Fuerte impacto ha causado la decisión del ministro en visita del caso Riggs, Manuel Valderrama, de alzar el embargo de 2,6 millones de dólares a la familia de Augusto Pinochet para que ésta pague los impuestos de las numerosas propiedades que posee. La abogada Carmen Hertz, querellante en el caso, cuestionó esta decisión, pues el monto comprometido formaría parte del enriquecimiento ilícito del ex dictador y de su familia.
El denominado «caso banco Riggs» estalla en 2004, a partir del descubrimiento de numerosas cuentas secretas en esa institución, abiertas por generales, coroneles y civiles del entorno del ex dictador cuyo total ascendería a más de 20 millones de dólares, de los cuales 17 no tienen origen claro.
La abogada Hertz, junto con rechazar la medida del ministro Valderrama, cuestionó enérgicamente lo que denominó veto «grotesco» ejercido por la derecha en contra del ministro Carlos Cerda, a quien se intentaría impedir su ascenso a la Corte Suprema como represalia a su labor en el caso Riggs, donde prontuarió y sometió a proceso a connotados miembros de la familia Pinochet.
Estos hechos, están induciendo la sospecha entre organismos de derechos humanos de una acción redoblada de poderes fácicos, que buscan establecer la completa impunidad en el caso, permitiéndo a la familia Pinochet sortear a la justicia y quedarse con parte significativade una fortuna mal habida.
