La Fiscalía Nacional, a través de la División de Estudios y la Unidad Especializada de Derechos Humanos, entregó el Informe Estadístico del Estallido Social, siendo el primer esfuerzo del Ministerio Público por entregar cifras detalladas respecto de los delitos cometidos durante el período que inició el 18 de octubre de 2019 y que fue contabilizado hasta el 31 de marzo de 2020.
De las más de 12 mil denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron con sentencia condenatoria. La mayoría de las causas fueron archivadas, sobreseídas o no se perseveró en el proceso, salvo casos específicos como el de Gustavo Gatica por ser un “caso de mayor complejidad”.
En tanto, frente a las denuncias de las 464 víctimas de trauma ocular, la tasa de condenas es del 14,3% en delitos con imputado conocido en causas de Derechos Humanos.
Entrando en detalle, del informe se desprende que la violencia institucional se centró principalmente en apremios ilegítimos (70,4%), abusos contra particulares (20%), torturas (1,8%) y lesiones de diversa gravedad (3,3%). Y de estos delitos, una proporción muy menor (6,7%) tenía imputados conocidos y de ella solo un cuarto terminó con sentencias condenatorias (14,3%) y absolutorias (11,3%). El archivo provisional o la decisión de no perseverar en más del 50% de los casos evidencian una notable brecha en el ejercicio de la justicia.
Compartimos un texto de INDH respecto de esta información https://www.indh.cl/indh-balance-a-seis-anos-del-2019/
