La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, se suma a la indignación que han provocado los beneficios intrapenitenciarios que gozan los ex carabineros José Fuentes Castro y Guillermo González Betancourt, condenados a cadena perpetua por uno de los crímenes más brutales cometidos durante la dictadura cívico-militar: el secuestro, tortura y asesinato posterior de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.
El asesinato atroz de estos tres profesionales de izquierda, fue un crimen de lesa humanidad cometido por agentes del Estado e integrantes de una asociación ilícita que operó con todos los agravantes que contempla la legislación vigente. Por consiguiente resulta sorprendente la liviandad con la cual Gendarmería les otorgó beneficios de salida dominical primero y luego de salida diaria, ponderando exclusivamente la supuesta “buena conducta” de ambos reos –lo que se ha puesto en entredicho-, y no la naturaleza del crimen en el cual participaron; el agravio que esto significa a las familias de las víctimas; y la sensación de burla a la justicia e impunidad que siembra en la opinión pública.
Más sorprendente resulta el extremo sigilo con que se entregaron los beneficios y el hecho que los familiares de las víctimas y la opinión pública se enteraran por una denuncia de prensa, meses después de iniciadas las salidas del penal.
Sin duda lo sucedido amerita que los reglamentos de Gendarmería sean reformulados, de manera de evitar que perpetradores de violaciones a derechos humanos gocen de beneficios de salidas diarias o dominicales, que no se condicen con sus condenas a cadena perpetua y la gravedad de sus delitos. Chile está al debe en varias materias relacionadas con las normas internacionales sobre derechos humanos, y la situación creada al entregar beneficios carcelarios a condenados por crímenes atroces es una de ellas.
Manifestación de familiares y amigos de Guerrero, Parada y Nattino, protestando por el nombramiento como director de Gendarmería, en abril de 2010, del general (r) Iván Andrusco, miembro de la DICOMCAR, el organismo que perpetró los crimenes y que fue catalogada por la Corte Suprema de Justicia como una «asociación ilícita». Estas protestas determinaron la renuncia al cargo del ex uniformado (Fotografías de LFArellano )
