Por Daniel Rebolledo Hernández
Coordinador Área Museo
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Desde hace algunos años se ha hecho más frecuente escuchar el término “zonas de sacrificio” para caracterizar a territorios que han sido altamente vulnerados en el derecho humano a vivir en un medioambiente sano debido a la contaminación provocada por el hombre, que afecta la salud y la calidad de vida de la población.
En Chile, el caso más emblemático se sitúa en las localidades de Quintero, Las Ventanas, Horcón y Puchuncaví ubicadas en la Región de Valparaíso, las cuales presentan una alta contaminación atmosférica, del agua y la tierra. Los orígenes de este conflicto socioambiental se encuentran en un proceso de industrialización sin precedentes que comenzó a mediados de los años sesenta y que en la actualidad se refleja en la instalación de alrededor de quince empresas, entre ellas, cuatro centrales termoeléctricas a carbón, una refinería y fundición de cobre, áreas de almacenamiento y preparación de subproductos de combustibles fósiles, distribución de gas y otras dedicadas a la importación y distribución de productos químicos.
Lo que en un momento se presentó como una posibilidad de progreso para las comunas, con el tiempo mostró su verdadero efecto: un desarrollo económico local menor con beneficios para pocos en base a un costo humano desolador marcado por contaminación, pobreza y muerte.
Tempranamente agricultores y ganaderos vieron con impotencia el cambio del paisaje, y cómo sus tierras fértiles dejaron de producir y sus animales murieron. Los pescadores artesanales, por su parte, evidenciaron cambios en el ecosistema marino y la afectación de los productos del mar los cuales están contaminados y solo se consumen localmente, ya que existe una prohibición para su comercialización fuera de la zona por la cantidad de minerales pesados que contienen. Con el tiempo, y los efectos acumulativos de estar expuestos a esta realidad, las personas comenzaron a enfermar, presentándose en la actualidad una alta incidencia de cáncer hepático, pulmonar y de piel, nacimientos con malformaciones congénitas, problemas cognitivos y de aprendizaje en niños, sin contar con los episodios frecuentes de intoxicación, muchos de ellos bastante mediáticos, pero rápidamente olvidados.
Lo anterior contrasta con un próspero turismo receptivo, principalmente estival, donde los visitantes sin mayor resguardo llegan a la zona, desconociendo en gran medida la realidad de quienes habitan los territorios y sus miedos. Los turistas consumen productos marinos contaminados y sus hijos juegan en la playa, que varias veces al mes se cubren de carbón y otros elementos químicos provenientes de los procesos de producción de las empresas. La naturalización de esta realidad provoca que hasta se reconozca una “playa de aguas cálidas” que no es más que el agua de retorno del proceso de enfriamiento industrial que es lanzada de nuevo al mar.
Sin embargo, nunca es tarde para hacer algo. Concebir como un derecho humano vivir en un medioambiente sano es esencial y con ello debemos avanzar en el ejercicio de una ciudadanía crítica y comprometida que pueda reconocer que el daño medioambiental en varias ocasiones es irreversible y depende tanto de cambios en las conductas individuales como en la necesidad de levantar discusiones públicas que permitan avanzar en políticas sustentables y responsables a largo plazo con el medioambiente, comprometiéndonos con el legado que dejaremos a las nuevas generaciones.
En un país marcado por la desigualdad no podemos seguir perpetuando la existencia de ciudadanos de primera y segunda clase, donde estos últimos deban sacrificarse en territorios que se convierten en la “trastienda” del desarrollo económico de un neoliberalismo extractivista. En un contexto donde los logros se miden por el éxito o el impacto económico, deberíamos trabajar la empatía y la posibilidad de ponernos en el lugar del otro superando su plano emotivo y compresivo, enfocándose en la acción y en la posibilidad de incidir en cambios políticos, económicos y sociales efectivos que permitan superar la injusticia social, lo cual en el actual proceso constituyente parece alentador.
En este sentido, es indudable que como país se debe avanzar en fortalecer y consolidar una democracia que tenga como base una política sostenible en lo económico y en lo medioambiental. En este contexto, el Estado tiene una gran deuda en poder cumplir su rol garante del derecho humano al medioambiente, mediante una eficiente y eficaz institucionalidad y legislación ambiental, incluyendo el necesario y esencial papel fiscalizador y de protección hacia las personas y sus comunidades.
