Una sociedad que acepta convivir con la impunidad no merece llamarse democrática
1.- Rechazamos enérgicamente que con la excusa del Bicentenario se intente dejar en libertad a los civiles y militares violadores de los Derechos Humanos que hoy, después de décadas de lucha y denuncia, se encuentran cumpliendo condena, luego que la justicia estableció su participación directa en la muerte y desaparición de miles de hombres y mujeres.
2.- Si bien reconocemos que la Iglesia Católica se comprometió con la defensa de los derechos humanos durante la dictadura, no aceptamos que se arrogue representación sobre un tema donde los principales afectados no han sido considerados.
3.-Para las personas y organizaciones que suscribimos esta declaración, el otorgamiento del indulto –que se suma a la rebaja de las condenas y beneficios carcelarios de los que ya gozan los pocos civiles y militares condenados—significa un retroceso de los avances aún parciales en esta materia. Peor aún, instaura definitivamente la impunidad en nuestro país y permite que los culpables no paguen por sus crímenes.
4.-Rechazamos las afirmaciones de las autoridades de gobierno que, en un intento velado de manipular a la opinión pública, justifican el indulto con el argumento de la reconciliación o la misericordia. En verdad, éste constituye un acto de denegación de justicia, no de compasión. Menos aún cuando los victimarios no han manifestado ningún arrepentimiento ni colaborado con la investigación judicial y que, a la fecha, mantienen inalterable un pacto de silencio respecto al destino de los detenidos desaparecidos, comparable al de las peores asociaciones criminales conocidas por todos.
Así, el indulto sólo puede contribuir a deteriorar la convivencia y a profundizar las divisiones que ya existen entre los chilenos.
7.-Demandamos que el gobierno respete el Derecho Internacional y los tratados sobre derechos humanos para los cuales los crímenes cometidos por uniformados o civiles, al servicio de la dictadura, no son prescriptibles, amnistiables ni están sujetos a indulto, puesto que se trata de hechos cometidos en su calidad de agentes del Estado y no de delitos comunes, comparables con otros cometidos por particulares. El deber de las autoridades en ejercicio es reconocer la responsabilidad del Estado chileno y sus agentes, además de asegurar que se aplique la debida sanción penal como forma de prevención que contribuya a hacer realidad el tantas veces repetido “Nunca Más”.
8. Junto con ello llamamos a poner fin a las herencias de la dictadura, así como a las prácticas del Estado que hoy lesionan los derechos fundamentales y que en un marco de impunidad sólo podrán agravarse, entre ellos el derecho al debido proceso producto de la persistencia de la jurisdicción militar sobre la población civil, y de la legislación antiterrorista, aplicada con intensidad, aunque no de manera exclusiva, contra el pueblo mapuche.
9. Una sociedad que acepta convivir con la impunidad no merece llamarse democrática. Este tema nos compromete a todos. Por tal razón, hacemos un llamado a quienes aspiran a una sociedad donde prime el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, a suscribir esta declaración, a difundirla ampliamente y a manifestarse de las más diversas formas en contra de la impunidad.
