La cantidad de manifestantes arrestados, heridos y de quienes denuncian tortura a manos de funcionarios de Carabineros de Chile se incrementa día a día y con ello el número de ciudadanos y ciudadanas afectadas psicológicamente por la represión. Detrás de cada una de estas víctimas hay familias, amistades, vecinos, colegas, todo un conjunto de personas que se ve impactado y que debe procesar como pueden la paradoja de que el policía “del débil el protector” termine siendo percibido como un agresor descontrolado.
Esta paradoja, es uno de los temas más complejos de abordar en la atención psicológica a las víctimas y a sus familiares, que han debido realizar equipos de profesionales de salud mental que prestan auxilio a manifestantes agredidos. Entre estos equipos está el de profesionales voluntarios de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), quienes actúan luego de las detenciones, lesiones y vejámenes, buscando interpretar junto con las víctimas el hecho de que sea un funcionario público el causante intencional del maltrato.
En un informe entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estos profesionales constataron que muchas víctimas, aunque no sufrieron maltrato físico fueron blanco de agresiones verbales, y en el caso de niños, niñas y adolescentes, amenazados con la internación en hogares para menores vulnerables. “Otras de las situaciones más recurrentes es el temor a que les vuelva a ocurrir la situación traumática, el temor a caminar por las calles, a encontrarse con manifestaciones que puedan ser objeto de represión policial o temor a la sola presencia policial. Por su parte los familiares directos desarrollan temores culpables, de haberlos dejado solos o preocupaciones excesivas ante las rutinas diarias que obligan a la víctima a transitar por la ciudad”, señala el informe.
Los psicólogos de CODEPU concluyen que los casos documentados indican que no se trata de episodios aislados o de excesos sino que responderían a una decisión política de aplicar todo el rigor posible, incluso más allá de los marcos legales, para acallar la protesta social. Los hechos denunciados, indica la organización no gubernamental “son graves y complejos por la calidad de sus perpetradores, agentes del Estado, que actuaron en muchos casos, con la convicción que estaban, en el ejercicio del designio criminoso, cumpliendo la consigna que su mando le entregaba. Son complejos por la posibilidad cierta que las consigna de reprimir las manifestaciones entregadas por los mandos efectivamente fuera inductiva de delitos como los reseñado a guisa ejemplar. La no condena explícita y su no represión administrativo-disciplinaria enérgica así lo denotan”.
