En septiembre de 2017 las mujeres feministas agitaron sus pañuelos verdes con más fuerza que nunca al aprobarse la despenalización del aborto en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre y embarazos producto de una violación. Luego de décadas de lucha, que se remontan a la dictadura cívico-militar que criminalizó el aborto en su totalidad, se veía un avance hacia algo tan básico como poder decidir sobre sus cuerpos.
Sin embargo, la interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE) en tres causales no ha estado exenta de problemas. Según un monitoreo social realizado por la Mesa de Acción por el Aborto en conjunto con distintas organizaciones, los principales problemas asociados a la IVE son la falta de capacitación de los profesionales involucrados, poca información y orientación respecto al proceso y la alta cantidad de objetores de conciencia que obstaculizan o impiden que la interrupción del embarazo sea llevada a cabo.
Según un informe entregado el año pasado por la Corporación Humanas, de los 70 establecimientos de salud públicos habilitados para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, la mitad de los y las obstetras se declaró objetor de conciencia. Esto es especialmente complejo en regiones, donde existen menos centros de salud habilitados para atender a la población y las cifras de profesionales que se niegan a realizar un aborto llegan incluso al 100% en la causal de violación, como es el caso del Hospital de Puerto Aysén y el de Constitución.
Este tipo de restricciones en cuanto a la interrupción legal del embarazo no son un caso único de nuestro país. Si bien en las últimas décadas ha habido un avance en el resguardo de los derechos reproductivos de las mujeres en el mundo, activistas señalan que aún existe el riesgo de retrocesos en esta materia.
En este reportaje publicado por Marianela Meyer para Télam se reportan los casos de Polonia, que recientemente prohibió el aborto por malformación fetal (lo que abarca un 98% de los casos de abortos practicados en 2019) y el caso de Brasil, donde el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro aprobó un proyecto que obliga al personal de salud a reportar a la policía cuando se realiza un aborto por causal de violación, aun cuando la víctima no lo desee.
Situaciones similares se han dado en distintos países europeos, donde se ha comenzado a prohibir el aborto bajo causales que anteriormente eran incluidas en la interrupción legal del embarazo. Es por esto que organizaciones y activistas feministas están en constante vigilancia de que los derechos reproductivos que fueron otorgados luego de una lucha histórica sean respetados y no retrocedan ante las posturas religiosas y pro-vida en la agenda pública y los gobiernos.
Infinitas causales
La ley de interrupción voluntaria del embarazo en Chile siempre ha sido considerada limitada para el punto de vista de la lucha feminista. Las tres causales no incluyen, por ejemplo, lo revelado respecto a las fallas en las pastillas anticonceptivas Anulette entregadas por el sistema de salud público y que tuvo como consecuencia más de 100 embarazos no deseados. Aquellas que quedaron embarazadas no cuentan con una opción legal que les permita abortar ni han tenido respuesta por parte del Estado. Esta situación volvió a posicionar en el debate público los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En este nuevo 8 de marzo, la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito ha vuelto a retomar fuerza. Por un lado, la legalización del aborto en Argentina tras la lucha histórica de las compañeras feministas, quienes incluso gritaban en sus manifestaciones “chilena, no bajes la bandera, que aquí estamos dispuestas a cruzar la cordillera”, se ha convertido en una esperanza para el movimiento feminista chileno. Tras ese hecho, en enero comenzó la discusión en el Senado sobre el proyecto presentado en 2018 por diputadas de la oposición respecto a la despenalización del aborto hasta las 14 semanas.
Por otro lado, nos encontramos en medio de un proceso histórico para Chile: la redacción de una nueva Constitución, elaborada democráticamente y con paridad de género. Las esperanzas están puestas en que esta nueva Constitución obligue al Estado a resguardar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres. Sin duda, ya sea en la calle o en instancias virtuales por la pandemia, las mujeres continuarán luchando por el aborto legal, seguro y gratuito.
