Las nuevas querellas criminales fueron interpuestas por ex presos y presas políticas que estuvieron confinados en distintos campos de concentración y recintos clandestinos a partir del 11 de septiembre y buscan castigar de manera ejemplar la práctica de la tortura, el principal eje de la estrategia terrorista de la dictadura cívico-militar. Los libelos son patrocinados por el Equipo Jurídico de CODEPU.
Entre los querellantes que acompañaron la presentación del escrito ante la Corte de Apelaciones este viernes 13 de mayo, se encontraban ex presos del Estadio Nacional, también de “Venda Sexy”, Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas, el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto, el Cuartel República de la CNI y al menos dos comisarías de Carabineros respectivamente. Una querella similar, pero ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, se interpondrá por parte de prisioneros que estuvieron en manos de militares en el Cerro Chena.
El grupo de querellantes, cuyas edades al momento del golpe variaban entre 16 a 30 años, buscan en primer lugar conocer la identidad de quienes fueron sus torturadores y que sean sancionados con todo el rigor de la ley. La mayoría de estos detenidos (as), trabajadores (as), dirigentes sociales y estudiantiles, fueron capturados en allanamientos a fábricas y poblaciones o seleccionados en listas negras, confeccionadas con la complicidad de civiles partidarios del golpe. En sus casos se verifica una directa intención de castigar y reprimir a quienes habían tenido un rol de liderazgo social y/o de apoyo al proceso de la Unidad Popular.
Las querellas describen torturas brutales, como la ocurrida en el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto, donde una chica liceana de 16 años fue mantenida desnuda durante casi 15 días, aislada y fue objeto de diversos abusos de connotación sexual por sus captores.
Cabe señalar que esto arroja luces sobre un tema no judicializado hasta ahora, como fue el uso del Regimiento Ferrocarrilero de Puente Alto y de la Escuela de Infantería de San Bernardo, para fines de reclusión y tortura.
El Equipo Jurídico de CODEPU se encuentra optimista del resultado de esta querella, a pesar que los hechos ocurrieron hace más de 40 años. Se trata de delitos de lesa humanidad, que según el derecho internacional son imprescriptibles. A su vez, los juristas hacen notar el cambio en el Poder Judicial, que hace posible que los ex prisioneros/as tengan un poco más de confianza y estén dispuestos a contar ante los tribunales, las brutales prácticas a las que fueron sometidos, aunque eso implique revivir el trauma.
La tortura, el pilar del terrorismo de Estado.
Se estima que en los 17 años de la dictadura cívico-militar, miles de hombres y mujeres, militantes de partidos políticos o sin militancia, sufrieron la práctica de la tortura a manos de agentes del Estado que se extendió a lo largo de todo el país, afectando a muchos más ciudadanos que los 40 mil validados por la Comisión Valech. Hay cálculos que hacen variar esta cifra entre 150 a 200 mil chilenos torturados en distintos grados y circunstancias.
Para CODEPU, la estrategia fundamental de la dictadura para imponerse y sembrar el terror, fue la tortura. Es el corazón de la estrategia terrorista del régimen cívico-militar y las querellas presentadas son una oportunidad de visibilizar el flagelo y de demostrar que no se trató de una práctica focalizada hacia militantes de partidos, para extraerles información, sino también a dirigentes sociales y personas sin militancia, a quienes se sometió a tratamientos violentos y sádicos como una forma de intimidar a la ciudadanía en su conjunto. De ahí la importancia de estas querellas con las cuales se busca saldar cuentas con el pasado, pero también combatir la tortura en el presente y hacia el futuro. Estos delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes.
Soledad Castillo, Juanita Méndez e Hiram Villagra, integrantes del Equipo Jurídico de CODEPU
