“Celebramos la promulgación de la ley 21.154 que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura”, expresó Álvaro Ahumada San Martín, Presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, en el acto de promulgación de la ley que designó al INDH como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPT).

Indicó que la promulgación constituye “un gran avance en el ámbito del respeto a los derechos humanos en nuestro país, no obstante, en este ámbito, se han producido algunos hechos en el país que nos preocupan”. Expresó que por ejemplo de esto es “la carta que el Ejecutivo, junto a otros gobiernos de la región, entregó al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… olvidando que frente a la persecución del Estado deben existir instancias  autónomas que puedan acoger denuncias sobre violaciones de los derechos humanos”.

Recordó también que el Ejecutivo ha decidido postergar la firma del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Indicó Ahumada que la no firma restringe “el derecho ciudadano para participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, y que los Estados establecerán en su legislación nacional los mecanismos que aseguren el acceso a la justicia en temas ambientales”.

Mencionó también la no firma del Pacto Mundial para la Migración que fomenta la Organización de Naciones Unidas (ONU), que es el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados.

En su intervención, señaló que “vemos con preocupación que ciertas fuerzas políticas están llevando a cabo un discurso de desprestigio de los derechos humanos a nivel internacional y nacional: buscan ideologizarlo, politizarlo en el mal sentido, intentando imponer su propia ideología. Todo lo cual va minando la confianza en las elites, en tanto se va incrementando la sospecha que, en algunos casos, algunas pregonadas defensas de tales derechos no pasan de ser meros instrumentos para alcanzar otro tipo de objetivos”.

Consuelo Contreras, directora del INDH

Por último manifestó que “nuestra democracia se ha ido debilitando por la falta de participación ciudadana en temas relevantes, por la tutela del Tribunal Constitucional, por la corrupción que se va entronizando en los poderes del Estado y en algunas instituciones fundamentales de la República”. Agregando que “resulta imperativo, por tanto, resguardar y fortalecer la democracia teniendo como base el pleno respeto de los derechos humanos”.

Por su parte la directora del INDH, Consuelo Contreras, consideró la promulgación un avance sustantivo en la lucha contra la tortura, indicando que “no pensábamos que en democracia volveríamos a presenciar episodios de tortura en modalidades distintas a las utilizadas en dictadura, pero tortura al fin y al cabo”. Ejemplificó los graves casos de tortura y tratos crueles y degradantes verificados en cárceles tanto para hombres como para mujeres o el maltrato que recibió el adolescente que acompañaba al comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Contreras manifestó que “la tortura constituye una de las violaciones más graves a la dignidad e integridad de las personas, no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia y por tanto combatirla se ha convertido en un imperativo tanto en el derecho internacional como en el derecho interno.

Entre otros, asistieron a la promulgación de la ley, Lorena Recabarren, Subsecretaria de Derechos humanos del Ministerio de Justicia; el diputado Tucapel Jiménez, y la Premio Nacional de Derechos Humanos, la abogada Fabiola Letelier Del Solar.

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Consuelo Contreras, directora del INDH

Lorena Recabarren, Subsecretaria de Derechos Humanos