Mediante una carta firmada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, suscrita por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, y dirigida a los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Chile, las instituciones solicitan la conmutación de la prisión preventiva para más de dos mil quinientos personas presas en las cárceles del territorio, la mayoría jóvenes e incluso menores de edad.
En la carta se señala que “nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación con respecto a la situación que afecta los internos del sistema penitenciario chileno, y en especial a los jóvenes encarcelados en el contexto del denominado ‘estallido social’. Según informaciones oficiales, se estima que hay más de 2.500 personas imputadas en este marco. La mayoría son jóvenes, muchos de ellos menores de edad”.
Se señala también que “estos jóvenes fueron detenidos y posteriormente formalizados por delitos conectados con actos de protesta en un contexto de gran efervescencia social. Mantenerlos en prisión preventiva prolongada aparece como un castigo anticipado, dejando ver un fin ‘ejemplificador’”.
Añade la misiva que diversos organismos internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por la utilización indebida de cuerpos jurídicos –como la Ley de Seguridad del Estado-, lo que deja avizorar condenas desproporcionadas y permite que a muchos jóvenes se les apliquen varios cuerpos penales por la misma acusación.
Explica que “todos conocemos las precarias condiciones sanitarias y de hacinamiento en estructuras penitenciarias, propicias para un contagio masivo de la pandemia del Covid-19, tanto de los internos como de los funcionarios de Gendarmería. Es urgente evitar el riesgo vital al que se expone a estos jóvenes, prisioneros dentro de un contexto social y político específico”.
La reciente ley de Indulto Conmutativo ha incluido a 1.700 personas condenadas. Es un avance, pero no es suficiente para la realidad carcelaria del país. Las prisiones se verían descongestionadas si estos 2.500 jóvenes imputados pasaran a arresto domiciliario, medida consecuente con su derecho a la presunción de inocencia. Puesto que, en muchos de los casos, no se han esgrimido pruebas contundentes que justifiquen as acusaciones.
Ante esto, las organizaciones firmantes proponen y solicitan:
– Que el gobierno se retire como querellante de todas las causas alusivas al ‘estallido social’ y que no se apliquen leyes especiales fuera del derecho penal para facilitar el cambio de medida cautelar,
– Que el gobierno de Chile presente o apoye en el parlamento una ley que permita conmutar la prisión preventiva por una cautelar menos gravosa -como el arresto domiciliario total- para todos los jóvenes que se encuentran en las cárceles en razón del Estallido Social. Esto contribuiría a descongestionar los centros penitenciarios, facilitando a Gendarmería el control de la pandemia, y permitiría a estos jóvenes permanecer en sus hogares, a la espera del desarrollo normal de sus juicios.
