Daniel Grimaldi *

Cuando hablamos de “memoria histórica” nos referimos a un concepto bastante controvertido tanto para las ciencias sociales como para el ámbito político. En ambos espacios resulta complejo porque lo que subyace tras de esta noción es la interrogante de cómo una sociedad “se recuerda” a sí misma y ello inevitablemente nos lleva a los conflictos de memoria. El caso del homenaje a Krassnoff es una muestra clara de aquello y nos permite avanzar algunas reflexiones acerca de la prohibición de actos de apoyo a criminales de lesa humanidad a partir de leyes de memoria.

La sociedad no posee “una” memoria colectiva, existen muchas memorias colectivas cuyo alcance está determinado por la vida de los grupos que las portan y que las reproducen, cuando el grupo deja de existir esta memoria colectiva desaparece también con él. Los conflictos de memoria son precisamente la oposición y beligerancia entre diferentes maneras de recordar social o colectivamente y que se expresan en el conflicto entre los individuos portadores de tales memorias como los militares en retiro que apoyan a Krassnoff y los familiares de las víctimas de la dictadura.

Lo que está en juego no es la distribución de un bien o un servicio, sino una manera de recordar. Por el contrario, lo que conocemos como la “memoria histórica” como señaló Maurice Halbwachs, sobrepasa a las memorias colectivas e individuales y la vida de los grupos, tiene una perspectiva amplia del tiempo y la capacidad de imponer ciertos criterios por la fuerza de la veracidad de su contenido. Sin embargo a nuestro juicio, no es sinónimo de historia, es más bien una forma de recordar el pasado a la luz de un contexto presente. En el caso de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet la historia es clara y no hay lugar a equívocos, podemos invocarla con certeza para señalar a las más de 3 mil víctimas que dejó la barbarie militar y es aquí donde reside su fuerza moral. La memoria histórica no es un conjunto de hechos factuales sino la organización de ellos con el fin de reivindicar a las víctimas.

Otros países que han vivido episodios terribles de violaciones a los derechos humanos han puesto en práctica dispositivos legales bajo la forma de “leyes de memoria” que prohíben símbolos, prácticas y organizaciones que se fundan en la apología de la violación de los derechos humanos y que a la vez establecen mecanismos de divulgación de los hechos históricos en pos de una “memoria democrática”. Destaca Alemania como caso emblemático y drástico con su prohibición de cualquier expresión de apoyo o de reivindicación del nazismo, al punto de impedir burlarse del Holocausto o incluso dar el nombre del fürer a los hijos. España en el 2007 aprobó una “ley de memoria histórica” en respuesta a la demanda de las asociaciones de familiares de víctimas de franquismo creando ciertos derechos de naturaleza simbólica para los descendientes de republicanos, prohíbe todas las manifestaciones de apoyo al franquismo y establece el retiro de todos los símbolos y monumentos en su honor entre otras medidas. Argentina en el 2011 ha igualmente prohibido todo tipo de homenajes a criminales y anteriormente Néstor Kirchner hizo quitar de las dependencias del ejército los retratos de los miembros de las juntas militares.

Con todo, la existencia de leyes de memoria o de una ley de memoria histórica no elimina el conflicto ni tampoco protege de los usos políticos que puedan hacerse de la memoria. Alemania sigue teniendo (neo) nazis que van in crescendo y si bien ya no son los judíos los amenazados, la población turca es la más discriminada en el país germano. Asimismo, son muchos los españoles que siguen cantando el Cara al Sol (himno fascista adoptado por el régimen de Franco), haciendo el paso de la oca y teniendo fotos del caudillo en sus casas, ni hablar de la discriminación hacia los latinoamericanos invocando consignas nacionalistas provenientes de la derecha más reaccionaria. Incluso, puede suceder que a propósito de la instauración de una ley de memoria pueda haber un resurgimiento de estas manifestaciones de apoyo a regímenes indeseables a propósito del conflicto de memoria.

Entonces, ¿de qué sirve una ley de memoria?, ¿valdría más una ley de reparación, que de alguna manera juega el rol de memoria? La respuesta no es en orden al grado de eficacia de tales leyes para terminar o pacificar los conflictos de memoria, ni tampoco para impedir que vuelvan a ocurrir hechos similares, la razón de su existencia no es otra cosa que de tipo moral. Las leyes de memoria son necesarias porque responden a la doctrina consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, superior a los ordenamientos jurídicos nacionales y son un instrumento de lucha política contra la negación de crímenes de lesa humanidad. Este es el bien superior. No estamos hablando de leyes reparatorias, de amnistía o reconciliación, aquí hay una voluntad explícita de condenación ideológica y política de cierto tipo de regímenes, lo que implica en algunos casos, una re-escritura de la historia con el fin de imponer la doctrina de los derechos humanos por sobre los “conflictos de memoria” de ciertos grupos.

Todos los sectores políticos chilenos, en distintos momentos, énfasis y grados de sinceridad, han condenado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Pinochet. Hoy ese rechazo puede perfectamente materializarse en una ley de memoria. Ha llegado la hora para que quienes apoyaron a Pinochet y luego reconocieron los abusos durante su gobierno sellen su compromiso con los derechos humanos y adhieran a la cultura política que rechaza tales actos.

En consecuencia, prohibir actos públicos en favor de criminales de lesa humanidad, renombrar calles alusivas al régimen militar, quitar los retratos de Pinochet de edificios públicos, sobre todo del ejército y prohibir cualquier tipo de monumento u homenaje a lo que represente el régimen más genocida de nuestra historia independiente, es hoy una necesidad. Si contamos con un Museo de la Memoria que fomenta los valores propios de los derechos humanos, podemos perfectamente establecer una ley de memoria histórica para decidir democráticamente la manera en que queremos recordar nuestro pasado y pensarnos desde allí como sociedad en el presente.

publicado en http://www.elmostrador.cl
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*Politólogo. Investigador asociado a la Fundación Chile 21