Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, tanto de Santiago como de regiones, junto a la Corporación Villa Grimaldi y a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, protagonizaron una manifestación en el frontis de la sede de la Corte Suprema, en rechazo a la resolución de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones que abriría una ventana para que reos del penal de Punta Peuco, condenados por diversos crímenes de lesa humanidad, puedan gozar de beneficios carcelarios.

En carta dirigida  a la Corte Suprema, las entidades aseguran que de concretarse esta posibilidad se estará dando una señal negativa al país .  “La justicia y la verdad son las únicas garantías que podemos entregar para que estos crímenes de lesa humanidad no se vuelvan a repetir” enfatizaron.

Los  firmantes de la carta, calificaron de vergonzosa la decisión de la Tercera Sala de evaluar la libertad de criminales de lesa humanidad como si fueran delincuentes comunes. El diputado Hugo Gutiérrez, quien acompañó la protesta,   aseguró que el municipio de Colina –designado por el tribunal para elaborar nuevos informes sobre los reos de Punta Peuco-, no brinda garantías de objetividad toda vez que su alcalde es militante de la la UDI.  Además la designación no le correspondería  porque la cárcel de Punta Peuco se encuentra en la comuna de Til Til, no en Colina.

El abogado hizo notar el caso del ex oficial de Carabineros, Alex Ambler Hinojosa, condenado a solo 7 años de cárcel por el asesinato de los hermanos Vergara  Toledo, que ahora pretende obtener libertad vigilada tras cumplir solo la mitad de la pena.  Gutiérrez aseguró que los reos de Punta Peuco no se han arrepentido de los crímenes cometidos: “ellos siguen hablando de “gobierno militar”, siguen enalteciendo la figura de Pinochet, siguen pensando que lo realizado bajo la dictadura era lo que había que hacer”.

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Por su parte Higinio Espergue, presidente de la Corporación Villa Grimaldi,  enfatizó la falta de arrepentimiento de los confinados en Punta Peuco y su falta de colaboración con la justicia, especialmente en lo referido al paradero de los detenidos desaparecidos.  “La experiencia y el derecho internacional indica que estos crímenes son considerados de la máxima gravedad, no prescriben, no pueden ser amnistiados y menos tratados como si fueran delitos comunes. El criminal nazi Rudolf Hess estuvo confinado en la Cárcel de Spandau de por vida, pese a su avanzada edad y enfermedades y a los costos financieros que implicaba mantener el recinto. La señal  brindada en  este caso es que los crímenes de lesa humanidad son castigados con severidad, algo que hace falta dejar aún más en claro en nuestro país para que las atrocidades que cometieron los reos  de Punta Peuco no vuelvan a repetirse”.

AFDD se entrevista con Dolmestch

Tras la entrega de la carta a la Corte Suprema, la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, encabezada por Lorena Pizarro, sostuvo  una entrevista con el presidente del máximo tribunal, magistrado Hugo Domestch. En ella Pizarro le habría manifestado la existencia de una campaña por parte de sectores de derecha, tendiente a victimizar a los violadores de derechos humanos para lograr su libertad. Por esto solicitó al magistrado que el pleno de la Corte Suprema analizara la decisión de la Tercera Sala y la dejara sin efecto. “Le señalamos –manifestó la presidenta de la AFDD-,  que así como en dictadura no aceptamos silenciosamente la violación a los derechos humanos, no permitiremos la vuelta a una impunidad tan obscena y emprenderemos acciones a nivel internacional  y movilizaciones en las calles. No permitiremos que la impunidad fragilice el respeto a los derechos humanos hoy día en nuestro país”.

Tras la reunión con el presidente de la Corte Suprema, las organizaciones de familiares se entrevistaron con el ministro subrogante de Justicia, Ignacio Suárez Eytel a quien exigieron una mayor rigurosidad en el tratamiento de los reos por delitos de lesa humanidad, lo cuales no pueden ser objeto de beneficios carcelarios como si fueran delincuentes comunes.  En este sentido Lorena Pizarro planteó la necesidad de impulsar una reforma legal, donde quede claramente establecido que no habrán beneficios carcelarios para este tipo de reos.

Por su parte el abogado Carlos Margota señaló la obligación del Ejecutivo y todos los poderes del Estado de hacer cumplir el derecho internacional en materia de crímenes de lesa humanidad.  En este sentido el jurista planteó la necesidad de una coordinación de los equipos jurídicos del ministerio y  de las organizaciones de derechos humanos, donde se discuta y acuerde respecto a estos temas.

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