En vísperas de una nueva conmemoración del Día del Patrimonio Cultural, gremios, creadores y defensores del sector cultural chileno se declararon en estado de alerta máxima. A través de un frente de unidad inédito, denuncian que el recorte presupuestario del 9,8% en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap), es la reducción de fondos más grave que haya enfrentado la institucionalidad cultural en la historia democrática del país.
La medida ha movilizado de manera conjunta a cuatro agrupaciones sindicales: dos pertenecientes al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) y dos al propio Mincap, las cuales decidieron enfrentar de manera coordinada lo que consideran un «golpe» al sector. En la actividad, también estuvieron presentes representantes de Sitios de Memorias como Memorial Borgoño, Londres 38 y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, quienes entre muchos espacios se sumaron a la declaración.
Denuncian nulo diálogo y «arbitrariedad» de las autoridades
Representantes de los trabajadores criticaron duramente la gestión del ministro Francisco Undurraga, acusando una falta total de canales de comunicación. Alejandra Cerda, presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Serpat, reveló la hostilidad con la que iniciaron las relaciones con la autoridad: «Nosotros siempre vamos a partir por dar a conocer lo que hacemos, dar a conocer la opinión que tenemos y dialogar, pero lamentablemente las autoridades no han querido hacerlo”, puntualizando que “el ministro nos dijo claramente -en el primer día- que él ‘no le tenía miedo a la dirigencia ni a los sindicatos’. Así fue, así partió nuestra relación y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna otra conversación más, por lo que sentimos la necesidad de visibilizar esto», relató Cerda.
Asimismo, la dirigenta lamentó que, en el balance general del gabinete, «el ministro es el que más ha hecho recortes dentro de todos los ministerios», afectando de forma desproporcionada a su propia cartera.
Por su parte, Margarita Hormazábal, presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Patrimonio (ANATRAP), calificó la rebaja presupuestaria de «arbitraria» y cuestionó los argumentos del Ejecutivo. «Las razones que están dando no son de peso; simplemente dicen que es porque él no tenía como una capacidad de gestión, sin siquiera conversarlo con los equipos de decirnos a nosotros si es que nosotros teníamos o no teníamos capacidad de gestión. Hoy día estamos con menos recursos, con muchas tareas que hacer, con mucho trabajo que hacer, y este recorte va directo impacto a la ciudadanía», señaló Hormazábal.
El impacto directo en la ciudadanía y las regiones
A pesar de que el ministro Undurraga señaló públicamente que el porcentaje final podría variar mediante la reasignación de recursos de la paralización de obras del GAM, los gremios aseguran que no existe claridad, plazos ni montos definidos sobre cómo se implementará dicha medida.
Por ello, los trabajadores advierten que las consecuencias del desfinanciamiento ya se están sintiendo con la cancelación de actividades programadas para el segundo semestre y la merma de recursos en áreas completas.
Margarita Hormazábal fue enfática al detallar el alcance social de la medida: «Hoy día, como dice la declaración, va a haber menos libros en las manos de los niños, van a haber menos actividades en el área cultural y van a haber menos actividades relacionadas a la conservación y prevención de lo que tiene que ver con el patrimonio cultural a nivel nacional».
Según el documento compartido —que ya cuenta con el respaldo de más de 100 organizaciones—, el impacto también se traducirá en menos acceso educativo y comunitario al reducir de alcance en el Plan Nacional de la Lectura y en los programas escolares y comunitarios ACCIONA y Cecrea; en la pérdida de identidad local al haber menos recursos para el desarrollo de la música (Escuelas de Rock, Orquestas Juveniles) y desprotección de los patrimonios vivos (payadores, circos familiares y tejedoras). Además, la infraestructura se coloca en riesgo por la amenaza de cierre en museos, archivos y bibliotecas regionales, además de la disminución de fondos para la conservación, restauración y digitalización de bienes patrimoniales.
Los gremios señalan que la crisis golpea directamente la festividad de este 30 y 31 de mayo, ya que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural sufrirá una baja del 10,1% en su presupuesto, afectando de manera específica los recursos destinados a las actividades del Día del Patrimonio Cultural en un 17%.
Contradicción con la agenda económica del Gobierno
La minuta entregada por las organizaciones destaca una «prioridad contradictoria» por parte del Ejecutivo. Acusan que, mientras se asfixia a la cultura, el Gobierno impulsa un proyecto de ley de “reconstrucción nacional y desarrollo económico” que rebaja impuestos a las grandes empresas y al 1% más rico de la población, arriesgando la recaudación fiscal por los próximos 25 años.
Asimismo, alertaron que dicha propuesta legal incluye modificaciones que permitirían realizar obras inmobiliarias e industriales sin la autorización expresa del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que consideran un «atentado» que beneficia directamente a corporaciones transnacionales en desmedro del desarrollo integral de las comunidades.
Ante estas medidas, las representantes vincularon el desfinanciamiento con un trasfondo político y de control de la memoria social; en ese sentido, Alejandra Cerda lanzó una dura reflexión sobre el origen de esta crisis: ¿Por qué tienen tanto miedo de que las personas sepan la historia del país y sus orígenes? Porque saben que una vez que uno la entiende y la conoce, uno se siente perteneciente a ese lugar, a esa historia, y uno la defiende. Y eso es lo que no quieren, quitarlo», concluyó la dirigenta del Serpat.
Finalmente, las organizaciones informaron que esta primera declaración es solo el inicio de una escalada de movilizaciones e hicieron un llamado a las familias que participarán en el Día del Patrimonio Cultural a manifestar su rechazo a los recortes firmando la petición pública y usando las consignas #NoEsMetáfora y #NoALosRecortesEnCultura en plataformas digitales.
