Las organizaciones integrantes de la Mesa de Unidad Social (MUS), entre ellas la Red de Sitios de Memoria a la que pertenece la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) presentaron una querella criminal en contra del Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y el Director General de Carabineros, Mario Rozas, por cuasidelito de homicidio y lesiones graves, en el contexto de la movilización social efectuada el pasado 20 de diciembre, en Santiago.

La mencionada jornada culminó con decenas de heridos, entre ellos Óscar Pérez, un joven de 20 años que fue atropellado por dos carros lanzagases, imágenes que fueron capturadas en vivo por un canal de televisión. La acción legal está dirigida también en contra de todos los responsables y autores materiales de estos hechos, y en particular contra el cabo Mauricio Carrillo, quien ya ha sido formalizado por el atropello del mencionado Óscar Pérez.

En este sentido, la denuncia se basa en lo expresado en los artículos 14, N°2, y 15, N°3, del Código Penal, en donde señala que cabe  ejecutarlo” y “los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata de él”.

Durante la conferencia de prensa, el abogado y presidente de CCHDH, Carlos Margotta, explicó que “estamos estudiando la ampliación de la querella contra el propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, por formar parte de estos graves crímenes y ataques sistemáticos y generalizados que se han producido en contra la población civil en los últimos días, y por lo tanto como autores civiles directos por omisión de estos hechos”.

Por su parte, los dirigentes de la MUS enfatizaron que en Chile se están violando de manera sistemática los Derechos Humanos, no solo durante todo el estallido social, sino que es una política permanente de represión que se arrastra desde la dictadura cívico militar.

A su vez, criticaron duramente al gobierno por focalizar las respuestas de las demandas sociales en una materia estrictamente de orden público y su persistencia por criminalizar la protesta popular.