Mediante una declaración la familia Gallardo Moreno recordó a 44 años -19 de noviembre de 1975- el asesinato de Catalina Gallardo, Alberto Gallardo, Roberto Gallardo, Mónica Pacheco, Rolando Rodríguez, y de  Luis Gangas, Manuel Reyes y Pedro Cortés, en el caso del Montaje de Rinconada de Maipú. 

En su texto, los familiares indican que “este año vemos con horror que los esfuerzos para que nunca más se volvieran a cometer los crímenes de lesa Humanidad, fueron infructuosos. Ha transcurrido un mes desde el estallido social en el que el pueblo en su conjunto dijo ¡basta de abusos!, y el mal gobierno en vez de acoger las justas demandas populares, ha escalado en violencia y represión, lo que se ha traducido en muertes, desapariciones, torturas, violencias político sexuales, detenciones ilegales, mutilaciones, montajes, maltratos y vejámenes”.

Expresan su solidaridad “a quienes han sufrido en carne propia la violencia estatal y las familias que claman justicia por la muerte de sus seres queridos, en particular a aquellas que desconocen cómo ocurrieron los hechos desencadenantes de esas muertes. Sabemos por experiencia propia, que el camino por obtener justicia en Chile es lento y fatigoso cuando no perteneces al selecto grupo de la élite nacional, porque en nuestro país la justicia también tiene sesgo de clase”.

Señala el texto que “nos sumamos a las demandas de justicia social, traducidas en pensiones, sueldos, salud, educación y viviendas dignas para todas y todos los habitantes del país; que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en ambientes libres de contaminación y consuman alimentos sin modificaciones genéticas. Que el agua, cobre, litio y demás recursos naturales sean nacionalizados. Queremos que se deje de atacar personas por su condición e identidad de género y que las mujeres de cualquier edad puedan caminar tranquilas por cualquier calle del país sin miedo a ser acosadas, maltratadas o violentadas. No queremos que exista una justicia para ricos y otra para pobres. También solidarizamos con las comunidades indígenas del país que han sido maltratadas y perseguidas desde tiempos inmemoriales”.

En su declaración los familiares exigen se asuman las responsabilidades políticas y penales por la violación sistemática a los derechos humanos, y que se decreten sobre Chile las sanciones internacionales correspondientes, por la violación de derechos humanos como una práctica del Estado chileno.   

Por último plantean que abra una Comisión de Verdad y Justicia que dé cuenta de las cifras exactas de la violencia estatal, sus características y sus responsables, que esta vez no esconda sus nombres por cincuenta años y que comprometa una integral y real reparación a las víctimas.