Este martes 24 de agosto a las 12:00 horas se realizó el conversatorio virtual sobre Represión estatal y defensa de los derechos humanos durante el Estallido Social ocurrido en Chile en octubre de 2019. El evento contó con la participación de Ana Piquer de Amnistía Internacional Chile y Lay-Len Wong de la Corporación Colectiva Justicia en Derechos Humanos. El evento fue organizado por la Corporación por la Paz Villa Grimaldi, en conjunto a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) Chile, el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura Política, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Valparaíso, y el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS). A continuación destacamos los puntos más relevantes del conversatorio:
Ana Piquer: «En todas las manifestaciones ha habido uso excesivo de la fuerza. Este patrón lo seguimos viendo, pero lo vemos a menor escala porque hay menos manifestaciones»
Ana Piquer Romo, activista, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Nueva York y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile desde 2011, expuso los resultados del informe Ojos sobre Chile, publicado en octubre de 2020 por Amnistía Internacional, un año después del Estallido Social.
Con entrevistas a personas de la sociedad civil, autoridades estatales, testimonios de víctimas, acceso a carpetas investigativas, información oficial del Ministerio del Interior y solicitudes de transparencia a Carabineros de Chile, el informe, en palabras de Piquer, se basa en cuatro ejes principales relativos a la vulneración de derechos humanos de quienes ejercen su derecho a manifestarse.
- Se pudo identificar un patrón de conducta por parte de Carabineros de Chile que muestra una intención de dañar a las personas que se manifiestan. No se trata solamente de controlar el orden público, sino de causar un daño a las personas que se están manifestando, y no solo a personas que están cometiendo hechos de violencia, estamos hablando de personas que se están manifestando de forma pacífica.
- Hubo violaciones generalizadas al derecho de la integridad personal que se dieron en todo el país.
- Hay antecedentes más que suficientes para concluir que hubo una responsabilidad de mando. Estos no son hechos aislados, por lo cual no solo debe llevarse a la justicia a los autores materiales. Además, son hechos generalizados donde los altos mandos tenían conocimiento, pero no tomaron acciones efectivas para impedir que esto no siguiera sucediendo. Esto genera una responsabilidad de mando que debe ser investigada penalmente.
- Hay un contexto que viene desde las autoridades de gobierno para quienes “las violaciones a los derechos humanos en el contexto de una manifestación son una suerte de mal necesario, que es un precio que hay que pagar para mantener el orden público, y eso es inaceptable”.
En palabras de Piquer, el Estallido Social de octubre de 2019 es «La mayor crisis de derechos humanos que ha vivido Chile desde la dictadura», y por ello, desde Amnistía Internacional Chile incluyeron una serie de recomendaciones en su informe, que hasta la fecha no han sido consideradas por el gobierno de Sebastián Piñera.
Recomendaciones informe Ojos sobre Chile:
- Tomar medidas necesarias para detener la represión y el uso de munición o métodos de represión que son lesivas para las personas que se manifiestan.
- Reconocimiento, reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas.
- Necesidad de investigar la responsabilidad de mando incluyendo el más alto nivel.
- Revisar y reformular la forma en que Carabineros hace las investigaciones internas y sumarios. No están siendo efectivas ya que buscan exculpar a las personas mas que esclarecer la verdad en lo ocurrido. Esto afecta la investigación de Fiscalía.
- Comenzar a hablar de una nueva policía para Chile.
“La estructura militarizada, con autonomía excesiva, absoluta falta de transparencia y rendición de cuentas con la que trabaja Carabineros de Chile es parte del problema. Necesitamos una policía que tenga los derechos humanos como parte integral de sus operaciones, no solo a nivel de formación y protocolo, sino en la formación y evaluación de operaciones, de desempeño, que se considere para los ascensos. Rendición de cuentas clara para el gobierno, las autoridades civiles y la ciudadanía. Estándares básicos de transparencia.”
Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Conversatorio represión estatal y defensa de los derechos humanos durante el Estallido Social, 2021.
Como conclusión, Piquer plantea que, si no ha habido violaciones masivas a los derechos humanos desde el Estallido Social a la fecha, es porque debido al contexto de pandemia por Covid-19 las manifestaciones y protestas sociales han disminuido considerablemente. Sin embargo, en todas las manifestaciones ha habido uso excesivo de la fuerza. “Este patrón lo seguimos viendo, pero lo vemos a menor escala porque hay menos manifestaciones”.
Piquer concluye con la reflexión respecto a la memoria como primer paso para asegurarnos que realmente tengamos garantías de no repetición en todos los niveles de nuestra legislación, nuestra constitución y las instituciones del Estado. Exigir que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Ahora sí, nunca más.
Lay-Len Wong: «La criminalización generalizada de la protesta social es una de las herencias derivadas de la dictadura cívico militar»
Lay-Len Wong Parra, abogada de la Universidad de Concepción, trabajadora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Corporación Colectiva Justicia en Derechos Humanos, expuso acerca de la responsabilidad de los altos cargos del Estado y de las instituciones de orden público.
Wong se centró en el concepto de “cultura de impunidad”. En el contexto del Estallido Social en Chile, la cultura de impunidad tiene que ver con que, cuando tenemos en los escenarios de poder cómplices civiles y militares de la dictadura tomando decisiones, a cargo de imponer el orden publico en estado de excepción constitucional, es evidente que no va a haber un respeto o un estándar de cumplimiento sobre derechos humanos.
La “criminalización generalizada de la protesta social es una de las herencias derivadas de la dictadura cívico militar” indica Wong. En la medida que no se siga el nexo entre los agentes del Estado, entre los agentes represores que finalmente cometen las violaciones a los derechos humanos en particular, pero que también responden a una cadena de mando, a una cadena de instrucción de no respeto a los derechos humanos, de no conocimiento, donde estos se relativizan en pos de preferir el orden publico, estamos hablando de un Estado que fomenta la impunidad y de un Estado violador de los derechos humanos.
Puedes revisar y compartir el conversatorio completo aquí o en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y Youtube.
