Los miembros de la familia Gallardo asesinada en Villa Grimaldi en noviembre de 1975, criticaron la oportunidad de la justicia, que condenó al jefe la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras a 20 años de cárcel y a la cúpula del organismo 39 años después de los hechos, y llamaron a los canales “TVN y Canal 13 a dar disculpas públicas por el montaje comunicacional que ha envuelto a nuestra familia”.
Luego que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos condenó los crímenes de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Luis Gangas Torres, Manuel Reyes Garrido, Pedro Cortés Jelves, quienes fueron detenidos, trasladados a Villa Grimaldi, sometidos a atroces torturas y ejecutados entre el 18 y 19 de noviembre de 1975 y luego fueron hechos aparecer como muertos en un enfrentamiento en los cerros de Rinconada de Maipú, abogados y familiares analizaron y entregaron sus sentimientos.
El Director Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugaz, señaló que “se monta una escena, hay sin duda un montaje periodístico que da cuenta de una versión oficial que entregó la dictadura y que a través de la investigación desarrollada por el ministro Leopoldo Llanos se pudo establecer que ello no fue así, sino un montaje, los medios de comunicación de la época han tenido una responsabilidad por cuanto ampararon una versión propiciada por la dictadura”.
“Como Programa de Derechos Humanos defenderemos las condenas que han sido impuestas por el tribunal, instando a que se mantengan y ciertamente es importante dar cuenta que ésta fue la verdad de lo acontecido no aquella verdad que la dictadura presentó”, recalcó.
Por su parte, Alberto Rodríguez Gallardo, quien permaneció detenido con sus parientes en 1975 a la edad de 6 meses en el Cuartel Central de Investigaciones, ubicado en General Mackenna, hijo de Catalina Ester Gallardo Moreno, llamó “expresamente a los canales de televisión TVN y Canal 13 a dar disculpas públicas por el montaje comunicacional que ha envuelto a nuestra familia”.
“Para que la justicia sea plena debe ser oportuna y proporcional al daño causado. En noviembre se cumplen 40 años de ocurridos los acontecimientos y tuvieron que transcurrir 27 años de investigaciones judiciales para llegar hasta hoy y obtener este fallo”, agregó Rodríguez.
“Esta tardanza de los tribunales nos parece inaceptable, ya que vemos como nuestros familiares y los propios asesinos se mueren en medio de tanta demora. No estamos culpando a los jueces que han llevado el caso, sino el andamiaje institucional heredado de la dictadura cívico militar”, añadió.
Por su parte, Alvaro Ahumada, Presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, sobreviviente de ese centro de tortura y exterminio, valoró el fallo como un hecho “relevante”, porque establece la verdad “sobre lo que sucedió a una familia de luchadores democráticos, de resistentes contra la dictadura que fueron masacrados vilmente en una noche de terror”.
Que “empiece a quedar claro que aquí hubo cómplices en los medios de comunicación que colaboraron en levantar un montaje de modo tal de confundir lo que había sido la suerte de estos valerosos luchadores”, puntualizó Ahumada.
Asimismo apoyó la solicitud de disculpas públicas a TVN y Canal 13, “respecto de un accionar que se alejó con mucho de la ética periodística que nosotros suponemos debe existir en los medios de comunicación”.
La Presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que “no es justicia cuando más de 270 agentes del Estado, que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad tengan pena remitida, que significa que no van a pasar ni un día de cárcel, no se condicen las condenas con la gravedad de los delitos”.
También se refirió al Ejército de Chile, a quien a través de la Corte de Apelaciones se le pidió que entregue los nombres del personal a contrata de ex miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la sucesora de la DINA.
También llamó a que entreguen la información dado que tienen una red de protección y el hecho de que condenados por crímenes contra la humanidad por la Corte Suprema como Daniel Cancino, Ricardo Lawrence, Rubén Fiedler Alvarado y Walter Klug Rivera se encuentren prófugos.
Declaración íntegra de la familia Gallardo
Santiago 31 de julio de 2015.
Ante este fallo judicial en primera instancia del caso de Secuestro y Asesinato de la Familia Gallardo, nosotros los sobrevivientes expresamos lo siguiente:
Valoramos este fallo como el fruto del arduo trabajo de diversos jueces, abogados y testigos. Pero por sobre todo valoramos el empuje y valentía de nuestra amada madre y abuela Ofelia, hoy de 90 años, quien hace 24 días se debate entre la vida y la muerte internada en el hospital. Su ejemplo de lucha por la verdad y justicia es un legado que asumimos y continuaremos hasta el final.
Sin embargo, creemos que para que la Justicia sea plena debe ser oportuna y proporcional al daño causado. En noviembre se cumplen 40 años de ocurridos los acontecimientos y tuvieron que transcurrir 27 años de investigaciones judiciales para llegar hasta hoy y obtener este fallo. Esta tardanza de los tribunales nos parece inaceptable, ya que vemos como nuestros familiares y los propios asesinos se mueren en medio de tanta demora. No estamos culpando a los jueces que han llevado el caso, sino al andamiaje institucional heredado de la dictadura civico militar y los intereses mezquinos y fácticos que éste contiene.
Nuestra detención y la de nuestros familiares asesinados cambió para siempre el curso de nuestras vidas. Fuimos detenidos desde nuestros hogares el 18 de noviembre de 1975 entre las 10 y las 11 de la noche por agentes de la DINA, quienes irrumpieron violentamente sin ninguna consideración ni con las mujeres embarazadas, ni con los niños.
Catalina, Mónica y Alberto fueron entregados a la DINA por la Policía De Investigaciones y llevados al Centro de Detención Clandestino y de exterminio Villa Grimaldi. La noche del 18 de noviembre de 1975, según el relato de los testigos y sobrevivientes es recordada como “la noche más horrible de que se tenga memoria en ese lugar”.
Apertura y cierre del portón, gritos pidiendo agua y aceite hirviendo, seguido de los gritos desgarradores de Catalina, Mónica y Alberto. Era el horror y la bestialidad desatada de unos seres humanos en contra de otros seres humanos indefensos.
Posteriormente el reconocimiento de los cuerpos dejó en evidencia la brutalidad del crimen. Mónica es reconocida en el Instituto Médico Legal junto al feto de su bebé salido de su vientre, Catalina se encontraba con sus cuencas vacías, le habían arrancado sus ojos, y nuestro padre y abuelo Alberto prácticamente despedazado.
Junto a nuestros familiares son detenidos Manuel Reyes Garrido, Pedro Cortés Jelvez y Luis Gangas. Todos ellos también supieron de la barbarie, siendo colgados, quemados con agua y aceite; y siendo rematados a punta de golpes de pies y puños. Los cuerpos de todos ellos son llevados a los cerros de la Rinconada de Maipú en donde se ejecuta la segunda parte de este monstruoso crimen, es decir el Montaje Comunicacional elaborado por DINACOS en complicidad con TVN y Canal 13, los que con sus cámaras mostraban a Chile y el mundo, un “violento enfrentamiento entre elementos subversivos y agentes de seguridad” que supuestamente allí habría tenido lugar minutos antes.
Importa señalar lo siguiente: respecto de la responsabilidad de los periodistas civiles involucrados, sabemos que al menos Roberto Araya era agente DINA y eso está acreditado en el fallo. Respecto de Manfredo Mayol, Vicente Pérez Zurita, Claudio Sánchez, y Julio López Blanco, estos en su momento fueron sancionados por la comisión de ética profesional del colegio de periodistas.
Como familia, nos sumamos a las voces que desde hace tiempo vienen exigiendo que se rompan los pactos de silencio al interior de las fuerzas armadas y de los civiles cómplices y encubridores de estos crímenes, ya que no es creíble que solo un puñado de militares fueran capaces de sostener una dictadura por 17 años.
También nos sumamos a las exigencias de degradación de los militares asesinos y terminar el envío de oficiales chilenos a instituciones como la ex Escuela de las Americas y en su lugar promover la formación en DDHH al interior de las FFAA.
Por último llamamos expresamente a los canales de televisión TVN y Canal 13 a dar disculpas públicas por el montaje comunicacional que ha envuelto a nuestra familia.
Terminamos este comunicado agradeciendo a los amigos de la familia, a los compañeros defensores de los DDHH. A los ex presos políticos, testimonio viviente de la barbarie dictatorial y que hasta hoy se les niega la justicia, a los abogados y jueces que llevan este caso y muchos otros, por su valentía, decencia y honestidad, los sitios de memoria que con su presencia interpelan nuestra historia, a los jóvenes que hacen sus memorias tomando los casos de violaciones a los DD.HH. como referencia.
¡No a la impunidad!
¡Degradación a los militares comprometidos con crímenes y violaciones a los DDHH!
¡No a la confabulación y al encubrimiento de los crímenes de la dictadura!
¡Entrega por parte de las FFAA de toda información referente a los crímenes y del paradero de los detenidos desaparecidos ahora!.
Familia Gallardo, Julio 31, 2015.
