El 6 de abril recién pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago emitió un fallo ordenando al Estado chileno indemnizar con 20 millones de pesos a familiares del adolescente Miguel Ángel Cisterna Bocaz, de 17 años, muerto por militares el 12 de septiembre de 1973. El chico y un amigo jugaban en las instalaciones de una fábrica abandonada en el sector de Quinta Normal, lo que al parecer fue considerado un acto hostil por los uniformados y abrieron fuego contra los muchachos.
El caso de Miguel Ángel es uno más de los 307 casos registrados por la Comisión Rettig de menores asesinados por la dictadura cívico militar, lo que representa una fracción de los miles de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia estatal durante los 17 años que duró el régimen terrorista. Una proporción significativa lo fueron por jugar donde no debían o por realizar acciones que estimaron un juego, pero que militares y policías en plan de guerra consideraron actos antipatriotas.
Como lo ocurrido en la navidad del 73 en Coquimbo con los niños Jimmy Christie Bossy de 7 años y Rodrigo Javier Palma Moraga de 8 años ambos, asesinados y desaparecidos por militares que custodiaban gasoductos. Este crimen, como el asesinato de Miguel Ángel Cisterna permanecen en la más completa impunidad y hasta la fecha se desconoce la identidad de sus autores. Mas de una vez el general Pinochet repitió ante la prensa y con su característico tono nasal, la frase “Esto es una guerra siñores” y sin duda tenía razón, por 17 años el país vivió en una guerra cruel y despiadada, declarada unilateralmente por las Fuerzas Armadas en contra de su propio pueblo y en especial en contra de los jóvenes.
