Denuncian nuevos atentados contra el Estado de derecho en Guatemala

Repudiamos enérgicamente las actuaciones de las y los diputados del Congreso guatemalteco que han elegido como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad al juez Mynor Moto acusado por el Ministerio Público de delitos de corrupción y complicidad con el crimen organizado. El juez Moto tiene una larga tradición de compromiso con la impunidad de funcionarios estatales relacionados con el narcotráfico, la corrupción y la violación de derechos humanos.

De acuerdo con numerosas instituciones defensoras de derechos humanos, dentro y fuera de Guatemala, el propósito de esa maniobra abiertamente ilegal es copar el máximo tribunal constitucional para fortalecer la impunidad de violadores de derechos fundamentales y funcionarios corruptos. La Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad han señalado que Mynor Moto no reúne los requisitos mínimos de idoneidad, capacidad, honradez y honorabilidad. A pesar de estar en trámite varios Recursos de Amparo y siete apelaciones en contra de su elección, Moto fue juramentado en horas de la noche por un grupo mayoritario de congresistas conocidos por la ciudadanía y la prensa guatemalteca como el “pacto de corruptos” que cuenta con pleno apoyo del Presiente Giamattei y su gobierno.

Causa inquietud este acto abierto y descarado de ilegalidad, pues evidencia el control que ha alcanzado en Guatemala el crimen organizado y el sistema de impunidad sobre los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. La historia demuestra los extremos de aberración a los que pueden llegar los funcionarios gubernamentales que han perdido los límites legales, han dejado de considerar a la opinión pública nacional e internacional y no se detienen frente a los señalamientos de los organismos multilaterales.

Ello resulta particularmente grave en un país que en medio de la mayor crisis sanitaria mundial está sumido en la pobreza y el desempleo, al mismo tiempo que se reprime violentamente a los migrantes centroamericanos y se criminaliza y persigue a las y los defensores de derechos humanos. Con un promedio de 15 defensoras y defensores asesinados cada año, el Estado guatemalteco no garantiza el libre ejercicio de la defensa del derecho humano a defender derechos.

Expresamos nuestra solidaridad con la ciudadanía guatemalteca y la alentamos a continuar en la defensa del Estado de derecho y a manifestar su repudio a la corrupción y la impunidad. Con su lucha decidida y el apoyo solidario de la comunidad internacional, el pueblo de Guatemala logrará avanzar en la construcción de un país más justo y más humano.

29 de enero de 2021.