El hijo del dirigente de los profesores asesinado hace 30 años dijo que «se están otorgando beneficios de delincuentes comunes a autores de crímenes de lesa humanidad», al referirse a la libertad del carabinero Alejandro Sáez.
El cabo primero de Carabineros, Alejandro Sáez, condenado a cadena perpetua como autor material del crimen de uno de los tres profesionales comunistas degollados en 1985, bajo dictadura militar, podrá recuperar la libertad condicional tras serle otorgada por la octava sala de la Corte de Apelaciones de Chile.
El tribunal acogió así un recurso de la defensa del ex uniformado, pese a la recomendación en contrario de la relatora Romy Rutherford.
«De los informes psicológicos proporcionados por Gendarmería de Chile, aparece que el condenado no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado con el mismo y no ha demostrado una real disposición al cambio, circunstancias que conducen a concluir que requiere un mayor tiempo de evaluación para comprobar que se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social», planteó.
Manuel Guerrero, hijo del homónimo dirigente de los profesores asesinado hace 30 años, consideró en diálogo con la agencia Ansa que el fallo es «aberrante», pues «se están otorgando beneficios de delincuentes comunes a autores de crímenes de lesa humanidad».
Mencionó que el ex cabo recibió hace poco otra condena por violaciones a los derechos humanos «por lo que mal pueden los jueces afirmar que tiene irreprochable conducta anterior».
Junto a otros seis uniformados que integraban la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Sáez fue originalmente condenado en 1995 a la pena de muerte por los crímenes de Guerrero, el sociólogo de la católica Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada y el artista plástico Santiago Nattino.
Sin embargo, las familias de las víctimas pidieron la conmutación por presidio sin excarcelación.
«Las viudas de los degollados junto a la madre de José Manuel Parada no queríamos que se aplicara la pena de muerte, entonces vigente, porque estábamos por la vida, y es así que se le rebajó la condena», recordó Guerrero hijo.
«Este acuerdo tácito entre los abogados de las partes no quedó en una ley que modificara el reglamentos penitenciario» y «de este vacío legal se aprovechan los abogados defensores de los uniformados», además de la arbitrariedad de los jueces y gendarmería, añadió.
En las tres familias «hay cansancio e impotencia», a tres décadas del brutal crimen que conmocionó a la sociedad chilena y provocó la renuncia del director de Carabineros e integrante de la Junta Militar, el general César Mendoza,
«Son 30 años, donde bajo distintos gobiernos hemos tenido que salir a las calles a exigir que se cumpla el mínimo de justicia: las condena establecidas por los tribunales, bajo debido proceso y con derecho a defensa», indicó el profesional.
«Permanentemente ha habido intentos de torcerle la mano a la justicia. Este tema nos sobrepasa y es un debate que debería recoger el conjunto de la sociedad, incluyendo a las Fuerzas Armadas y Carabineros, para que se dé una señal clara en el sentido de que las penas a los agentes de estado que violaron los derechos humanos se tienen que cumplir», recalcó.
Este será alguno de los planteamientos que los familiares de los tres profesionales degollados le expondrán una vez más al Ministerio de Justicia, cuya titular, Javiera Blanco, los recibirá mañana martes. Fuente: Ansa/La Tercera.
