por Ernesto Carmona *
Recordarán la memoria de 28 estudiantes y académicos de la Pontificia Universidad Católica asesinados o hechos desaparecer por la dictadura militar de 17 años establecida por los mismos grupos económicos y políticos civiles que gobiernan de nuevo Chile, e inicialmente incluso por el ahora opositor Partido Demócrata Cristiano, PDC. Tras una indiferencia de más de tres décadas de esa casa de estudios respecto a la suerte de estos miembros de la comunidad universitaria, las víctimas serán recordadas por segunda vez en un recinto universitario católico el jueves 17 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Campus San Joaquín, Vicuña Mackenna 4860, en una ceremonia organizada por el Colectivo Memoria PUC, integrado por exalumnos de los años 60/70, y la Federación de Estudiantes de la Católica, FEUC.
El acto de recuerdo incluirá una misa en memoria oficiada por el Vice Gran Canciller de la Universidad, Presbítero Cristián Roncagliolo, y el Vicario Episcopal para la Educación, Presbítero Tomás Scherz. Tras la misa se inaugurará una placa memorial de los 28 jóvenes estudiantes y académicos en el frontis de la oficina sede de la FEUC, para concluir con un acto musical.
Ruptura con un tabú
En la PUC ahora soplan otros vientos políticos, como lo demuestra la activa participación de su Federación de Estudiantes en el conflicto estudiantil en curso hace más de 6 meses, bajo el liderazgo de Giorgio Jackson, quien no postuló a la reelección, cuya segunda vuelta se realiza hoy martes. Noam Titelman, de Nueva Acción Universitaria (NAU), el mismo grupo de Jackson, compite con el derechista pro gobierno Juan José Silva, del Movimiento Gremial (MG), alentado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), que convirtió a la PUC en el “think tank” de la dictadura.
La PUC fue históricamente la cuna formadora de la clase política de las dos facciones de la derecha conservadora que hoy gobiernan Chile con Sebastián Piñera, la alianza UDI y Renovación Nacional (RN). Casi todos los ministros y altos funcionarios del actual gobierno se formaron en las aulas de la PUC y después cursaron el clásico postgrados en universidades emblemáticas del capitalismo estadounidense, Harvard, Yale, Chicago y otras. La Escuela de Economía de la PUC suscribió tan temprano como en 1956 el convenio con su homónima de la Universidad de Chicago que bajo la dictadura introdujo en Chile por la fuerza el modelo neoliberal que tiene en problemas a Piñera y a sus seguidores de todo el planeta.
La desaparición y/o muerte de estas 28 personas fue un tabú jamás reconocido por las autoridades de la Católica. Incluso, desapareció misteriosamente una placa recordatoria informal ubicada en la cafetería de la escuela de sociología, pero al parecer el grabado resultó molesto porque nadie supo cuándo, por qué, ni quién lo retiró. En 2007 hubo una misa y eso fue todo… Pero hace poco más de un año, el 6 de octubre 2010, este mismo Colectivo Memoria PUC, junto al académico Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia y ex profesor de esa casa de estudios, presentaron el libro “Una luz sobre la sombra: detenidos desaparecidos y asesinados de la Pontificia Universidad Católica de Chile”, que en 180 páginas refleja una investigación del equipo editor y de la periodista/escritora Nancy Guzmán, con prólogo del historiador Salazar y diseño gráfico y portada de José Bórquez. La presentación de ese libro fue la primera actividad en memoria de estas 28 víctimas realizada oficialmente en un recinto de la PUC, gracias al interés de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios, presidida entonces por Joaquín Walker.
¿Quiénes fueron “los 28”?
Entre las víctimas se encuentran talentosos jóvenes, como las (os) periodistas Diana Arón y Eduardo Jara, la incipiente cinematografista Carmen Bueno y su pareja, el documentalista Jorge Hernán Müller Silva –camarógrafo de la trilogía “La batalla de Chile”, de Patricio Guzmán–, el estudiante de ingeniería Allan Bruce, el profesor de inglés Alejandro Ávalos, el pedagogo y ex sacerdote Omar Venturelli y otras vidas truncadas. El ex fiscal del ejército Alfonso Podlech, abogado y terrateniente anticomunista que envío a la muerte a Venturelli y a decenas de personas en la Araucanía-Temuco, estuvo preso en Italia desde 2006, juzgado por un tribunal que investiga el asesinato de éste y otros ciudadanos de origen italiano ultimados en Chile, Argentina y Uruguay, pero resultó “absuelto” en julio de 2011, aunque la Fiscalía italiana pidió cadena perpetua.
Cinco víctimas –Ismael Chávez, María Teresa Eltit, Ángel Guerrero, Samuel Lazo y Ernesto Ríos– estudiaban en el Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC), que nació en 1968, con la Reforma Universitaria y el primer rector laico de la PUC, Castillo Velasco, para dar educación gratuita a hijos de obreros y campesinos, tal como otros programas de las universidades de Chile, Técnica del Estado y Federico Santa María dirigidos a trabajadores y alumnos pobres que recibían formación en carreras técnicas de alto nivel. Al año de fundarse, el DUOC tenía 475 alumnos y siguió creciendo, pero hoy la educación debe pagarse.
Entre las víctimas figuran también Eugenio Ruiz Tagle-Orrego, ingeniero civil y militante del Mapu, pariente del ex presidente y actual senador demócrata cristiano Eduardo Frei R-T, quien perdió las elecciones ante Sebastián Piñera. Sus ideas políticas condujeron a todas las víctimas de la Católica a militar o simpatizar con los diferentes partidos y movimientos que caracterizaron la diversidad política de la época que marcaron la presidencia de Salvador Allende (1970-1973) y el ascenso de las luchas sociales en Chile en la década del 60.
Según el orden alfabético de sus apellidos, las víctimas cuya memoria se recuerda en la PUC son Diana Frida Arón Svigilsky, Alejandro Ávalos Davidson, Jenny del Carmen Barra Rosales, Leopoldo Raúl Benítez Herrera, Patricio Biedma Schadewaldet, Alan Roberto Bruce Catalán, Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Mauricio Jean Carrasco Valdivia, María Teresa Eltit Contreras, Ismael Darío Chávez Lobos, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, Ignacio Orlando González Espinoza, Luis Enrique González González, José Eduardo Jara Aravena, Juan Alberto Leiva Vargas, José Patricio del Carmen León Gálvez, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Enrique López Olmedo, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Jaime Ignacio Ossa Galdámez, Ernesto Igor Ríos Céspedes, Alicia Viviana Ríos Crocco, Juan Carlos Rodríguez Araya, Eugenio Ruiz Tagle Orrego, Enrique Antonio Saavedra González, Jilberto Patricio Urbina Chamorro, Omar Roberto Venturelli Leonelli y Héctor Patricio Vergara Doxrud.
De las víctimas, 5 pertenecieron al Mapu, 2 al PC, 1 al partido Socialista, 18 al MIR y el resto no registran militancia específica, como Ernesto Ríos, de 18 años, muerto en 1986 de un balazo en el cráneo disparado desde un helicóptero mientras presenciaba una protesta popular en su barriada. También hay tres extranjeros, como el sociólogo Enrique López Olmedo, nacido en España, y el arquitecto Patricio Biedma, oriundo de Buenos Aires, quien terminó sus estudios en la Católica, y se quedó a vivir y trabajar en Chile, tras huir de la dictadura argentina de Juan Carlos Onganía. Su asesinato secreto, al igual que la desaparición de otras 118 personas, fue enmascarado por la Operación Colombo del Plan Cóndor, con el montaje periodístico de un falso enfrentamiento “en las pampas argentinas” en que murieron 119 supuestos refugiados izquierdistas provenientes de Chile. Esta colosal mentira fabricada por los diarios de las cadenas El Mercurio, La Tercera y otros grandes medios, con la complicidad de ciertos periodistas de la época, también es conocida como el caso de “Los 119”.
Otro episodio terrorífico sesgó la vida del joven boliviano Enrique Saavedra, 18, quien jamás mostró ningún interés por la política. Sólo viajó a Chile para formarse como ingeniero comercial en la PUC, que ya había se había hecho famosa por su adscripción a las teorías neoliberales que impartía la escuela de economía de la universidad de Chicago. Alcanzó a aprobar el primer semestre en 1973 y con su primo Ramiro Carlos González enfrentaban la aventura de vivir solos en un hotel céntrico de la capital chilena. Cuatro días después del golpe del 11 de septiembre de 1973, salieron a caminar por las calles, a curiosear y comprar alimentos, tras el prolongado toque de queda impuesto por el nuevo gobierno. Jamás reresó a su hotel, al igual que el primo. Nunca más se supo de ellos. Tampoco apareció cadáver alguno, ni hubo causa judicial. Pasaron al olvido como si nunca hubieran existido.
La única explicación de esta desaparición es la fobia racista contra los extranjeros estandarizada por los militares como pilar ideológico del golpe contra Allende “para defender la patria amenazada por el comunismo internacional”. Las fantasías castrenses pregonaban el mito de un ejército secreto de 10.000 checoslovacos, húngaros, cubanos, etc., y toda clase de “comunistas” empeñados en dominar el país. Cualquier latinoamericano sospechoso de “tropical”, o que hablara de manera distinta al chileno, se convirtió en un peligroso “comunista cubano”, aunque fuera brasilero o centroamericano, y si era negro, peor. Por lo demás, desde la expansión territorial chilena conquistada en la llamada Guerra del Pacífico de 1879, los bolivianos siempre han padecido en Chile la xenofobia racista subyacente en la propaganda de una clase propietaria bicentenaria.
Empatía PUC-dictadura
La PUC, que se llama Pontificia porque pertenece al Vaticano, fue un importante soporte ideológico y teórico de los militares. La universidad jamás mostró interés en rescatar la memoria de estos 28 miembros de la casa de estudios, en contradicción con el innegable esfuerzo de 17 años de la jerarquía católica por “dar voz a quienes no la tienen” defendiendo los derechos humanos de las víctimas de la dictadura (1973-1990) a través de la Vicaría de la Solidaridad. La facultad de economía de la PUC motorizó las teorías político-económicas acuñadas por Milton Friedman en la Universidad de Chicago, que del debate académico pasaron a implantarse por la fuerza en Chile sobre una clase trabajadora incapaz de defenderse de la feroz represión castrense, en el primer experimento neoliberal de la historia contemporánea en todo el mundo.
Muchos académicos de la facultad de economía de la PUC se convirtieron en millonarios, ministros y altos cuadros del aparato económico-financiero del estado, que bajo la dictadura militar privatizó todas las empresas públicas, incluida la línea aérea LAN, que al cabo de los años terminó en manos de Sebastián Piñera. El mayor aporte teórico de esos ingenieros comerciales fue un pesado texto fundamentalista de teoría económica neoliberal apodado “El Ladrillo”, que se convirtió en el catecismo de la dictadura.
En el ámbito jurídico, el académico de derecha Jaime Guzmán, ideólogo del régimen militar, muy cercano a Pinochet y profesor de derecho de la Católica, fundador del movimiento de extrema derecha que se hace llamar “gremialismo”, fue uno de los forjadores de la constitución impuesta por la dictadura en 1980, después de gobernar 7 años sin ninguna carta fundamental. Esta constitución sigue vigente en Chile gracias al maquillaje de sucesivas modificaciones que más bien legitimaron una carta caduca que sólo refleja los intereses de la clase política. Algunos profesores, como el abogado y ex senador UDI Carlos Bombal, incluso ayudaron a la DINA a capturar y torturar a sus colegas y alumnos de ideología izquierdista.
“Son conocidos los casos del abogado Carlos Bombal, que ayudó a la DINA en la detención de Alejandro Ávalos Davidson,
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* Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).
