El lanzamiento del libro “Voces del Estallido”, efectuado este 18 de octubre, incentivó un nutrido diálogo sobre las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del Estallido Social de octubre y meses finales de 2019. El texto reúne una decena de testimonios de personas que fueron blanco de crueles procedimientos a manos de policías y militares, mandatados para sofocar la protesta a como diera lugar por parte del gobierno de la época.

Para Alvaro Ahumada, presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, anfitrión del evento, los testimonios recogidos en “Voces del Estallido” revelan la enorme deuda en materia de verdad, justicia y reparación integral hacia las víctimas de la represión, muchas de las cuales han debido enfrentar las secuelas sin un apoyo estatal.

“Si no hay avances sustantivos y no conocemos lo que efectivamente pasó, si dejamos impunes y olvidamos actos brutales y si no se repara el daño causado, se abre la posibilidad de repetición de los horrores del pasado” advirtió Ahumada.

Mil pesos

En la conversación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, informó que parlamentarios de derecha redujeron a $1000 (mil pesos ¡) los fondos asignados en el presupuesto de la Nación 2023 para el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y la Mesa de Reparación para las  Víctimas del Estallido Social. Dos proyectos que forman parte del programa de gobierno del Presidente Boric y que de esta forma no se podrán ejecutar.

La ridícula cifra  refleja a una derecha y a su ala más extrema envalentonada e interpretando el resultado del último plebiscito como un aval para una acción sistemática de sabotaje al gobierno y de negación de las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios de Carabineros.  

Organizaciones de derechos humanos alertan sobre la lógica que se ha querido establecer desde los medios de comunicación controlados por la derecha y desde las redes sociales, donde silenciar o relativizar los delitos de derechos humanos cometidos por los uniformados supuestamente hace más eficaz el combate policial contra delincuentes comunes y el crimen organizado. 

En este plan se ha llegado al extremo de tratar de obligar al presidente y a algunos de sus ministros a “pedir perdón” a la policía por tuits antiguos en donde deslizaban fuertes críticas o bromas en contra de los uniformados. Algo que a muchos activistas hace recordar que los policías nunca han pedido perdón por provocar la peor crisis de derechos humanos tras la vuelta de la democracia, con decenas de muertos y miles de heridos, entre ellos y ellas casi medio millar de personas que sufrieron trauma ocular a raíz del uso de escopetas antimotines.