Manifestó su inquietud por la situación y por los riesgos que de salud de los huelguistas. Expresó también la «necesidad de contar con una instancia permanente de calificación de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, de manera de que puedan acceder a los beneficios de reparación», una de las reivindicaciones del movimiento.
Lorena Fries visitando a ex presos
en huelga de hambre (foto El Ciudadano)
CARTA DE LORENA FRIES, DEL INDH, A LA PRESIDENTA BACHELET SOBRE HUELGA DE HAMBRE DE EX PRESOS
Señora
Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de República
Presente
Estimada Sra. Presidenta
En relación con la huelga de hambre que llevan a cabo- en varias ciudades del país- ex prisioneros políticos de la dictadura militar, desde hace ya más de 10 días, queremos manifestar a Ud. nuestra inquietud por la situación de estos ciudadanos y por los riesgos que corre su salud en la acción que han decidido emprender.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde su primer año de existencia ha venido señalando cuales son los compromisos pendientes que el Estado de Chile tiene frente a la comunidad nacional e internacional en relación con las obligaciones de verdad, justicia y reparación. Estamos conscientes de los avances logrados durante los gobiernos democráticos en estas materias sin embargo queremos insistir en que el Estado aún tiene deudas con las víctimas, sus familias y con la comunidad internacional en este ámbito.
Así, varias de las reivindicaciones de las personas hoy en huelga, coinciden con recomendaciones que hemos realizado al Estado de Chile a través de nuestros informes:
En primer lugar, el INDH, en el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, 2011 y 2012, con relación al proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, manifestamos nuestra preocupación respecto a la necesidad de contar con una instancia permanente de calificación de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, de manera de que puedan acceder a los beneficios de reparación. En segundo lugar, y también lo hemos señalado en nuestros informes, creemos necesario fortalecer el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el espacio a través del cual el Estado, actualmente, lleva a cabo sus políticas de justicia y reparación simbólica, e insistimos en su ampliacíón para otorgar asistencia legal a las víctimas de prisión política y tortura que no tienen acceso a la justicia.
En tercer lugar, respecto al secreto de los antecedentes recabados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Asesora Presidencial para la Recalificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, hemos sostenido que estos debieran poder ser conocidos por los tribunales de justicia de manera de contribuir a las investigaciones que ellos realizan. Además, hemos señalado que no existe uniformidad en la legislación nacional que regula la materia y que más bien existe un tratamiento diferenciado entre las victimas ante la ley que eventualmente pudiera devenir en una lesión al principio de igualdad y no discriminación.
En noviembre 2013, el INDH solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República para que al menos los Tribunales de Justicia que así lo requieran pudieran acceder libremente y sin restricciones a la información en poder del Estado, recordando la legislación internacional existente. Respecto de la Comisión Valech I la Contraloría estimó que los antecedentes recabados requieren, para ser entregada a los tribunales de justicia, una reforma a la norma existente. Respecto de la Comisión Valech II en cambio la Contraloría señaló que no era competente para pronunciarse respecto a si el INDH podía entregar o no información a los magistrados que lo soliciten ya que implicaría referirse respecto de una medida procesal dispuesta por un órgano jurisdiccional. Consistente con ello el INDH ha puesto a disposición de la magistratura aquellos antecedentes contenidos en la Comisión Valech II, cuando le han sido solicitados.
Finalmente y en lo relativo a la responsabilidad civil, en nuestro Informe Anual de 2011 respecto de las indemnizaciones exigidas en juicios civiles por las víctimas y familiares de las víctimas de la dictadura cívico-militar, planteamos que tanto la acción penal como la civil en este tipo de crímenes son imprescriptibles y que por tanto el Consejo de Defensa del Estado debía unificar su jurisprudencia en el sentido de que la protección del patrimonio fiscal no debe ser jamás un impedimento para obtener la reparación integral del daño ocasionado por el Estado y sus agentes.
Estimada Presidenta, estamos seguros que éste su gobierno, será sensible a estas reivindicaciones y compartirá con el INDH la necesidad de recoger ¡as recomendaciones que emanan de los Tratados y Pactos de Derechos Humanos que el Estado de Chile ha asumido frente a la comunidad internacional, y que su gobierno comprende que esta situación comporta una deuda no solo frente a la comunidad internacional sino también con la comunidad nacional, en tanto las graves violaciones de derechos humanos llevados a cabo durante la dictadura trascienden a las víctimas e impactan directamente en nuestra convivencia social y política, en nuestra convivencia democrática. Le saludo muy cordialmente.
LORENA FRIES MONLEON
DIRECTORA INDH
