La investigación de la causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar no tienen plazos de término, dijo el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, durante una reunión que sostuvo este jueves 3 de febrero con representantes de organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria.

Los representantes de Londres 38, la Casa de Memoria José Domingo Cañas, la Corporación Parque por la Paz Vila Grimaldi, la Comisión Ética Contra la Tortura, el Centro Verdad y Justicia y el Colectivo 119, Familiares, Amigos y Compañeros, fueron recibidos por el alto magistrado en su despacho, quien ante la consulta respecto a las investigaciones que actualmente llevan los tribunales y lo señalado recientemente por la fiscal Beatriz Pedrals al presentar 726 nuevos requerimientos de investigación,  respecto a la necesidad de “un horizonte de término” de estos procesos, puntualizó que para los jueces lo importante es “avanzar en las investigaciones” y que no hay ninguna orientación en el sentido de establecer  plazos para el término de éstas.

El objetivo de las agrupaciones fue hacerle presente al alto tribunal su preocupación por los cambios en la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, los despidos en el Programa de DDHH del Gobierno, la demora de este mismo programa en hacerse parte en más de medio centenar de procesos por ejecutados políticos, así como las recientes informaciones sobre la permanencia en altos cargos de las FFAA de oficiales que estuvieron en los organismos represivos, como la DINA y la CNI.

El presidente de la Corte Suprema destacó la importancia de la labor de los organismos auxiliares de la justicia y la disposición del Instituto Médico Legal, cuyo director lo visitó recientemente para reiterar la disponibilidad del servicio que dirige para colaborar con las nuevas investigaciones.

Ante la preocupación manifestada por las agrupaciones ante el virtual desmantelamiento de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, Juica señaló que el director de la PDI le había manifestado  que los recientes traslados no afectarían el compromiso de la institución con las tareas relacionadas con las causas criminales.

Juica también señaló que  las causas están siendo analizadas por el ministro Mario Carroza quien, en conjunto con el Ministro Coordinador de causas por violaciones a los derechos humanos, Jaime Rodríguez, distribuirá los casos  a las Cortes de Apelaciones de regiones o a los ministros que actualmente llevan procesos relacionados,  asegurando  que todos ellos van a ser investigados.

Para facilitar la labor de los jueces en Santiago, añadió el alto magistrado, se habilitará un espacio en otro edificio, donde se concentrarán todos los jueces que llevan causas por violaciones a los derechos humanos. Junto con ello aseguró que se dispondrán los recursos humanos y materiales necesarios para tales investigaciones.

A la salida del encuentro y ante consultas de la prensa, Gloria Elgueta, de Londres 38 espacio de memorias, indicó que la principal preocupación de las organizaciones de derechos humanos es que la justicia cuente con la colaboración y recursos que entregan otros poderes del Estado, de allí la necesidad de asegurar que los cambios en la PDI no afecten las investigaciones y que el gobierno cumpla con su obligación de hacerse parte de las causas criminales en curso.

Por su parte Flor Hernández, representante de Villa Grimaldi, resaltó la importancia de esta reunión en el esfuerzo por lograr verdad y justicia respecto a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Mientras no se conozca toda la verdad en torno a estos crímenes, expresó, la sociedad chilena seguirá remeciéndose frente a los casos de militares involucrados que se han mantenido en servicio activo, continuando su carrera militar sin reparo alguno. En este sentido las medidas que anunció Milton Juica, como la designación de magistrados especiales y el apoyo en infraestructura y presupuesto a su labor, son un avance y revelan una preocupación destacable por el tema.

Las organizaciones también manifestaron su preocupación por la posición que ocupa en la estructura del Ejército el general Guillermo Castro, quien admitió haber trabajado en la CNI, que desde su cargo en el Estado Mayor valida la información que traspasa la institución armada a los tribunales de justicia sobre causas de violaciones a los derechos humanos.