Para Reparar lo Irreparable: El Caso Robotham-Thauby y el derecho a justicia plena

Maxine Lowy

“Caballito blanco llévame de aquí…” cantaba y jugaba Mariana, competiendo para ser el foco de la atención mientras conversaba su padre con una visita. A sus cuatro años, Mariana ya es mayor de la edad que tenía su padre Yury Thauby la última vez que vio a su propio padre. El abuelo que Mariana solo conocerá por medio de fotos y los relatos de otros – Claudio Thauby – le fue arrebatada por los efectivos de la DINA el 31 de diciembre del 1974 cuando caminaba con su amigo Jaime Robotham, detenido junto con él.

Yuri Thauby observa con ternura su pequeña y vivaz hija y comenta, “Todos los hombres aprendemos a ser padre mirando al nuestro. Yo no tuve eso y me siento penalizado. Tengo que aprender a ser padre cada día. No tengo un padrón o modelo interno de cómo ser padre porque se me quitaron el mío.”

El sufrimiento que significó esa carencia fue reconocido por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís cuando, en diciembre del 2008 dictó sentencias carcelarias para siete jerarcas de la DINA y reparación económica para las familias Thauby y Robotham. En su fallo de primera instancia, el Ministro Solís señaló “el inmenso daño moral que ha provocado a estas familias al someterlos al dolor, al sufrimiento y a la angustia por la pérdida de su hermano, un padre, una pareja.”

En junio del 2010 la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación de los demandantes en todas sus partes y ordenó al Fisco a pagar daños reparatorios.

Pero el 23 de junio 2011 la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema empleó el concepto de media prescripción, considerado por tratados internacionales inadmisible en procesos por violaciones a los derechos humanos, para rebajar las penas de todos los militares a cinco años de prisión. Además, les concedió libertad vigilada. No obstante, ninguno saldrá libre, dado que han sido condenados en múltiples otros juicios por violaciones a los derechos humanos. En lo civil, la Corte Suprema acogió las demandas de los familiares, y ordenó al Fisco pagar 50 millones de pesos a los demandantes.

Los casos por las violaciones a los derechos humanos – ejecuciones sumarias, secuestros agraviados, abusos e indignidades infligidos por el Estado a ciudadanos chilenos – pasan por el reconocimiento oficial de la verdad de los hechos, la justicia y, rara veces, por la reparación.

En este caso, la verdad fue establecida por diecisiete sobrevivientes de Villa Grimaldi quienes declararon en Chile y en los consulados de distintos países haber visto a Jaime Robotham y Claudio Thauby gravemente heridos en ese recinto secreto de detención y exterminio que formó el cuartel de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA en esos primeros años de dictadura. Fue también un ex preso, dejado en libertad, quien acudió a la casa de la familia Robotham para informarles por primera vez que Jaime estaba detenido en Villa Grimaldi.

Fabiola Letelier, abogada por las dos familias desde 2000 cuando el Ministro Solís fue designado a la causa, afirma,” Es un proceso de una actividad jurídica procesal enorme que va mostrando la verdad, hasta completarla con un trabajo de investigación extraordinario que hace el Ministro Solís”.

Lo que durante muchos años era la verdad solo para un conjunto de testigos y los familiares de los víctimas directas fue avalado por el peso del fallo que redactó el Ministro Solís. “Después de 34 años, se ha conseguido que el Estado de Chile, a través del Poder Judicial, determine con cierta certeza que Claudio se encuentra secuestrado por organismos del mismo Estado”, escribió Solís en su fallo, y repitió la frase en relación a Jaime Robotham. Por lo tanto, los familiares presentes en la audiencia ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema por recurso de casación que se efectuó el 2 de marzo 2011, estaban atentos a cada palabra de la defensa que distorsionara esa verdad.

Cuando el abogado defensor de Pedro Espinoza Bravo alegó que su cliente estuvo de vacaciones y ni siquiera estuvo presente en Villa Grimaldi en la fecha de la detención, Jorge Robotham, hermano de la víctima, inmediatamente sacó lápiz pasta y señaló en una nota que pasó a los demás oyentes: la fecha de detención citada por el defensor es equivocada!

Luego, escucharon a la defensa de Fernando Laureani Maturana alegar que el teniente coronel era un inferior jerárquico que no tuvo otra opción que obedecer ordenes de mandos mayores.

La descripción de Laureani como mero funcionario que solo obedecía ordenes – que Yuri Thauby llama una “mentira descarada” – fue refutada por la abogada del Programa de Derechos Humanos, Magdalena Garcés. Señaló la abogada que el proceso ha acreditado que seis agentes conformaban la Brigada Vampiro, y el Informe Rettig indica que Laureani estuvo a cargo de esta agrupación represiva que efectuaba detenciones y participaba directamente en la tortura de sus cautivos.

Más aún, Laureani personalmente detuvo a Thauby, quien fue cadete de la Escuela Militar, y le propinó a Robotham una golpiza brutal a la cabeza cuando intentó eludir su detención. En Villa Grimaldi, los ex presos constataron como Laureani se ensañó con Thauby, por considerarlo traidor por abandonar la carrera militar y entrar al Partido Socialista. No quedándose satisfecho con el portafolio de técnicas rutinarias que disponían los verdugos de la DINA para causar dolor, Laureani recurrió a su creatividad sádica para someter Thauby a tratos de extrema crueldad. Posteriormente, en Febrero de 1975, Thauby y Robotham fueron sacados de Villa Grimaldi y nunca más se los volvió a ver.

A pesar de esa hoja de vida, la Sala Penal de la Corte Suprema fundamentó la rebaja de las condenas y beneficio de libertad vigilada por “irreprochable conducta anterior.”

Yury Thauby comenta, “Esos militares intachables llevaban por lo menos 2 años al momento de la detención de mi padre coludidos, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Llevan desde la creación de la DINA y en algunos casos desde antes del 11 de septiembre ya dedicados a preparar una represión de carácter de crimen de lesa humanidad fuera de cualquier marco legal”.

Los casos de Jaime Robotham y de Claudio Thauby han transitado por la maraña judicial desde la época cuando la complicidad del poder judicial tuvo como consecuencia el rechazo sistemático de los recursos de amparo, en este caso, interpuestos en enero 1975. De allí, los familiares enfrentaron el sobreseimiento de la querella cuando la Justicia Militar aplicó el decreto ley de Amnistía. Luego se reabrió el proceso en 2000, dando fruto con la sentencia condenatoria del 2008, para seguir con las apelaciones, recurso de casación hasta la palabra definitiva de la Corte Suprema.

A lo largo de esta trayectoria judicial, compartida con variantes en incontables números de casos más, los familiares experimentan un sube y baja emocional a medida que elevan sus esperanzas para obtener justicia, para luego aplastarlas por las reiteradas negativas de los tribunales.

En el caso de Jaime Robotham, en los primeros seis meses posteriores a la detención, su madre y hermanos enviaron decenas de cartas al Presidente de la Junta Militar Augusto Pinochet, a su esposa Lucia Hiriart, al Jefe de Estado Mayor General Sergio Arellano, al Ministro del Interior, a la Cruz Roja, al Vaticano y a muchos destinatarios mas pidiendo que intervinieran para liberar a Jaime. Las cartas, señala el fallo de primera instancia, muestran el sufrimiento y dolor padecido por la familia.

El entonces Ministro del Interior General Cesar Benavides contestó a la familia con el mismo refrán que miles de otros familiares recibieran: ”no se encuentra detenido por orden de autoridad administrativa.” Incluso se intentó hacerles creer que Jaime había sido muerto calcinado en El Pilar, Argentina por la siniestra orquestación de inteligencia conocida como Operación Colombo el 12 de julio de 1975.

Señala Jorge Robotham, hermano de Jaime, “Creo que lo mas desgastante en éste largo camino ha sido el tiempo desde la sentencia del Ministro Solís hasta llegar a la última audiencia con la Corte Suprema. Ahí se suman esperanzas y deseos, y mucha impotencia, de tener que someterse a la forma de proceder de la defensa de los inculpados, y las reglas del Poder Judicial.”

El derecho a reparación económica para víctimas de crímenes de lesa humanidad está plenamente reconocido en tratados internacionales como la Convención Inter Americana de Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, en Chile, la corte más alta del país es reacia de reconocer este derecho y el Consejo de Estado lo niega de manera sistemática. Por eso, resulta sorprendente que en este caso sí concede la reparación económica pero deja al lado el castigo a los culpables.

En el 1997, el abogado Nelson Caucoto presentó lo que fuera tal vez la primera demanda civil de parte de familiares de victimas de violaciones a los derechos humanos. En esa época, todavía existía la percepción de parte de muchos familiares que presentar una demanda civil equivalía a cambiar plata por sus seres queridos, o que implicaba renunciar la acción penal. Luego hubo una maduración en su pensamiento al respecto, para llegar a comprender que es un derecho innegable, y resultó en una escalada de demandas civiles. Pero de las numerosas demandas civiles que Caucoto ha presentado, la mayoría las pierde en la Corte Suprema. Esto le motivó a alegar para la reparación ante la Corte Inter Americana de Derechos Humanos y se espera su decisión pronto.

Señala Caucoto: “La reparación en Chile se ha tratado como la pariente pobre de la lucha por los derechos humanos, en circunstancias que en otros países tiene la misma altura, la misma importancia, que la sanción penal, que la verdad. Son tres patitas de la misma mesa que tienes que conjugar conjuntamente para lograr lo que se llama justicia. Si tu logras verdad, sanción penal pero no reparación, no lograste justicia. Si tu logras reparación sin verdad, sin sanción penal, tampoco hay justicia. Van emparejadas las tres partes de un mismo concepto.”

Entre la primera instancia de Solís y la segunda de la Corte de Apelaciones, a los familiares de Claudio Thauby y Jaime Robotham se les habían restaurado estos tres derechos. Sin embargo, en la opinión de Yury Thauby, “El fallo de la Corte Suprema echa por tierra eso. ¿Cual es el mensaje que se está dando al futuro del país? Considero que el país no está mentalizado en Nunca Mas”.

Agrega: “Uno ve que basta un solo testimonio para meter una persona por robo por tres años firme adentro. Estos que han cometido crímenes de lesa humanidad, con todos los agravantes dentro del derecho internacional, a base de sin numero de testimonios que lo acreditan están beneficiados con libertad vigilada”.

Jorge Robotham no aguardaba ilusiones que el final del largo proceso judicial le despejara todas las dudas que ha cargado durante más de tres décadas. “Quedan demasiadas preguntas sin respuesta. Y queda la mayor interrogante: el destino final. ¿Que pasó con Jaime y Claudio, que fueron torturados hasta perder la vida? ¿Quienes fueron sus asesinos?¿Dónde ocultaron y qué hicieron con sus cuerpos? El sistema judicial chileno deja mucho que desear.”

La abogada Fabiola Letelier, señala, “En el fallo de la Corte Suprema hay tres “Considerando” que están copiado exactamente de los planteamientos que nosotros hicimos en materia de lo civil. Los actos que dan lugar a la demanda civil están basados en los mismos actos que originen el proceso penal. Eso es bien contradictorio. Se aplican en la demanda civil pero no se aplican en el caso del proceso penal para las penas, cuando no puede haber prescripción en crímenes de lesa humanidad.