Expertos aseguraron que vulneraría el derecho de los jóvenes. Lorena Fries dijo que la medida podría restringir las protestas pacíficas y no que no están contentos como avanza el proyecto y que desearía que no continuara.
Luego de que el miércoles la Comisión de Constitución del Senado aprobó el control preventivo de identidad, una de las medidas del proyecto de ley agenda corta antidelincuencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) criticó la norma y aseguró que reproduce “las discriminaciones y estigmatizaciones que ya existen en la sociedad chilena”.
Junto con esta postura, la Unicef cuestionó la aplicación de este control a los menores de 14 a 18 años, los que podrían ser llevados a una comisaría de carabineros y permanecer ahí por un máximo de una hora en el caso que al momento de ser fiscalizados no porten cédula de identidad, el pasaporte, licencia de conducir o la tarjeta estudiantil.
Posturas
Al respecto, Anuar Quesille, oficial de protección de Unicef Chile, señaló que se podría generar un vació importante en su puesta en marcha. “Los menores de edad no tienen la obligación de portar carnet de identidad y en el caso de la licencia de conducir, está restringido solamente a aquellos adolescentes que tienen 17 o 18 años. Además, no todos los adolescentes tienen un pasaporte por las condiciones socioeconómicas y, por último, no todos poseen tarjeta estudiantil porque no son alumnos regulares de recintos educacionales”, dijo.
El experto también manifestó que “estos vacíos podría generar casos de vulneración de derechos”.
Por otro lado, Lorena Fries, directora del INDH, manifestó que “la distinción que se hace a los menores sigue siendo problemática porque no todos tienen acceso a la tarjeta estudiantil, por lo tanto estamos dejando fuera segmentos de jóvenes”. Fries precisó que no están contentos como va avanzando el proyecto y que desearía que no continuara.
Señaló que “estas medidas son efectistas y no logran resolver el tema de fondo que es la inseguridad que sentimos los ciudadanos”.
Respecto a esta norma, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, manifestó que “cualquier medida que contemple acciones de detención preventiva, en especial a inimputables (menores de 14), incluso con un fundamento concreto como puede ser la acción en un ilícito en que opera la flagrancia, puede constituir una grave vulneración según lo establece el artículo 37 de la Convención de los derechos de los Niños”.
Un tema que también tocó la Unicef y el INDH fue el efecto que podría tener el control preventivo durante las marchas estudiantiles.
Quesille señaló que esta norma no está pensada en restringir los derechos individuales y políticos que tienen los jóvenes que marchan, pero que “bajo estos vacíos que nosotros hemos identificado y los flancos que quedan abiertos, se pueden generar mecanismos que podrían desincentivar el ejercicio a los derechos como la libertad de expresión”.
Por otro lado, Fries comentó que no cree “que este proyecto esté destinado a desarticular el movimiento estudiantil, pero si creo que esta medida puede tener consecuencias en el derecho a manifestarse pacíficamente (…) No hay obligaciones de portar carnet de identidad en menores y no todos llevan tarjeta estudiantil. Esto significa que vamos a tener quizás previa a las manifestaciones, a gente que no podrá engrosar la filas de las marchas, una cuestión que ya hemos visto”.
Fuente: Myriam Navarrete, La Tercera.
Columna de opinión: Control de Identidad
Por Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
FOTO: SEBASTIAN RODRIGUEZ/AGENCIAUNO
En los últimos días hemos visto sumarse nuevas críticas al denominado “control de identidad preventivo”, norma que forma parte del proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas para los delitos de robo, hurto y receptación, más conocida como “agenda corta” de seguridad ciudadana.
Es el caso de destacados abogados penalistas y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que han planteado sus reparos hacia el citado mecanismo por su afectación a los derechos fundamentales de las personas y, más aún, han cuestionado la pertinencia de una agenda corta para enfrentar un problema tan complejo como la delincuencia, además de poner el acento en que dicha tendencia solo profundiza el problema de fondo, cual es la desigualdad.
Se trata de opiniones reputadas, que se agregan a lo que ya han dicho sobre la materia la Corte Suprema, la Policía de Investigaciones y representantes de la Organización Naciones Unidas, sumándose a los argumentos que desde un comienzo levantara el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Una demostración palmaria de que la materia ha sido asumida con propósitos más bien populistas que rigurosos, está dada por el hecho de que originalmente se pretendía reforzar la figura del control de identidad radicada en el Código Procesal Penal a efectos de perfeccionar la investigación y sanción de delitos, fundada esta pretensión, livianamente a nuestro juicio, en la persecución de personas con órdenes de detención pendientes. En el curso de su tramitación, se agregó una nueva figura de control preventivo, que amplía discrecionalmente las ya suficientes atribuciones de la policía, pero esta vez orientada al control del orden público. El INDH ha llamado la atención con frecuencia acerca del uso de las actuales atribuciones de la policía en este ámbito en detrimento del derecho de manifestación.
Resultan preocupantes, entonces, las recientes declaraciones de una alta autoridad de gobierno asimilando esta criticada figura con la exhibición del documento de identidad de un consumidor que canjea puntos en un supermercado, pues dan cuenta de la incomprensión respecto de los efectos que normas como las propuestas tendrán en el ejercicio de los derechos de los habitantes de la República.
Tal como señalan los destacados juristas citados al inicio, estas nuevas facultades no solo son inconvenientes y riesgosas, sino que son también innecesarias. Con los mecanismos actualmente disponibles, Carabineros realizó más de dos millones de controles de similar naturaleza durante el año pasado. Ello conduce necesariamente a la conclusión de que lo que debiera discutirse con urgencia no son nuevas atribuciones policiales sino la eficiencia y eficacia con que se utilizan las que actualmente disponen.
La seguridad de los ciudadanos es un derecho fundamental y es exigible que el Estado nos proteja de la delincuencia, pero ello no puede hacerse afectando gravemente otros derechos y libertades. Tampoco es sostenible que siga sin atenderse la causa de fondo que en Chile y otros países está en la base del problema, cual es el evidente agravamiento de nuestra desigualdad.
Fuente: Indh, escrito el 26 enero de 2016.
