”, manifestaron finalmente.