La actual campaña para liberar a perpetradores, encarcelados en Punta Peuco, se estima una de las más violentas en contra de las víctimas de la dictadura. A pesar del tono pausado y voz meliflua del religioso que la encabeza, ha buscado, por un acto de manipulación mediática, convertir a las víctimas en victimarios, a los criminales en ancianos desvalidos y al acto de demandar justicia en una acción de venganza.
No es la primera vez que las organizaciones y juristas de derechos humanos enfrentan obstáculos a la justicia. Tampoco la primera vez que se deben movilizar e ingeniar metodos para lograr justicia, solo que esta oportunidad luchan contra el tiempo y la impunidad biológica ad portas.
La larga marcha por la verdad y la justicia
Llegar a encarcelar a un puñado de perpetradores en el penal de Punta Peuco no ha sido fácil. El recinto y sus huéspedes representan más de cuarenta años en que los familiares de las víctimas y las y los sobrevivientes se han confrontado con diversos mecanismos de impunidad dispuestos por el Estado chileno.
Primero debieron vérselas con un Poder Judicial cómplice de la dictadura, que sistemáticamente denegó justicia y amparo. Luego vino la ley de amnistía de 1978 y -a reglón seguido-, la radicación de las causas por derechos humanos en una justicia militar coludida con los victimarios. Esto obligó a las organizaciones de familiares y a los juristas a esmerarse para lograr llevar las causas a la justicia ordinaria y salvar la barrera de la amnistía. En parte se logró por la vía de calificar la desaparición forzada como un “secuestro permanente” y luego que se juzgaron las ejecuciones políticas como crímenes de lesa humanidad y en esa calidad fuesen imprescriptibles e inamnistiables.
Pero, no tardaría mucho en surgir una nueva forma de impunidad, cuando los tribunales comenzaron a aplicar penas ridículamente bajas y desproporcionadas a la gravedad de los crímenes. Para lograr esto, algunos magistrados sobrecalificaron como atenuantes la “irreprochable conducta anterior” y la obediencia debida, aplicando la denominada “media prescripción”. Solo hace un año y medio, en algunas causas, se comenzaron a aplicar penas más altas y de presidio efectivo.
Superada la amnistía y demás mecanismos de impunidad, aparecieron los denominados “beneficios carcelarios”. Variantes de libertad vigilada a las cuales pueden acogerse los reos cuando han cumplido una proporción de la pena y tienen buena conducta. Por esta vía han salido en libertad varios perpetradores, pese a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad en que participaron.
Nueva ofensiva de la impunidad
En la actualidad las organizaciones de derechos humanos se enfrentan con la iniciativa en favor de victimarios enfermos, que encabeza el jesuita Fernando Montes. Si bien el religioso asegura no ser partidario de la impunidad, para las víctimas resulta evidente que su campaña es parte de una maniobra mayor tendiente a liberar a todos los perpetradores de Punta Peuco.
Con ese objetivo y por un acto de prestidigitación mediática, todo los reos han sido presentados como ancianos desvalidos y enfermos terminales. Sus pavorosos antecedentes criminales han sido invisibilizados, como también el hecho de que se han negado sistemáticamente a colaborar con la justicia entregando información sobre los crímenes en que se involucraron.
Para abogados y activistas de derechos humanos resulta evidente que otorgar algún beneficio adicional a los victimarios representará el triunfo de los pactos de silencio y la impunidad. Los reos de Punta Peuco llegaron ancianos al penal porque por décadas, con la ayuda desde el Estado, eludieron la justicia actuando como estructura organizada de ocultamiento y mutismo. Esta orgánica sigue operando en la cárcel y urdiendo maneras de eludir la justicia, esta vez de manera definitiva.
Los ancianos del penal, tanto los que pidieron perdón como los que no lo hicieron, con su silencio siguen cometiendo el delito de desaparición forzada, el crimen “emblemático” del Estado terrorista. Por consiguiente no están rehabilitados y la sociedad tiene todo el derecho de mantener el castigo conforme lo señala la ley y los tratados internacionales suscritos por Chile.
A las organizaciones y abogados de derechos humanos no queda otra alternativa que redoblar la lucha por la verdad y la justicia. Insistiendo en la gravedad de los crímenes de lesa humanidad y la severidad con que deben ser castigados, como un mecanismo de disuasión hacia posibles rebrotes de Estado terrorista.
Mantener en la cárcel a los huéspedes de Punta Peuco tiene un sentido estratégico. Su liberación representaría el triunfo de una estrategia de impunidad de los represores, que primero eludieron la justicia, luego dilataron los juicios y finalmente lograron socavar las defensas que toda sociedad sana debe tener frente al terrorismo de Estado.
Sin agresividad pero con firmeza Alberto Rodríguez, vicepresidente de Villa Grimaldi, le expresa su malestar a los sacerdotes Montes y Puga, al momento en que se retiran de Punta Peuco el viernes 23 de diciembre. Cinco miembros de su familia fueron asesinados por la DINA, entre ellos sus padres y abuelo, torturados hasta la muerte en Villa Grimaldi. En su gesto se expresa la profunda desazón y el cansancio frente a la maniobra liderada por Montes de quienes han luchado por décadas por una justicia esquiva. |
