Fabiana Frayssinet (IPS/Río de Janeiro).- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, instaló este miércoles 16 la Comisión de la Verdad para investigar crímenes perpetrados por la última dictadura, en un intento por recuperar la memoria histórica largamente postergada por presión de los involucrados en esos delitos y sus cómplices.

Como presidenta y también como una de las víctimas de la cárcel y la tortura durante la dictadura (1964-1985), Rousseff impuso en su cargo a los siete miembros de la Comisión, que tendrá un plazo de dos años para investigar los asesinatos, desapariciones forzosas de personas, detenciones ilegales y torturas, entre otros abusos.

Si bien el grupo tiene mandato para investigar delitos perpetrados por agentes del Estado desde 1946 a 1988, cuando entró en vigor la nueva Constitución, el foco estará puesto en las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura, en particular el destino de los detenidos desaparecidos, que son 150 según datos oficiales.

«Brasil merece la verdad; las nuevas generaciones merecen la verdad, y sobre todo merecen la verdad de los hechos los que perdieron parientes y que hoy con ellos continúan muriendo cada día», dijo Rousseff, quebrada por el llanto: «Es como si dijéramos que existen hijos sin padres, padres sin tumbas, tumbas sin cuerpos. La historia no existe si no tiene voz», agregó.

Rousseff invitó a la ceremonia de constituión de la Comisión a sus predecesores en el cargo en lo que llamó «28 benditos años de régimen democrático»: Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Fernando Collor (1990-1992) y José Sarney (1985-1990).

El otro exmandatario de ese periodo falleció en 2011. Se trata de Itamar Franco (1992-1995), quien completó el mandato de Collor tras su renuncia cuando el parlamento se aprestaba a iniciarle juicio político por corrupción.

Con esa participación plural, la presidenta brasileña quiso expresar que la Comisión no es un acto de un gobierno sino del mismo Estado. «Verdad en la tradición griega quiere decir exactamente lo contrario de la palabra olvido… no abriga resentimiento ni perdón; es memoria e historia», puntualizó.

La comisión molesta

La Comisión de la Verdad, cuya creación fue votada hace seis meses por el Congreso legislativo, es una añeja demanda de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas del régimen dictatorial.

Pero la presión de sectores de las Fuerzas Armadas consiguió no solo postergar su conformación sino quitarle poderes. Tampoco se ha podido juzgar a ningún responsable de estos crímenes contra la humanidad debido a la Ley de Amnistía aprobada por la dictadura en 1979 y confirmada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal.

Aunque con limitación en sus potestades, solo el análisis de su creación causó sucesivas crisis entre los gobiernos elegidos democráticamente y las Fuerzas Armadas, especialmente desde la llegada al gobierno del izquierdista PT, de la mano de Lula.

En una alusión a esas voces contrarias, Rousseff argumentó que la «ignorancia sobre la historia no pacifica sino que, por el contrario, mantiene latentes las heridas» y que «la desinformación no ayuda a pacificar sino que incentiva la intolerancia».

«No nos mueve el revanchismo, el odio o el deseo de reescribir la historia, sino una necesidad imperiosa de conocer la verdad sin camuflaje, sin vetos», dijo la mandataria. Destacó que los miembros de la Comisión se escogieron, «no por criterios personales ni evaluaciones subjetivas», sino por su sabiduría y el compromiso con la democracia y la justicia».

La Comisión, que según Rousseff trabajará «con libertad total y sin interferencias del gobierno pero con todo el apoyo que necesite», está conformada por José Carlos Dias, exministro de Justicia, Gilson Diap, ministro del Superior Tribunal de Justicia, Cláudio Fonteles, exprocurador general, el diplomático Paulo Sérgio Pinheiro, la psicoanalista Maria Rita Kehl, la abogada Rosa Maria Cardoso y el jurista José Cavalcante Filho.

A pesar de tener un mandato específico de investigación, el jurista Dalmo Dallari, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, interpreta que el trabajo del flamante cuerpo puede tener un alcance jurídico.

«Como la mayoría de sus miembros tienen formación jurídica, buscarán hacer un encuadramiento jurídico de responsabilidades», dijo a IPS el también profesor emérito de la Universidad de São Paulo.

Esto permitiría hacer intervenir al Ministerio Público y al Poder Judicial. Por ejemplo en casos de tortura o desaparición de personas, por tratarse de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto sin prescripción. «Creo que existe la posibilidad de penalización», indicó.

Pero otros son escépticos respecto de ese y otros puntos. La vicepresidenta del Grupo Tortura Nunca Más, Cecilia Coimbra, señaló a IPS que la Comisión es una «puesta en escena» y, aunque espera que pueda avanzar más allá de lo previsto por la ley, teme que sus integrantes queden «enyesados» por ella.

Coimbra consideró que el hecho de que sus miembros sean escogidos por el gobierno implica una «falta de independencia peligrosa».

También cuestionó el secreto a la que está obligada la Comisión y reclamó la apertura de los archivos de la época que siguen en manos de represores y sus herederos de modo ilegal.

Los conocidos crímenes ocultos

Entre los asuntos más sensibles que tendrá a su cargo la Comisión está el destino de los cuerpos de los desaparecidos.

El excomisario de la dictadura Cláudio Guerra narra en su libro «Memorias de una guerra sucia», publicado en mayo, que un ingenio de caña de azúcar del estado de Río de Janeiro fue usado para incinerar cuerpos de detenidos asesinados.

«El derecho a la verdad es tan importante como el derecho de las familias a sepultar a sus seres queridos», señaló Rousseff al respecto.

Otro debate es sobre si la investigación debe limitarse a los crímenes cometidos por agentes del Estado, como defiende la mayoría de los integrantes de la Comisión y el expresidente Cardoso. Algunos militares consideran que también deben incluirse los abusos de los militantes de izquierda y hubo quien dijo que hasta la propia Rousseff debería ser contemplada en esa pesquisa.

«Es fundamental que se afirme que los abusos cometidos por los ciudadanos que lucharon contra la dictadura militar no justifican los actos de violencia perpetrados por los agentes del Estado», sostuvo Dias.

Para Coimbra, quien sufrió cárcel y abusos entre agosto y noviembre de 1970, «no hay ni que discutir» sobre quiénes deben ser investigados.

«Nosotros ya fuimos juzgados, secuestrados, detenidos ilegalmente, torturados. Todos de alguna forma ya fuimos investigados», enfatizó al recordar que su prisión preventiva fue decretada después de ser detenida ilegalmente y de ser torturada durante un mes.

A su vez, Dallari propone que sean también investigados los grandes empresarios que, por ejemplo, apoyaron la represión y aportaron «fondos inclusive para comprar materiales de tortura». «Aunque no ocuparon cargos públicos, deben ser identificados y responsabilizados», sostuvo.

Brasil solo se atrevió a hablar de su pasado tres décadas después del fin de la dictadura, a diferencia de sus vecinos latinoamericanos que inclusive enjuiciaron y condenaron a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, como Argentina y Uruguay.

Pero para Dias, la instalación de la Comisión representa, aun así,»un paso relevante para la consolidación de la democracia».

Un paso para finalmente «dar vuelta la página dolorosa de nuestra historia», apuntó.