El pasado 11 de enero, organizaciones de ex prisioneros políticos de la V Región efectuaron la manifestación número cien en contra de la estatua del almirante José Toribio Merino instalada en los jardines del Museo Marítimo de Valparaíso. Merino fue el principal instigador del golpe de Estado de septiembre de 1973 y no caben muchas dudas sobre el sentido provocador del monumento.  

Junto con la estatua, la Armada chilena habría erigido un busto del almirante  y en ceremonias internas de la institución se interpretarían temas claramente identificados con la dictadura, como la canción “Alborada” que exalta el golpe de Estado.

Por su parte la Fundación Memoria Histórica, encabezada por el abogado Luis Mariano Rendón, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el cual se impugna el homenaje responsabilizando  al almirante por las graves violaciones a los DDHH cometidas por esa institución. Cabe recordar que en 2019 esta Fundación logró que los tribunales obligaran al Ejército a retirar conmemoraciones al general Manuel Contreras, director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), responsable de numerosos y atroces crímenes contra la humanidad.

Mientras en Chile las organizaciones de ex prisioneros y de derechos humanos se manifiestan, intentando convencer a los jerarcas de la Armada de retirar los homenajes a Merino, en la localidad de Ariany, en Mallorca, España, militantes socialistas lograban la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que establece que los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. En esta ocasión le tocó el turno a una placa de homenaje a Franco y a una calle que llevaba el nombre de un cura franquista.

En Chile existen varias iniciativas legislativas para sancionar  el negacionismo e impedir homenajes como los que dedica la Armada al almirante Merino, pero ninguna ha prosperado por carecer del apoyo de los gobiernos que controlan la agenda legislativa. Esto podría variar en el gobierno de Gabriel Boric, cuyo flamante jefe de gabinete, el abogado Matías Meza-Lopehandía ha participado activamente en la discusión de este tipo de normas en su calidad de asesor legislativo.

La desfachatada estatua de Merino no solo representa un homenaje improcedente, sino una acción de deliberación política de una institución armada y una intolerable alianza con la extrema derecha civil y empresarial quienes financiaron el controvertido monumento. Una legislación que impida estas conductas y alianzas sin duda sería de mucho beneficio para avanzar en torno a la “despinochetización” de las fuerzas armadas y de orden.