La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, repudia de la manera más enérgica la amenaza de muerte de que ha sido víctima Verónica Vilches, integrante del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) y presidenta del Comité de Agua Potable Rural (APR) San José, en la comuna de Cabildo, provincia de Petorca. La amenaza se materializó en un rayado anónimo estampado en las instalaciones del sistema de agua potable de la localidad.
Esta acción ha provocado alarma y motivado diversas muestras de solidaridad con la dirigente, dado que los hostigamientos y amenazas en contra de las y los defensores de los territorios y el medioambiente se han convertido en una práctica habitual en la zona. Desde 2017 Verónica Vilches y Rodrigo Mundaca, presidente de MODATIMA, vienen recibiendo constantes amenazas por parte de desconocidos, tras participar en una investigación realizada por el medio danés Danwatch, sobre el robo de agua en la Provincia de Petorca.
Es lamentable que el actuar de la justicia en estos casos resulte insuficiente y reactivo, no previniendo la situación de riesgo que sufren las y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Estos dirigentes legítimamente se oponen al saqueo del agua por parte de privados, al extractivismo y a la sobre explotación que pone en jaque el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente sano libre de contaminación y el derecho a la libre determinación de los pueblos, según el cual, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales (Artículo 1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). No olvidemos que sobre el Estado recae la responsabilidad de que estos derechos se respeten, al estar consignados en instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile.
A la vulneración constante y sistemática de vivir en territorios altamente degradados ambientalmente, o en las llamadas Zonas de Sacrificio, que ante la desidia y/o complicidad de las autoridades se traduce en una muerte lenta y sin salida, se suma la criminalización, amenazas de muerte y persecución de los defensores medioambientales de las comunidades. Nada más y nada menos que el derecho a la vida es el que se ve sistemáticamente transgredido.
Asimismo, debemos considerar que la sociedad civil en Chile ha demostrado activamente en las calles la necesidad de reivindicar derechos esenciales que históricamente han sido vulnerados, entre ellos, la importancia de avanzar en políticas públicas que permitan una adecuada preservación del medio ambiente y así, garanticen un acceso igualitario de los ciudadanos a su goce y disfrute de forma sustentable. Los sitios de conciencia, como promotores de los derechos humanos y la democracia, y en la necesidad de aportar a una civilidad activa y crítica, tienen la responsabilidad de hacerse parte de la discusión.
De esta forma, proponemos que se debe avanzar en una perspectiva de derechos, donde se pueda internalizar que la degradación ambiental por causas antrópicas es una vulneración a los derechos humanos básicos y que, por lo tanto, involucra al Estado en avanzar en una legislación e institucionalidad ambiental, así como de políticas públicas y un modelo de gobernanza que faciliten su rol garante al derecho humano de vivir en un ambiente sano, siendo fundamental la protección de las personas y sus comunidades, y en especial, a las y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
