A pocos días de conmemorarse la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por parte de la Asamblea de Naciones Unidas y como un aporte a esta significativa efeméride, Villa Grimaldi en conjunto con el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura Política, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Valparaíso y la Fundación Friedrich Ebert Chile, lanzarán el volúmen «Lugares de memoria y sitios de conciencia: Construyendo patrimonio y memoria para la acción en derechos humanos».
Para conocer parte de su contenido y una apreciación del contexto en que se promueve este libro, entrevistamos a uno de sus editores, el antropólogo Daniel Rebolledo, coordinador del Área Museo de Villa Grimaldi.
- En Palabras generales: ¿De qué trata este libro y cómo y por qué nace la idea de desarrollar este proyecto?
El libro forma parte de una colección que anualmente publica el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura Política, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Valparaíso. Considerando los veinticinco años que cumplió el Parque por la Paz Villa Grimaldi desde su apertura, nos pareció interesante proponerles reflexionar en conjunto sobre los lugares de memoria y sitios de conciencia en perspectiva pasado-presente, iniciativa a la cual se sumó la Fundación Friedrich Ebert Chile.
El resultado es muy interesante ya que los diferentes artículos reflejan los años de la sociedad civil recuperando y gestionando estos espacios, primero en el complejo contexto de comienzos de la transición a la democracia, y actualmente en medio de nuevas vulneraciones a los derechos humanos, en un país carente de políticas de memoria y garantías efectivas de no repetición. Además, participaron autores presentando experiencias en el extranjero, lo cual enriquece la reflexión otorgando nuevas formas de abordaje sobre la proyección de estos espacios en las comunidades y territorios donde se emplazan.
- ¿De qué manera aporta este libro a crear conciencia sobre la relevancia de los lugares de memoria y sitios de conciencia?
El libro busca mostrar el largo proceso de patrimonialización, memorialización y significación de estos lugares de memoria y sitios de conciencia, en donde destaca el papel de los sobrevivientes, familiares de víctimas y de la sociedad civil movilizada. No es el Estado el que comienza este proceso. Son las mismas personas que a través de la memoria no solo buscan conmemorar y recordar a las víctimas, sino que prontamente enarbolan la consigna del “Nunca Más”.
Estos espacios son un diario recordatorio a todas y todos de que los hechos que aquí ocurrieron no se deben volver a repetir. La activación de estos espacios ha permitido promover una cultura por los derechos humanos y de valoración a la democracia como un mínimo ético civilizatorio.
Como editoras y editores de este libro, creemos que en el contexto país que vivimos actualmente se hace cada vez más necesario reflexionar sobre la relevancia de estos espacios y aportar a la materialización de políticas de memoria como lo han hecho otros países. A cincuenta años del Golpe de Estado parece una deuda que debiese ser saldada.
- ¿Piensas que en Chile la población entiende realmente el concepto de memoria y el rescate de estos sitios en términos de patrimonio?
Es una pregunta algo compleja. La mayoría de las personas asocia el concepto de memoria con los recuerdos, con la capacidad de recordar hechos del pasado que tienen sentido para el presente.
Cuando estos recuerdos se asocian a espacios físicos o lugares, como en el caso de los sitios de memoria asociados a hechos traumáticos o crímenes, se produce una demarcación del lugar, otorgándole un sentido específico y compartido con aquellas personas que vivieron o conocieron lo que ahí ocurrió, ahí se convierte en un lugar de memoria.
Por su parte el patrimonio se puede considerar un producto del ejercicio de la memoria, que selecciona y significa elementos heredados y los constituye en patrimonio sobre el cual pueden existir diferentes visiones o valoraciones históricas. Debemos también tener en cuenta que el patrimonio es una construcción social, lo cual nos lleva una realidad compleja: sobre un mismo bien pueden converger diferentes visiones en términos de su apreciación histórica o valoración, es por ello que surgen, por ejemplo, las conceptualizaciones de patrimonio disonante y da pie a lo que hemos visto en los medios los últimos años y da pie a que algunos sectores busquen quitar el carácter de monumento nacional de algunos bienes del Complejo Forestal y Maderero de Paguipulli (COFOMAP) o de la ex Colonia Dignidad.
¿Por qué es importante que el Estado tome un rol activo en la preservación de los sitios de memoria?
Los avances en materia de políticas públicas y de resguardo de los sitios de memoria han sido bastante escasos. La principal política de resguardo y preservación para los sitios de memoria es la Ley de Monumentos Nacionales que data de 1970, y claramente en el contexto actual no es suficiente, ni siquiera reconoce los sitios de memoria como una categoría específica. La discusión para su actualización, en su momento, no consideró suficientemente la participación ciudadana y requiere la constitución de mesas técnicas interdisciplinarias con representación de los propios sitios de memoria.
También debiesen existir cambios significativos en la institucionalidad que se relaciona con estos espacios, a través de una política pública integrada y con objetivos claros, que pueda hacer efectivo un trabajo conjunto entre todos los organismos, como el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Centro Nacional de Conservación y Restauración y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En relación al resguardo, es primordial también avanzar en la Ley de Sitios de Memoria, que surgió desde las mismas organizaciones de la sociedad civil que actualmente gestionan y ponen en valor estos espacios. La propuesta que se trabajó no solo avanza en el reconocimiento y conservación, sino también incluye propuestas significativas como el derecho a la memoria, a la reparación y garantías de no repetición.
- La semana pasada la Cámara de Diputados acordó negar el financiamiento en 2023 a todas las instituciones de Memoria y Derechos Humanos: ¿Cuál es el mensaje que se esconde detrás de esta decisión y de qué manera impacta a la sociedad chilena el hecho de que el estado se niegue a otorgar recursos?
Que existan individuos de algunos sectores que se ufanen ante la opinión pública y a través de las redes sociales que dejaron sin financiamiento a instituciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos y memoria me parece preocupante y síntoma de la poca calidad de la política que se hace hoy. Es desconocer más de setenta años de discusión internacional, de acuerdos y tratados para avanzar en materia de derechos y libertades civiles, originadas luego de contextos sociohistóricos traumáticos y complejos, con alto costo humano. Debemos concebir los derechos humanos como un hito civilizatorio de amplio alcance cultural, el cual debiésemos defender independiente de la adscripción política. Afortunadamente hay que destacar la cordura y compromiso del Senado, que independiente de los colores políticos pudieron llegar a consenso y restituir los fondos.
Por su parte, la realidad de los sitios de memoria, similar a muchas instituciones en materia de memoria y derechos humanos en Chile, es que muy pocos tienen financiamiento. La mayoría de los espacios son autogestionados por colectivos, voluntarios, sobrevivientes y familiares de víctimas que constantemente realizan actividades para juntar recursos y costear algo tan básico como las cuentas de agua o electricidad. Educar en derechos humanos debiera ser una labor del Estado y no descansar exclusivamente en la disposición o voluntad de la sociedad civil.
- Para finalizar: ¿Cómo repercute que el Estado no tenga políticas públicas de memoria?
Mencionaré dos ejemplos concretos, de muchos posibles: el negacionismo y los movimientos de algunos sectores políticos para la desafectación como Monumentos Nacionales en categoría de histórico de algunos sitios de memoria.
El negacionismo no solo ataca y revictimiza a los sobrevivientes y familiares de las víctimas (y a la sociedad en su conjunto), sino de que por sí es una acción profundamente antidemocrática. Al negar una verdad objetiva amparándose en un sesgo ideológico, anulas al otro. No es materia de “respeto”, “tolerancia” ni “empatía” sino de justicia, como un principio moral donde prime la verdad.
Por su parte, la búsqueda de algunos sectores de la desafectación como Monumento Nacional de algunos sitios de memoria es preocupante. En un momento fue un conjunto de bienes del COFOMAP los que estuvieron en cuestionamiento y más recientemente con Colonia Dignidad. Acá no debe situarse la discusión en términos de la apreciación histórica de estos espacios en contextos políticos diversos bajo la conceptualización de un patrimonio disonante, sino más bien, como se constituyen en un “patrimonio en derechos humanos”, en tanto testigos materiales de crímenes de lesa humanidad y posteriormente, como activadores y promotores de una cultura basada en los derechos humanos, mínimo civilizatorio y principio garante de una democracia plena, algo incuestionable.
