Luego de casi tres décadas de interpuesta la querella y a 41 años de ocurridos los asesinatos de seis integrantes de la familia Gallardo, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo de primera instancia que condenó a los autores de estos crímenes y obligó al Estado a indemnizar a los familiares.
Alberto Rodríguez Gallardo valoró el fallo pero hizo notar su frustración por el tiempo transcurrido. “La justicia ha tardado demasiado dejándonos la duda si después de tanto tiempo podemos hablar de justicia en nuestro país” manifestó.
En julio de 2015 el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó sentencia de primera instancia en contra de cinco miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como responsables de los homicidios calificados de seis integrantes de la familia Gallardo, perpetrados en noviembre de 1975. Estos asesinatos fueron encubiertos, con la colaboración de la prensa y la televisión de la época, como muertes en un supuesto enfrentamiento con agentes de la DINA en Rinconada de Maipú.
Este 30 de mayo, a 28 años de entablada la querella y a 41 de ocurridos los crímenes, la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo de primera instancia, dando por finalizada una etapa crucial del juicio contra la cúpula de la DINA por estas atrocidades.
Para Alberto Rodríguez, vicepresidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, el fallo emitido este miércoles, luego de casi tres décadas de haberse interpuesto la querella, revela las amarras que dejó la dictadura y que influyeron en el actuarde la Justicia. “Esta resolución para nosotros resulta insuficiente. Se condena a solo seis perpetradores, de los cuales dos han fallecido: Manuel Contreras y Marcelo Morén Brito. La justicia ha tardado demasiado dejándonos la duda si después de tanto tiempo podemos hablar de justicia en nuestro país».
“Valoramos el trabajo de los ministros que han estado a cargo de esta causa -señala Rodríguez-, pero creemos que el tiempo transcurrido ha jugado a favor de los asesinos más que de nosotros, los familiares de las víctimas. Hay juicios que han durado mucho más que las penas finales. Cerca del 40% de los condenados por delitos de lesa humanidad cumplen penas remitidas o en condiciones de libertad vigilada. Los perpetradores confinados en Punta Peuco cumplen sus condenas en una cárcel construida especialmente para ellos, con comodidades que no tiene el resto de la población penal “ afirma el integrante de la familia Gallardo.
Una afrenta
Alberto Rodríguez hace notar que sólo el 7 por ciento de los restos de detenidos desaparecidos han sido encontrados e identificados, cifra que demuestra el grave déficit de verdad y justicia en el país. Esto lo hace reaccionar con energía frente a quienes pretenden favorecer a los ex uniformados y tratan de señalar como “incivilizados” a quienes rechazan que se les otorguen beneficios carcelarios como si fuesen reos comunes. “Entonces que ahora se pretenda engañar a la opinión pública, promoviendo consideraciones y tratos especiales hacia estos asesinos es una verdadera afrenta para las víctimas, para sus familias y para la sociedad toda” concluyó el vicepresidente de Villa Grimaldi.
Familia Gallardo, las nuevas generaciones
