Ante el nombramiento del General ® Juan Emilio Cheyre como Presidente del Servicio Electoral (SERVEL), los Sitios de Memoria y Organizaciones de Derechos Humanos declaramos:

Bernardo Lejderman Konujowska y María del Rosario Avalos Castañeda asesinados el 8 de diciembre de 1973, frente a su pequeño hijo Ernesto, por una patrulla militar de la dotación del Regimiento "Arica" de La Serena. El oficial al mando habría sido Juan Emilio Cheyre

Según testimonios recogidos por los tribunales, el entonces teniente Cheyre, habría participado en el fusilamiento de 15 prisioneros políticos en la ciudad de La Serena, crímenes cometidos en el marco de la denominada “Caravana de la Muerte”. Además, en la localidad de Gualliguaica, son acribillados el matrimonio compuesto por Bernardo Lejderman y María Ávalos frente a Ernesto, su hijo de 2 años. El oficial a cargo de la patrulla militar es Emilio Cheyre, quien posteriormente toma al niño y lo deja en manos de las monjas de la Divina Providencia en la ciudad de La Serena. Lamentablemente, al momento de dictarse el fallo por este crimen ya era Comandante en Jefe del Ejército y se lo excluyen del caso, siendo responsabilizados tres militares de rango inferior. Ernesto Lejderman, ha recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo que considera denegación de Justicia por parte del Estado de Chile en el caso del asesinato de sus padres.

Por estas razones, fue duro y desalentador asistir en 2002 al ascenso de este oficial al cargo de Comandante en jefe del Ejército y ahora resulta más lamentable que sea elegido por civiles -senadores y consejeros-, para ocupar un cargo que corresponde a un ciudadano intachable y no a un ex militar con los antecedentes que él ostenta.

Frente a lo anterior,

– Expresamos nuestro rechazo a la nominación del General ® Juan Emilio Cheyre, debido a que reafirma la premisa fáctica, que las fuerzas armadas son garantes de la democracia, argumento esgrimido por la dictadura militar chilena para legitimar el golpe de Estado.

– Nos preocupa que la sociedad y en particular la clase política chilena no ha logrado sensibilizarse en profundidad sobre el tema de los derechos humanos, los débitos en justicia -traducidos en impunidad para crímenes horrendos-, la reparación a las víctimas y el derecho a la memoria que les asiste. Permanentemente los sobrevivientes y los familiares de desaparecidos y ejecutados son ofendidos por casos de represores implacables que han continuado sus carreras militares sin mayor cuestionamiento y -como ahora-, llegando a ocupar cargos de alta significación.

– Este año se cumplirán 40 años del golpe militar y será la ocasión para abordar sus legados políticos, entre ellos la impunidad, el tutelaje, los secretos, la amnistía, el sistema binominal, el modelo neoliberal, la constitución política. En ese marco a las organizaciones e instituciones de derechos humanos nos cabe el rol de levantar las demandas de verdad, justicia, reparación y memoria, entre las cuales –aparte de otras-, debemos destacar  la exigencia no solo de renuncia del ex general Juan Emilio Cheyre, sino el establecimiento de una legislación que impida a los represores del pasado -como él-, y a los del futuro, postular a cargos de elección popular o puestos de relevancia en la administración pública.

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Agrupación Familiares Ejecutados Políticos AFEP
Casa Memoria José Domingo Cañas
Comité Derechos Humanos Nido 20
Corporación 3 y 4 Álamos
Colectivo Familiares y Compañeros 119
Comisión Ética Contra la Tortura
SUTRA
Observadores de la Escuela de las Américas
Brigada Salvador Allende BRISA
Comité Iniciativa 40 años del Golpe

Santiago, 23 de febrero de 2013.-