27 de septiembre de 2010.- Tras una extensa reunión con el obispo Ricardo Ezzati y con el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, los voceros de los comuneros en huelga de hambre anunciaron que no hubo acuerdo y que la huelga prosigue tras 78 días de ayuno.
Los presos mapuche piden cambios de fondo por parte del gobierno; que los tres poderes del Estado se comprometan con el fin de la Ley Antiterrorista y por ultimo exigen el fin al doble procesamiento y el fin de los testigos protegidos. Respecto de estos hechos, el Instituo Nacional de Derechos Humanos advirtió riesgo de muerte de los huelguistas. La declaración señala:
Frente a la huelga de hambre que desde hace 74 días están llevando a cabo 35 comuneros mapuche de las localidades de Concepción, Temuco, Angol y Valdivia, y ante la dificultad del Gobierno para establecer canales eficientes de diálogo y consulta, el Instituto Nacional de Humanos se ve en el deber expresar lo siguiente:
1. La marginalidad, postergación y exclusión que vive el pueblo mapuche se ha visto reflejada en la indiferencia que durante varias semanas los medios de comunicación y las autoridades del país tuvieron con esta movilización.
2. La situación extrema a la que ha llegado este grupo de comuneros responde a una larga historia de desencuentros e injusticias, a la reiterada falta de comprensión intercultural y a la lógica de negación de la que han sido objeto por parte del Estado, la sociedad chilena y sus instituciones. El país no se ha ajustado a las dinámicas específicas de las comunidades indígenas, obligándolas a vivir de un modo marginal y en situación de pobreza estructural, o en su defecto a buscar en la migración la solución a una situación de pobreza endémica.
3. Desde hace algunas décadas el país ha sido testigo indiferente de un proceso de creciente organización del pueblo mapuche y de reivindicación de derechos con nuevos modos de liderazgo y participación política, tal como lo recogen la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos suscritos por el Estado de Chile.
4. Las reformas legales en discusión en el Congreso no han ido a la par con las urgencias que se derivan de la situación de los huelguistas mapuche. El Instituto Nacional de Derechos Humanos insta a que estas reformas se hagan a la brevedad y tengan como norte la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.
5. Si bien es posible afirmar que el país entero es responsable de esta situación, todo Gobierno que asume la conducción de una Nación lo hace con una agenda de temas pasados y futuros.
6. Por tal motivo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos llama a las autoridades correspondientes a asumir la responsabilidad política e histórica para establecer los canales de consultas y diálogos directos y participativos demandados por los ayunantes y, de esta manera, evitar un desenlace fatal que puede significar un antes y un después en la armonía democrática de nuestro país.
