Presentación del libro de Tania Tamayo Grez «Caso Bombas, la explosión en la Fiscalía Sur»
Sergio Grez T.
Historiador
Estamos ante un libro de palpitante actualidad. «Caso Bombas. Explosión en la Fiscalía Sur» de Tania Tamayo Grez devela con gran rigor y lujo de detalles el más grande escándalo (y fracaso) judicial de los últimos tiempos en Chile.
Pero esta obra no solo es importante porque desmonta paso a paso la sórdida maquinación del poder y de algunos de sus agentes más serviles del aparato político, policial y judicial en contra de víctimas propicias (por la tipificación de okupas y anarquistas como encarnación del mal, de las fuerzas disolventes del orden social y de la contestación política), sino también porque al develar una operación que pretendió ser cuidadosamente preparada (pero que terminó en un fiasco total), podemos vislumbrar aspectos sustantivos de un modo de operar de los poderes fácticos en la sociedad chilena actual.
Con el trabajo de Tania Tamayo sobre el “caso bombas” una buena parte de nuestro sistema político y judicial queda al desnudo. Porque su obra demuestra la porosidad de las fronteras entre los poderes del Estado, especialmente entre el Ejecutivo y el Judicial, quedando al desnudo el mito de la separación de poderes tan asentado en los discursos hegemónicos de los políticos profesionales y de los grandes medios de comunicación. También queda en evidencia el rol servil y acomodaticio de los principales medios de comunicación, su sumisión frente al poder, su monstruosa capacidad de manipulación, intoxicación de las conciencias y desinformación de la ciudadanía. Igualmente permite apreciar las grandes posibilidades que ofrece nuestro sistema político y judicial para que oscuros personajes, eminentes mediocridades, hagan lucrativas y mediáticas carreras a condición de actuar de manera inescrupulosa y obsecuente con los dictados de los poderosos.
Así, por ejemplo, Tania Tamayo nos cuenta como el anti-héroe de esta historia verdadera (de cuyo nombre no quiero acordarme), antes de ser fiscal fue un abogadillo mediocre, titulado en una Universidad de tercera categoría (de esas de lucro, por suerte ya desaparecida, uno de cuyos propietarios fue un general rastrero, uno de esos que desangraron Chile durante casi diecisiete años). Un abogadillo que cuando fue fiscal nunca litigó, pero que hizo permanente gala de gran olfato mediático para impresionar a los administradores del poder político (hay que reconocer que lo logró ya que a pesar de la crónica anunciada de su fracaso judicial, recibió como recompensa por su obediencia un jugosísimo cargo -con sueldo equivalente al de un parlamentario o un ministro de Estado en el Ministerio dirigido por quien dirigió la mise en scène de esta triste comedia mediático-política-judicial).
Pero para evaluar el gran valor de esta obra (una excelente muestra del periodismo crítico, del periodismo de investigación sobre temas trascendentes, género muy escaso en nuestro país), es preciso situarse más allá de sus personajes y del propio “caso bombas”. Ya decía que el libro de Tania Tamayo es también un juicio al sistema político y judicial resultante de la “transición chilena”. Porque a estas alturas no debería extrañarnos que en el Chile actual –cuyo marco político fue el fruto de una negociación a espaldas de la masa ciudadana entre representantes de la dictadura pinochetista y dirigentes de la oposición moderada a ese régimen- las limitaciones a las libertades democráticas y los actos ilegales de autoridades y agentes del Estado sean pan de cada día. Cualquier observador medianamente perspicaz puede darse cuenta que el “enemigo interno” sigue siendo el objetivo principal del celo represivo del Estado chileno. Así como en el siglo XIX este “enemigo interno” estuvo personificado por los “rotos alzados” y en el siglo XX por los anarquistas, comunistas, “subversivos”, “marxistas” y ”extremistas” de variada índole, desde 1990 lo han sido también los “subversivos”, junto a “terroristas”, “anti-sociales” y “delincuentes”, conceptos flexibles que se aplican de manera separada o en amalgama, según las coyunturas y designios del poder, a mapuches, okupas, anarquistas, jóvenes populares y variadas categorías de izquierdistas o, simplemente, a personas o grupos que manifiesten comportamientos disruptivos frente al actual orden social.
El carácter de la transición chilena –“amarrada” y vigilada por los poderes fácticos y con desmovilización social alentada por el bloque concertacionista que gobernó el país durante veinte años- ha dado como resultado una democracia restringida, tutelada y de baja intensidad, que ha mantenido y reforzado las bases del modelo de economía y sociedad neoliberal. Las decenas de personas ejecutadas por las fuerzas represivas del Estado en “enfrentamientos” y en movilizaciones sociales desde 1990 hasta nuestros días (en su inmensa mayoría bajo los gobiernos concertacionistas), la fuerte represión a las manifestaciones de protesta social, la inveterada costumbre policial de torturar, vejar y abusar de su poder, y la actuación igualmente abusiva e ilegal de policías y fiscales que recurren a montajes para incriminar y condenar a sus perseguidos (como si tuviesen que llegar a toda costa a una “cuota” de condenados para afirmar sus grises carreras profesionales), la intervención descarada de altos representantes del poder político (como el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter) en montajes policíacos en concomitancia con los servicios de espionaje e inteligencia de una potencia extranjera (los Estados Unidos) para acusar y condenar a inocentes (como el pakistaní Saif Khan), son elementos congruentes con el carácter de la transición política que se dio en Chile en la fase de declive de la dictadura, el tipo de Estado, de democracia y de modelo económico y social que existe en la actualidad. Al igual como lo fue, hace algunos años, la solicitud de ayuda del entonces Ministro del Interior concertacionista Edmundo Pérez Yoma a los servicios de inteligencia de la misma potencia imperial para combatir la “subversión” mapuche, como quedó al descubierto en los documentos secretos norteamericanos publicados por Wikileaks.
La democracia tutelada así lo exige. Primero fueron los “subversivos” de los años 90, ahora son los mapuches, anarquistas, “terroristas”, estudiantes y “delincuentes”. Mañana serán otros los que encarnarán al “enemigo interno”. La amalgama reduccionista, reiterada y machacada por los políticos del sistema y los medios de comunicación, siempre da buenos resultados. Al menos mientras no exista suficiente masa ciudadana con sentido crítico y reflexivo.
Ante esto, surgen muchas interrogantes: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos que logramos percibir estas realidades y que no disponemos de los recursos del poder económico y político? ¿Cómo impedir tanto abuso y prepotencia del poder del Estado y sus representantes?, ¿Qué caminos escoger para que nuestras acciones sean útiles y no meros ejercicios testimoniales?, ¿Cómo evitar que nuestros propios actos sirvan a los propósitos de quienes se proponen criminalizar y judicializar las protestas sociales? ¿Qué hacer para que las libertades se amplíen y no disminuyan?
La respuestas son ciertamente complejas, pero tengo la convicción de que solo la lucha democrática, intransigentemente democrática, de la mayoría oprimida, explotada y perjudicada de diversas maneras por el actual sistema puede ser el punto de partida de futuros proyectos de emancipación. La movilización militante con apoyo social por la defensa del debido proceso, de las garantías judiciales y de los Derechos Humanos de los presos y detenidos; por el respeto a la presunción de inocencia hasta prueba de contrario; por la salvaguardia del honor de los acusados, y contra los montajes policiales y judiciales, son algunos de los combates que hoy se pueden dar en esa perspectiva. Los ejemplos de las luchas desarrolladas por los presos políticos mapuches y por los acusados en el “caso bombas”, sus organizaciones, familiares y redes de apoyo, indican el camino. Los montajes judiciales comienzan a desmoronarse. Los montajes que puedan surgir en el futuro deberán ser objeto de la crítica demoledora de la inteligencia y movilización ciudadanas.
En esas luchas, los intelectuales que no se han convertido en “científicos asépticos” o en consiglieri estipendiados del Príncipe, deberían hacer oír su voz. Caso Bombas. La explosión en la Fiscalía Sur es un excelente ejemplo de lo que pueden hacer los intelectuales críticos. ¡Felicitaciones a su autora!
Santiago, Parque por la Paz Villa Grimaldi, 11 de agosto de 2011.
