El Gobierno accedió a extender beneficio reparatorio de una “ley corta” a ex víctimas de la prisión política y la tortura que también fueron exonerados, y a las viudas de ex prisioneros fallecidos.
Higinio Espergue
Higinio Espergue dirigente de la Coordinación de ex Presos Políticos de Chile, informó que se logró un avance en las tratativas que llevan a cabo con el Gobierno, durante las negociaciones presididas por la Ministra (S) de la Secretaria General de la Presidencia, Patricia Silva.
Espergue indicó que el Ejecutivo accedió a incorporar a las víctimas calificadas por la Comisión Valech que reciben la pensión de exonerados.
La llamada “ley corta” consiste en un bono inmediato, por una única vez, de un millón de pesos. Aseguró que anteriormente el Ejecutivo se había negado a incluir a las viudas y a los exonerados. Ahora el aporte reparatorio será para todos los calificados Valech de las leyes 19.992 y 20.405. Las viudas serán beneficiarias de un 60 % del aporte referido anteriormente. Este será pagadero a partir de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia del proyecto de ley corta.
Sin embargo, el aumento de la pensión mensual continúa pendiente y los ex prisioneros llamaron al gobierno a cumplir los “Acuerdos de Rancagua” del 24 de mayo pasado, que pusieron fin a una huelga de hambre de más de 40 días y que se replicó en varias ciudades del país.
Espergue relató que al término de los ayunos realizados en numerosas ciudades de Chile, se realizaron tres reuniones de una comisión presidida por el obispo católico Alejandro Goic. “Se mostró buena disposición. Hablaron el garante de Naciones Unidas y Lorena Fries, Presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes dieron el marco de referencia para que el gobierno cumpla”.
Sin embargo, agregó que “cuando llegamos a conversar el beneficio de reparación, el gobierno comienza a dilatar, a no responder. Formando una comisión del Ministerio de Hacienda para ver la factibilidad del aumento de las pensiones. Entonces se van transgrediendo los acuerdos que firmamos. No se puede hacer una burla de la demanda de los ex presos políticos que son más de 28 mil”.
“Yo estuve prisionero a los 20 años. Estuve en Villa Grimaldi, ex centro de tortura y exterminio durante la dictadura, lugar donde también estuvo la Presidenta Michelle Bachelet con su madre Angela Jeria. Era un centro de exterminio, de terror. Sobrevivimos, otros desaparecieron”, recordó.
“Al Gobierno queremos decirle que cumpla los compromisos, los tratados internacionales y la palabra empeñada. Eso le pedimos a la Presidenta Bachelet”, indicó.
“Esos tratados dicen que el Estado tiene el deber y la responsabilidad de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y Chile los ha asumido en forma muy parcial e insuficiente. Uno de los puntos es que la reparación tiene que ser acorde al daño causado, expresó Espergue, quien es además director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
“En otros países se reparó como en Argentina. Eso es fácil, se calcula el sueldo de un empleado fiscal base, a la fecha actual y se hacen los cálculos”, precisó.
David Quintana
Por su parte, David Quintana, presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos de la V Región señaló que “llevamos 26 años en democracia y aun no ha habido ninguna reparación justa y satisfactoria”.
“La Comisión Valech de la época propuso, en la época, que la pensión debía ser de 300 mil pesos y el señor (Ricardo) Lagos nos dio 112 mil pesos”, expresó.
Al fondo, Patricia Silva, ministra (S) de la Secretaría General de la Presidencia
