La historia que marca a Villa Grimaldi como centro de secuestro, tortura y exterminio y posteriormente como lugar de memoria, vinculado a las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por agentes del Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), comienza con el 11 de septiembre de 1973.

Un día después del Golpe de Estado, Villa Grimaldi fue allanada por primera vez, y a fines de 1973 se iniciaron las actividades represivas en el lugar, cuando la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a cargo del Coronel de Ejército Manuel Contreras, adquirió la propiedad, ubicada en Avenida José Arrieta 8200 (actual 8401), gracias a la presión ejercida hacia su dueño Emilio Vasallo, quién se vio obligado a vender -según la versión de familiares directos- para proteger a su familia.

El objetivo de Contreras era instalar en sus dependencias a la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) y constituir el Cuartel Terranova, el que fuera uno de los centros secretos de detención, tortura y desaparición más importantes de la red de recintos de detención conformada por la Dictadura.

El Cuartel Terranova fue más conocido como ‘Villa Grimaldi’, en alusión al nombre que los anteriores propietarios le habían dado al lugar, a raíz de sus características arquitectónicas y ornamentales.

De acuerdo a los testimonios, por Villa Grimaldi habrían pasado alrededor de 4.500 prisioneros y prisioneras, de los cuales 241 fueron asesinados o se mantienen como detenidos desaparecidos.

En 1978 habría cesado la actividad represiva en el lugar, produciéndose un paulatino abandono que culminó con su desmantelamiento a mediados de la década del ochenta y su posterior venta a una sociedad constructora integrada por familiares del último director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Hugo Salas Wenzel, para finalmente ser demolido con el objeto de construir ahí un conjunto habitacional.

Alertado de esta situación, un movimiento ciudadano liderado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Peñalolén y La Reina, inició una campaña de denuncia y recuperación de Villa Grimaldi, con el fin de desarrollar ahí un lugar de memoria dedicado al recuerdo y a la promoción de los Derechos Humanos.

Tras la presentación y aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, llevada por parlamentarios que apoyaron esta demanda de la sociedad civil, el Estado expropia Villa Grimaldi a través del Ministerio de Vivienda.

El lugar se abre por primera vez a la comunidad el día 10 de diciembre de 1994. Y posteriormente se construye el Parque por la Paz, que fue inaugurado en marzo de 1997 permaneciendo, desde esa fecha, abierto a todo público y acogiendo acciones de conmemoración junto a actividades de promoción de una cultura de respeto hacia los Derechos Humanos.