La calificaron como una burla. “Estamos exigiendo una reparación integral y, el Gobierno se opone a subir las pensiones, las va a mantener en el mismo estado en que están actualmente”, aseguró Higinio Espergue, representante de la Mesa Nacional de ex Presos Políticos.
Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que las víctimas tienen derecho a la reparación económica, según el derecho internacional.
Los representantes de la Mesa Nacional de ex Presos Políticos rechazaron hoy la última propuesta del Gobierno, informó Higinio Espergue, miembro de la entidad al término de una reunión en la sede del Senado en Santiago.
“Hemos rechazado el acuerdo porque lo consideramos que es una oferta que está bajo las expectativas que hemos tenido los ex presos políticos de Chile, en cuanto a una reparación justa y digna”, señaló.
Espergue afirmó que la propuesta que hizo el Ejecutivo, y que canalizó y expuso la Subsecretaria General de la Presidencia, Patricia Silva, “es una burla para los ex presos políticos y torturados”.
“Estamos exigiendo una reparación integral y el Gobierno se opone a subir las pensiones y las va a mantener en el mismo estado en que están actualmente. Nosotros pedimos un aumento homologable al monto de las pensiones de la Comisión Rettig”, agregó.
Las declaraciones las realizó al término de reuniones realizadas desde las 9 de la mañana y que concluyeron pasadas 13 horas, a la que asistió como garante el obispo Católico de Rancagua, Alejandro Goic, y como observadores la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries.
“Llamamos a todos los ex presos políticos del país a estar alertas porque vamos a desplegar encuentros nacionales y vamos a acordar una movilización cada vez más fuerte, para lograr nuestros derechos”, concluyó Espergue.
Por su parte, David Quintana Presidente de la Asociación de ex Presos y Presas políticas de la VI Región, lugar donde se inició la huelga de hambre, que luego tuvo carácter nacional, dijo que “el gobierno siempre nos ha insultado con las ofertas, nunca nos ha traído algo que nosotros pudiéramos tomar interés en ello”.
Indicó que el Estado chileno no ha sido capaz de reparar y hacer justicia en una pensión digna y satisfactoria, tal como lo exige la Organización de Naciones Unidas, “no estamos pidiendo hacernos ricos, pero queremos justicia y dignidad, queremos correr los últimos metros que nos quedan al cementerio para morir con dignidad”.
Por su parte, la Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva, afirmó que se “ellos ya tienen una pensión, baja sin duda, como son bajas la mayoría de las pensiones en este país, entonces hay un contexto también que hay que reconocer, para finalmente aceptar, en este caso rechazar, la última propuesta que hace el gobierno en materia de reparación pecuniaria”.
Lorena Fries: Derecho a la reparación, restitución y compensación
Durante toda la mañana y hasta el término de la reunión, los ex presos políticos se instalaron en las afueras de la puerta de calle Morandé con afiches y lienzos para exigir solución a sus demandas. Ello provocó tensión al interior del Senado e hizo que Carabineros cerrara la puerta de acceso, mientras en la calle se manifestaba.
La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien asistió en calidad de observadora y ministro de fe, a la reunión plenaria, dijo a www.villagrimaldi.cl que le correspondió exponer durante el proceso de negociaciones, los estándares internacionales del derecho a reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Este “incluye por un lado la restitución, en los casos en que se puede, es decir, volver a las víctimas y a sus familiares a un momento anterior a la violación a los derechos, también exige compensación cuando no se puede restituir y es generalmente económica”.
“Los Estados tienen que promover políticas que permitan a las víctimas reinsertarse socialmente y seguir su vida adelante, ojalá como si no se hubieran visto afectadas, satisfacción que tiene que ver con dar publicidad, que el Estado pida perdón, acceder a beneficios económicos, de salud, educación y, por último, la garantía de no repetición, es decir de realizar un conjunto de acciones legislativas, administrativas, etc., que le aseguren a la ciudadanía que este tipo de situaciones no van a volver a ocurrir”, concluyó Fries.
