La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi une su voz a la de diversos organismos humanitarios internacionales que expresan preocupación y alarma por las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Colombia. Bajo órdenes del gobierno, la policía y el ejército han ejercido una violenta represión en contra de la ciudadanía, intentando sofocar la protesta desatada tras el intento del presidente Duque de imponer su cuestionada reforma tributaria.

No hay cifras oficiales y es difícil consolidarlas ya que la protesta se ha verificado en todo el país, pero según los últimos datos entregados por la Defensoría del Pueblo, habrían al menos 19 muertos, 89 desaparecidos y miles de heridos a manos de las instituciones policiales. Por otro lado, la ONG Temblores señala cifras mucho más alarmantes: 31 homicidios, 21 víctimas de agresiones a los ojos y 10 víctimas de violencia sexual.

La comunidad internacional debe reaccionar rápida y enérgicamente a fin de presionar al gobierno colombiano de desistir del uso de la fuerza armada para aterrorizar a la población. De no proceder con diligencia se incrementará la violencia y los abusos infligiendo una herida grave al ya complejo proceso de paz y al fortalecimiento de la democracia en Colombia.

Los estallidos de Colombia y Chile

Ver las manifestaciones de los movimientos sociales colombianos en contra del gobierno de Álvaro Duque es recordar el estallido social chileno de octubre 2019. Ambos contextos son similares, el alza del pasaje de Metro en Chile y el intento de reforma tributaria de Duque fueron solo los detonantes de una rabia acumulada por décadas, generada por la aplicación en ambas naciones de un modelo económico explotador cuyas ganancias se las llevan las corporaciones y los multimillonarios, mientras que las crisis las pagan los ciudadanos más vulnerables.

Oficiales del ESMAD colombiano, filmando la represión de Carabineros en contra de una manifestación estudiantil en Plaza Italia, Chile el año 2012

Pero hay otras similitudes y vínculos preocupantes entre ambas situaciones. Por ejemplo, la actuación brutal de la policía y de su fuerza ariete, el Escuadrón Móvil Antidisturbios Colombiano (ESMAD), símil de las Fuerzas Especiales chilenas. Incluso, las fotos incluidas en este artículo muestran a oficiales del ESMAD filmando la actuación de Carabineros frente a una protesta del año 2012. Al igual que en nuestro país su accionar en conjunto con el ejército se ha traducido en más de una veintena de muertos, cientos de arrestados y violentados y cientos de heridos, entre ellos víctimas de trauma ocular por uso de escopetas antimotines.

Las autoridades colombianas intentan criminalizar la protesta social, atribuyendo las movilizaciones a entidades terroristas contra las cuales se declara la guerra, incentivando a los uniformados a disparar contra las multitudes. En Chile el presidente Piñera tuvo un discurso similar, cuya prédica guerrera tuvo consecuencias fatales y lo dejó obligado a desdecirse.

En Colombia la declaración belicista corrió por cuenta del ex presidente y actual líder del partido gobernante Álvaro Uribe, quien además alude a una supuesta “revolución molecular disipada” en marcha en el país caribeño. Uribe toma prestado un concepto desarrollado por el activista neonazi chileno Alexis López, a quien se le vincula a la  Asociación por la Paz y la Reconciliación por La Araucanía (APRA) una entidad de hacendados y transportistas que propicia la militarización total del territorio mapuche y el armamentismo civil para enfrentar al pueblo mapuche que demanda su autonomía. Es necesario identificar estas relaciones entre gobernantes y movimientos ultraderechistas, sobre todo en un contexto de auge de la movilización social en el mundo, lo que puede llegar a tener graves consecuencias como las vistas en Colombia.

De no mediar una enérgica acción de los organismos internacionales de derechos humanos, decenas de colombianos seguirán muriendo y siendo violentados a manos de uniformados incentivados a ejercer violencia extrema por parte de gobernantes que se inspiran en teorías conspirativas y conceptos como el desarrollado por el neonazi chileno mencionado anteriormente.

Mariana Zegers Izquierdo, secretaria general de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, emitió una declaración denunciando las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, que ocurren en un contexto aun más complejo por la crisis sanitaria en que se encuentra el país.