Desde cuando en 1977 monseñor Óscar Romero creó el Socorro Jurídico, la oficina de ayuda legal del Arzobispado acumuló unas 50,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos cuyos expedientes tienen un destino incierto. Con la decisión de Escobar Alas quedan sin representación legal las víctimas de la matanza de El Mozote en un momento en que la Corte Suprema estudia si la Ley de Amnistía es constitucional.
José Lazo y Wilfredo Medrano encontraron este lunes 30 de septiembre unas chapas en las puertas de sus oficinas que no hacían juego con sus llaves. También encontraron, en la entrada, y merodeando por el recinto, a un grupo de guardias privados y armados que jamás habían visto en su vida. José Lazo y Wilfredo Medrano ni se imaginaban que este día cerrarían la oficina en la que laboraron durante largos años. Que este día moría Tutela Legal del Arzobispado, aquella institución creada por monseñor Óscar Romero en 1977 para dar auxilio jurídico a los más pobres de un país que padecía gran represión política y graves violaciones a los derechos humanos.
La noticia llegó de sorpresa, intempestiva, sin explicaciones y sin derecho a repreguntas. “Diríjanse a sus oficinas, recojan sus cosas y luego acudan a una reunión con tres representantes del arzobispado”, fue la notificación que les dieron a ambos, la misma que recibirían otros 10 empleados de Tutela Legal.
Lazo, técnico de la institución, no se lo creía. Tampoco Wilfredo Medrano, el subdirector del organismo, empleado ahí desde 1989, año en el que junto a su primera directora, María Julia Hernández, viajó hacia el norte de Morazán para convencer a un grupo de campesinos que podían exigir justicia por la masacre de sus familiares en El Mozote, ocurrida en 1981, la peor de las masacres cometidas por el ejército contra civiles en los tiempos modernos de Latinoamérica.
El cierre de Tutela Legal se produce cuando en la Corte Suprema de Justicia se debate la constitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993. Además, se produce cuando la Fiscalía ha decidido romper con el pasado e investigar violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra civil, con posibilidad de emprender acción penal contra los responsables. Para eso, la Fiscalía tendría que documentar casos que tienen décadas de haber ocurrido, y un archivo como el de Tutela Legal podría ser fundamental.
El cierre de Tutela Legal fue intempestivo. Para el viernes 27 de septiembre, muy pocos sospechaban muy poco en Tutela Legal. Medrano lo define así: “Hace unos siete meses nos llamó la atención que el arzobispo Escobar Alas había nombrado una nueva persona, una especia de administradora, que comenzó a implementar un control sobre nuestras salidas, llegadas y actividades de trabajo”.
Entonces los líderes de la oficina convocaron al vicecanciller de la conferencia episcopal, monseñor Rafael Urrutia, para preguntarle qué pasaba, y hasta ese momento la respuesta de Urrutia, según los ahora despedidos, fue tranquilizadora: “Él nos dijo que toda marchaba normal. Que con Tutela Legal todo estaba normal”, dice Medrano. “A monseñor Urrutia lo llamamos porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando, y necesitábamos una explicación”, secunda Lazo.
Urrutia, sacerdote de la iglesia Miramonte, llegó al Arzobispado a media mañana este lunes y su única explicación fue decir que el cierre de Tutela Legal es un hecho irreversible.
Monseñor Urrutia sabía al menos desde el viernes 27 de septiembre que el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, ya había decidido la clausura de la institución. Creada como Socorro Jurídico del Arzobispado hace 36 años, en 1982 se convirtió en Tutela Legal, que desde entonces hasta 2007 fue dirigida por María Julia Hernández. Ahí se recogieron, entonces, las denuncias de las víctimas de la preguerra, las de la guerra y las de posguerra. Entre estas últimas, por ejemplo, se investigó los escuadrones de la muerte y la conclusión fue que estos seguían operando después de la firma de los Acuerdos de Paz.
Este lunes 30, tras el recibimiento de los guardias de seguridad -“hostil”, dicen algunos empleados–, los 12 empleados de la oficina fueron citados a una reunión con dos abogadas y un sacerdote, Carlos Chavarría, moderador de la curia salvadoreña y administrador del arzobispado.
A uno por uno, ese comité de despidos les leýó la resolución del arzobispo. En ella no se explicaba las razones detrás del cese de sus funciones, sino que únicamente, dicen, esgrimía una frase lapidaria: “Tutela Legal ya no tiene razón de ser”. Urrutia dijo a El Faro que, efectivamente, el arzobispo le dijo a él que el organismo de ayuda jurídica ya no tiene razón de ser porque ya no hay las necesidades de asistencia originadas en la guerra.
Este lunes, a primera hora, nadie de Tutela Legal logró entrar a su puesto de trabajo. Preocupados, los empleados se fueron a la capilla del Arzobispado, como hacían cada lunes, para elevar una oración. Cuando la terminaron escucharon por los megáfonos que los empleados de Tutela Legal debían reunirse en el auditorio.
Lazo y sus compañeros creyeron, al principio, que aquella reunión sorpresiva obedecía a que recibirían alguna explicación de nuevas disposiciones administrativas. Pero no. Ya ahí se les dijo que debían pasar uno a uno a las oficinas. Primero fueron las mujeres, que entraron escoltadas por sacerdotes y los guardias de seguridad privada. “Se tardaron mucho y fue que comenzamos a ver que las compañeras iban saliendo por el portón ya con sus cosas. Nos dimos cuenta de que nos estaban despidiendo”, cuenta Lazo.
Cada empleado pasó a recoger su indemnización. También iban cargando sus objetos personales. En un inicio, los empleados intentaron protestar, y más tarde, que alguien mediara por ellos, y por eso solicitaron auxilio a monseñor Rafael Urrutia. “Esto ya lo habían planificado con anticipación. Monseñor Urrutia llega al momento en que decidimos que nadie va a firmar nada. Entonces nos dicen que hay un protocolo ordenado por el arzobispo, que Tutela Legal se cierra porque ya no tiene razón de ser”, se queja Medrano.
Durante el fin de semana, algunos de los 12 empleados incluso llegaron a las instalaciones en la colonia Médica de San Salvador para avanzar en el procesamiento de los casos que les llegaban cada semana. “Nadie sospechaba nada”, dice José Lazo, ahora exempleado de Tutela Legal. “Pero comenzamos a ver cosas extrañas, como que habían cambiado todas las chapas y también habían puesto más miembros de la seguridad privada, cosa que nunca ocurría”, agrega. En el desalojo participaron los sacerdotes Chavarría y Urrutia.
De lo último que alcanzaron a decir algunos empleados a los sacerdotes Urrutia y Chavarría fue que estaban preocupados por el resguardo del archivo histórico de denuncias de las que ellos habían sido custodios por años. Alrededor de 50 mil denuncias en papeles, cintas magnetofónicas, audios, vídeos… Según Lazo, propusieron a Urrutia y Chavarría que se nombrara a monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar, como el nuevo custodio de toda la documentación. Lazo dice que ni Urrutia ni Chavarría comunicaron una decisión ni un compromiso al respecto. “Ese archivo no es de la Iglesia, es del pueblo. Ahí está la sangre de las víctimas”, reflexionó Lazo.
Él, con toda su experiencia en el procesamiento de casos, dice que le suena lógico que la Iglesia sufra presiones por parte de sectores políticos que buscan protegerse de persecusiones penales por crímenes del pasado. «No lo puedo descartar, sobre todo con la admisión en la Corte», dijo, en referencia a que la Sala de lo Constitucional admitió hace dos semanas una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía de 1993.
Wilfredo Medrano también sospecha que una eventual sentencia de inconstitucionalidad pudo haber motivado la decisión: “Todos esos archivos quedaron ahí. Todas las denuncias recogidas en la guerra, las denuncias posteriores al conflicto. Monseñor Escobar Alas tiene sus asesores, pero todo esto resulta demasiado sospechoso. ¿Por qué ahora que está en ciernes la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía ocurre esto? Esto puede estar relacionado a presiones contra la Iglesia, esto puede estar relacionado con la admisión del recurso de incondicionalidad de la Ley de Amnistía”, dice.
Rafael Urrutia defendió la decisión de Escobar Alas. “Desde su nombramiento, el arzobispo entró en un proceso de saber cómo funciona el Arzobispado, y después de este tiempo al frente de la Iglesia ha llegado a la conclusión de que ya no tiene sentido de ser la oficina de Tutela Legal pues el enfoque de protección de derechos humanos en tiempo de guerra es distinto al que se puede tener ahora”.
El Faro llamó repetidas veces a la oficina del arzobispo, y también marcó al teléfono celular del clérigo, pero este no respondió. Escobar Alas tiene en su pasado reciente otra acción intempestiva que provocó un enorme debate nacional: la destrucción del mosaico del artista Fernando Llort que decoraba la fachada de la catedral metropolitana. El arzobispo dijo que dispuso la destrucción del mural porque tenía simbología masónica y porque no iba bien con una imagen que le había sido ofrecida por un escultor salvadoreño. Esa imagen fue instalada este año. La destrucción de la obra quedó en la impunidad, pues el gobierno de Mauricio Funes ordenó a la Secretaría de Cultura detener el proceso contra el arzobispo.
En 1996 la Iglesia salvadoreña, liderada por el arzobispo Fernando Sáenz Lacalle, también pensó que Tutela Legal debía adaptarse a los nuevos tiempos, pero lejos de cerrar la oficina lo que hizo fue ampliar su área de trabajo, abriendo una brecha en el área de derechos económicos, sociales y culturales. “En el Plan Quinquenal de la Arquidiócesis de San Salvador se instituyó la sexta prioridad pastoral en derechos humanos. En este período, además de la impunidad del pasado y del presente, se configuran las graves violaciones a la vida, al debido proceso, a la violación al deber de garantía del Estado de El Salvador, pero se profundizan de una forma alarmante las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de la globalización y el modelo neoliberal llevado a término por sus instituciones multilaterales”, dijo la institución en 1996.
Según Urrutia, Escobar Alas determinó que las asesorías legales que Tutela Legal puede brindar hoy son muy distintas a las de la época de la guerra. Cuando se le dijo que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra no acabaron con el conflicto, y que prueba de ello es la búsqueda de la justicia en uno de los casos insignia de Tutela Legal -el de la matanza de El Mozote-, respondió que «se ha pensado” en la creación de una comisión que evaluará qué pasará con todo el trabajo hecho en Tutela Legal, para luego definir qué se hará. “La comisión la presidirá el padre Carlos Chavarría, y será el encargado de cerrar los proyectos pendientes de Tutela Legal”, dijo Urrutia.
Hasta ahora, Tutela Legal ha representado a infinidad de víctimas en distintos casos de violaciones a derechos humanos. En los 90, por ejemplo, investigó los escuadrones de la muerte, luego investigó el asesinato de Mauricio García Prieto, y desde mediados de los 90 hasta hoy ha representado a las víctimas de El Mozote. Tutela Legal tiene pendiente el seguimiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está haciendo del caso El Mozote, en el que el Estado salvadoreño fue condenado por reiteradas violaciones a derechos humanos. Esta condena implica una serie de reparaciones a las víctimas. Para diciembre próximo, con motivo de los 32 años de la matanza, Tutela Legal había planificado emitir un duro pronunciamiento contra el Estado por el incumplimiento en todas las reparaciones –que no se han hecho-. Cuando a Urrutia se le pregunta quién representará de ahora en adelante a las casi mil víctimas cuya voz recogía hasta ahora Tutela Legal, dijo que por ahora no hay claridad: “Ese es un punto que en su momento el arzobispo tendrá que definir”.
¿Por qué cerrar la oficina ahora? Según Urrutia, Escobar Alas tomó la decisión como parte de un proceso de reforma tendiente “a robustecer” el trabajo de la arquidiócesis que además del departamento de San Salvador incluye los departamentos de La Libertad y Cuscatlán. “El obispo tiene toda la potestad para armar todo el tinglado del trabajo de la arquidiócesis a su parecer”, añadió.
Hace dos semanas, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda que busca que se declare nula la Ley de Amnistía de 1993 y que fue aprobada en El Salvador justo después de que un informe coordinado por Naciones Unidas responsabilizara de crímenes de guerra a altos dirigentes del ejército y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La reciente admisión de la demanda supone que la Sala de lo Constitucional comenzará a analizarla y concluirá eventualmente la validez o invalidez de la misma. El solo hecho de que el máximo tribunal de justicia en el país se encuentre en ese estudio ha despertado un viejo debate sobre lo pertinente o no de auscultar los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
Se le preguntó a Urrutia si la decisión de Escobar Alas de cerrar la única oficina que contenía miles de denuncias de la población por crímenes y abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y el gobierno desde la década de los 70 respondía a presiones de sectores conservadores a los que tradicionalmente ha estado ligado la Iglesia. “La Iglesia no recibe presiones de ningún tipo. De ninguna manera la Iglesia quiere obstruir el acceso a la justicia de la gente”, respondió y, de nuevo, aludió a la necesidad de que esta oficina cambiara en su enfoque de trabajo.
El arzobispo, sin embargo, ya había hecho un pronunciamiento explícito y público en favor de la Ley de Amnistía hace dos años. En agosto de 2011, Escobar Alas dijo: «No me imagino si se abren todos los casos. Cuándo vamos a vivir en paz, por lo menos esta generación no creo que lo vean y tendríamos que conformarnos en pasar la vida en esta discusión, puesto que hay casos abundantes tanto de una parte como de la otra. Este debate tiene que llevarnos a una actitud positiva, humilde y como dice el Papa, a reconocer públicamente los crímenes cometidos e incluso al compromiso de no repetir mas esta experiencia. Pero con todo, posiblemente la Ley de Amnistía sea el mecanismo más apropiado para mantener la paz”, añadió.
Tutela Legal es una biblioteca sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador a lo largo de tres décadas y media. En total hay unas 50,000 denuncias acumuladas ahí, según el subdirector Medrano. Muchas de ellas están acompañadas de grandes cantidades de documentación, cuyo destino por ahora es incierto.
En estos años, por Tutela Legal pasó el exdirector de derechos humanos de la Cancillería de la República y ahora procurador de derechos humanos, David Morales, quien objetó el planteamiento de la Iglesia sobre el fin de la necesidad del auxilio jurídico. “Hay todo un trabajo a nivel internacional, casos de asesoría judicial actuales, no solo en búsqueda de justicia si no en la recuperación de cuerpos productos de masacres ocurridas durante la guerra en los que Tutela Legal es importante”, dijo Morales. “La defensa y la promoción de los derechos humanos siempre tiene razón de ser”, añadió.
Escobar Alas parece haber tomado la decisión por su propia cuenta. A Urrutia se le preguntó si el arzobispo lo había consultado con otras autoridades de la Iglesia Católica como la Conferencia Episcopal, pero señaló que no, que había sido una decisión exclusiva de Escobar Alas.
Sobre la rapidez con la que se anunció el cierre y se procedió a su clausura, Urrutia intentó explicar que no se trataba de una decisión antojadiza. “Nunca una reestructuración nace de la noche a la mañana”, señaló. Y añadió que no se le puso sobreaviso a los empleados despedidos porque no quería que se difundiera la noticia primero en los medios. “Puede ser que se haya hecho hoy mismo justamente para evitar esto, que hubiera medios de comunicación”, señaló Urrutia.
La oficina de monseñor Romero
El 20 de febrero de 1977, el candidato presidencial por el gobernante Partido de Conciliación Nacional, general Carlos Humberto Romero, ganó la contienda en medio de unas elecciones fraudulentas. Dos días más tarde, el 22 de febrero, monseñor Óscar Arnulfo Romero era nombrado arzobispo de San Salvador, y seis días después, el 28, una multitud que protestaba contra el fraude fue masacrada en la Plaza Libertad, en San Salvador, a dos cuadras de la catedral metropolitana. En marzo siguiente fue asesinado el padreo Rutilio Grande.
Estos hechos convencieron a monseñor Romero de que hacía falta una institución que prestara auxilio jurídico a la población que nunca iba a poder encontrar respuesta en el Estado o que incluso era víctima de agentes del Estado represor. En cuestión de días, el arzobispo abrió la oficina de Socorro Jurídico del Arzobispado, que fue una especie de traslado de la oficina de procuración de derechos humanos que dos años antes habían creado los jesuitas.
El director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Roberto Cuéllar, fue el primer director del Socorro Jurídico. Recuerda que desde que Romero entendió que los más pobres requerían de un auxilio jurídico para exigir justicia, su apoyo al Socorro Jurídico Cristiano para los pobres fue total.
“Monseñor Romero buscó quien representara legalmente a la Iglesia para esclarecer el asesinato del cura párroco de Aguilares y establecer las responsabilidades. Ningún abogado reconocido estaba dispuesto a asumir ese riesgo, pero los sacerdotes de la orden del padre Grande le mencionaron el Bufete de Asistencia Jurídica que ya funcionaba en la escuela jesuita de San Salvador. Así, una semana después del brutal ametrallamiento del P. Grande, el Provincial de los Jesuitas me llevó a la oficina del recién instalado Arzobispo de San Salvador en el segundo piso del edificio del Seminario Central, junto a la iglesia de San José de la Montaña”, relató Roberto Cuéllar, en un escrito presentado en el 2005 en conmemoración del 25o. aniversario del asesinato de Monseñor Romero.
Romero, sin embargo, dudó un instante si un grupo de jóvenes abogados, inexpertos en materia de derechos humanos, tenían la fuerza suficiente para defender los derechos humanos de los más pobres. Según Cuéllar, no fue hasta una tercera entrevista con Romero que el arzobispo apoyó esa iniciativa, “desde el 20 de marzo de 1977 hasta su muerte”. Entre los primeros abogados de Socorro Jurídico estuvo Florentín Meléndez, hoy magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La oficina de Socorro Jurídico Cristiano recibió entre 1977 y 1980 denuncias por las violaciones a los derechos humanos cometidos por los cuerpos de seguridad en contra de la población civil. Según Cuéllar, esa recopilación de denuncias y testimonios nutrían las homilías en las que monseñor Romero alzaba el micrófono para los “sin voz”, y denunciaba las violaciones a los derechos humanos antes de que la asesinaran, el 24 de marzo de 1980.
“Bajo el liderazgo e inspiración de monseñor Romero, lo que había sido concebido como un bufete de asistencia jurídica para los pobres, se convirtió en una pequeña pero activísima oficina de defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, como el derecho a la organización sindical y campesina, negados en la propia ley salvadoreña”, dijo Cuéllar.
En diciembre de 1980, el ejército masacró a la población de La Guacamaya, municipio de Arambala, Morazán, al oriente de el país, y un año más tarde, en diciembre de 1981, masacraría a las poblaciones del cantón El Mozote y otros ocho pueblos aledaños, en la que se considera la peor masacre contra población civil en el siglo XX en Latinoamérica.
Ese era el escenario cuando el sucesor de Romero, monseñor Arturo Rivera Damas, decidió fortalecer el organismo, y lo puso bajo la dirección de María Julia Hernández, una filósofa y estudiante de derecho confidente de Romero. Tutela Legal nació el 3 de mayo de 1982.
Poco antes de morir, Hernández esbozó el rol de Tutela Legal en un acta notarial firmada en enero de 2007 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el acta, definió el rol y la importancia de la institución que dirigió de esta manera:
“Tutela Legal ha realizado investigaciones sobre los escuadrones de la muerte en El Salvador, y que tomando en cuenta el patrón de actuaciones de estos grupos tanto en el conflicto armado como en la década de los noventas, la oficina que dirige la declarante caracterizó a los escuadrones de la muerte como grupos o estructuras clandestinas criminales, vinculados o pertenecientes a instituciones del Estado o que actúan bajo la tolerancia de éste y destinados a cometer diversos tipos de infracciones a los derechos humanos, como ejecuciones sumarias y arbitrarias, amenazas a muerte, atentados, desapariciones y otros”.
En 1989, María Julia Hernández, junto a un grupo de abogados jóvenes, entre los cuales destaca el actual procurador de Derechos Humanos, barrió las montañas de Morazán para encontrar a los sobrevivientes de la masacre de El Mozote, los convenció de que podían judicializar el caso y exigir justicia para las víctimas, todavía con la guerra vigente. Ese primer episodio desencadenó, 22 años más tarde, una condena contra el Estado de El Salvador por el cometimiento y ocultamiento de la matanza, y por denegación de justicia.
Antes del cierre de la oficina, firmado este lunes 30 por Escobar Alas, la oficina ya había tenido un primer remezón cuando en octubre de 2007, el entonces arzobispo, monseñor Fernando Sáenz Lacalle, despidió al que fuera el abogado por la causa de monseñor Romero ante la OEA. Sáenz Lacalle, del Opus Dei, la línea eclesial ligada al poder ecónomico y político del país, acusó a ese abogado de “deslealtad”, cuando ese abogado señaló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que temía por un probable arreglo entre el Estado salvadoreño y la Iglesia Católica para dejar de investigar el magnicidio de monseñor Romero, otra de las causas insignia de la institución que hoy han clausurado. Ese abogado es hoy el Procurador de Derechos Humanos, David Morales.
“Pensamos que algo como esto podía pasar cuando estuvo al mando monseñor Fernando Saénz Lacalle, que sí mostró aversión a Tutela Legal», dice el despedido subdirector de Tutela Legal, Wilfredo Medrano. «Nos lo dijo muchas veces. Nunca nos lo esperamos de monseñor Escobar Alas. Nos parece una decisión irresponsable de su parte. Una decisión que no toma en cuenta a las víctimas”.
Este martes, en Washington, la Oficina de Washington para América Latina, una organización no gubernamental que ha trabajado desde hace cuatro décadas para denunciar las violaciones a los derechos humanos en la región y que trabajó muy cerca de Tutela Legal en los años el conflicto, emitió un comunicado lamentando la decisión del arzobispo y haciendo un llamado urgente al resguardo de los archivos de la oficina: «Tutela mantiene un extenso archivo de los testimonios y la evidencia que recogió sobre abusos a los derechos humanos durante y después de la guerra civil. Estos archivos incluyen información crítica para las investigaciones criminales y de derechos humanos que examinan algunos de los casos aún no resueltos del pasado reciente. WOLA espera que la Arquidiócesis proteja cuidadosamente estos archivos y los ponga a disposición de los investigadores, de acuerdo con la larga tradición de la Iglesia en pro de la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana, así como la orgullosa trayectoria de Tutela Legal».
Fuente: http://www.elfaro.net/es/201309/noticias/13493/
